Enmienda estratégica a la economía de mercado
La expectación generada por la publicación del programa económico de Podemos no ha defraudado. El documento elaborado por los economistas Vicenç Navarro y Juan Torres, basamento público de lo que serán las propuestas programáticas, señala un objetivo que a buen seguro comparten todos sus competidores, puesto que se trata de “mejorar la calidad de vida”, “alcanzar el pleno empleo” y hasta “garantizar el bienestar y la felicidad de la población futura”. Las dudas están en que alcanzar tales metas entraña dificultad, y las herramientas consideradas para llegar a esa especie de tierra prometida constituyen un auténtico conjuro contra la economía de mercado y la libertad de iniciativa, y un grado de intervencionismo devenido en fracaso reiterado en el pasado. Es una auténtica enmienda estratégica a la economía de mercado, cosméticamente bien presentada, con un lenguaje a caballo entre la cibercomunicación de hoy y los dejes marxianos y socializantes de la década de los sesenta.
Podemos combina astutamente los mensajes de lo posible, con promesas tácticas que bien pudiera suscribir cualquier partido de izquierdas, incluso los que han pasado ya por la piedra del poder, como el PSOE, con los planteamientos estratégicos imposibles e incompatibles con la economía globalizada, interconectada, sin fronteras, del nuevo siglo. Combina el lanzamiento de mensajes de socialdemocracia nórdica atractivos (35 horas de jornada, jubilación a los 60 años, banca pública, cogestión empresarial, intensidad de servicios públicos, enseñanza gratuita desde cero años), con un sustrato intervencionista propio de economías socialistas y de funcionamiento autárquico (crédito universal con banca ciudadana, autoridad monetaria a las órdenes y servicio de los Gobiernos, límites salariales, renta básica universal, pensión garantizada sin cotización, ocupación de la propiedad inmobiliaria ociosa, provisión pública de todos los servicios).
Seguramente sorprendidos por el súbito respaldo desmoscópico, se han apresurado a aterrizar y suavizar los planteamientos radicales con los que irrumpieron en el mercado político en mayo pasado. De hecho, en cuestiones tan atractivas como imposibles, como la jubilación a los 60 años o la renta universal de 600 euros, ambas de financiación quimérica, han corregido el tiro hacia promesas más asequibles al razonamiento de la gente informada, aunque igualmente irrealizables presupuestariamente. Pretende sin género de dudas ocupar lentamente buena parte del territorio que hasta ahora ha sido cultivado por el PSOE, y solo parcialmente por el Partido Popular, y que están amenazados de perder por la combinación de sus propios errores y la maquinal voracidad de la crisis.
Pero más allá de estos prometedores caramelos de los Alpes utilizados como herramienta táctica para llenar la demanda de un programa electoral, y que supondrían un descomunal incremento del gasto público y del número de funcionarios, imprimirían un mecanismo de funcionamiento a la economía que dispararía sus costes y la convertiría progresiva y aceleradamente en anticompetitiva. Nada es gratis, y el salto del gasto público solo podría ser afrontado con un salto no menos triplemente mortal de la fiscalidad, no ocultado, que arruinaría las expectativas de todos los contribuyentes, personas y empresas, y que a su vez condicionaría la capacidad de emprendimiento y generación de riqueza. Subidas de salarios, de pensiones, de impuestos, solo son costes que expulsarían a empresas cada día con devastadoras consecuencias para el empleo.
Una economía teledirigida y planificada, desde la actividad bancaria y monetaria, pasando por la industrial y la provisión de servicios, destierra la libertad de empresa, el estímulo al esfuerzo y la competencia leal. Y las sustituye por la búsqueda menguante del igualitarismo tan bienintencionado como disolvente para la generación de riqueza, progreso y bienestar.
Menos mal que “lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible”, que dice la calle. España está integrada en el euro y se debe a los compromisos fiscales, bancarios, económicos y políticos que proporciona la cesión voluntaria de soberanía, que en paralelo devuelve en seguridad y estabilidad. Bien está intentar mutualizar o reestructurar la deuda, asunto en el que encontrará aliados. Pero eso depende también de otros electores y de otros foros.