El Gobierno agilizará el desahucio de inquilinos morosos

El mercado lamenta que los procesos duran todavía entre ocho y 14 meses Fomento quiere aumentar el número de viviendas en alquiler frente a la propiedad

La reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) aprobada el año pasado está siendo evaluada por el Ejecutivo para ver si está dando los frutos deseados y, según ha podido saber CincoDías, uno de los aspectos donde se ha comprobado que existe aún margen de mejora es en los procesos que se abren cuando un inquilino deja de pagar la renta a su casero. Por ese motivo, tanto el Ministerio de Fomento, como el de Economía estudian qué mejoras introducir en el procedimiento que animen a más propietarios a poner sus casas en régimen de alquiler.

La reforma aprobada ya introdujo cambios en este sentido, puesto que los arrendadores solían atribuir el escaso éxito del arrendamiento en España a lo largos que podían llegar a ser los procesos por desahucio. Así, en el nuevo texto, en vigor desde mayo de 2013, se establece que en caso de morosidad, incluso con un solo mes de impago de la renta, (el inquilino tiene 10 días de plazo para pagar desde que recibe el requerimiento de abono), se rescinde el contrato y se inicia el procedimiento de desahucio. Con ello, el desalojo podrá efectuarse a los 10 días, reduciendo los trámites y notificaciones.

Por su parte, el inquilino puede “enervar” la acción y evitar el juicio y el consiguiente desahucio si paga las rentas que debe. Esto es lo que establece la norma, pero ¿qué ocurre en la realidad? Las fuentes del sector consultadas explican que quienes no tienen ninguna intención de pagar suelen acudir a todos los mecanismos que contempla la ley actual para prolongar su estancia en la vivienda y uno de los más utilizados es el arbitraje. Además, se quejan de que la casuística suele ser muy diversa y una vez que se recurre a los tribunales de justicia, “todo depende de la provincia a la que pertenezca el caso y dentro de ella, el juzgado al que se le asigne al caso”, subraya Antonio Carroza, consejero delegado de Alquiler Seguro.

Más medios

Por este motivo, y pese a que las empresas que intermedian en este mercado admiten que se han producido avances, demandan más medios humanos y una reserva de juzgados especializados en estos asuntos para poder hacer efectiva esa agilización del desalojo. “Los procesos se prolongan todavía una media de entre ocho y 14 meses”, subraya Carroza. Y es precisamente esa tardanza en recuperar el inmueble lo que desanima hoy a muchos propietarios a poner sus viviendas en alquiler.

Fuentes del Ejecutivo admitieron ayer que el proyecto está todavía en una fase muy inicial y que las mejoras vendrán por el establecimiento de plazos más cortos y estrictos para poder desalojar a los inquilinos morosos y de medidas que hagan que esos tiempos puedan cumplirse. De la misma manera, descartaron introducir más incentivos fiscales al alquiler. El objetivo de esta nueva flexibilización del arrendamiento es fomentar el aumento de la demografía, así como promover la movilidad de los ciudadanos. Las mismas fuentes recuerdan que hay que cambiar una situación heredada, en la que la legislación condenaba a los ciudadanos a vivir donde tenían la hipoteca.

Una nueva política que movilice inversión y empleo

“España se prepara para una nueva realidad en lo que se refiere a su mercado inmobiliario”, coincidieron ayer los participantes en una jornada organizada por la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI).

Así, con todas las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo, las empresas prevén que los buenos indicadores que comienza a arrojar el mercado se consoliden en los próximos meses. Por su parte, desde la Administración defienden el nuevo Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, y la Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016.

Este programa contempla una inversión pública de 2.300 millones de euros en el periodo que, a su vez, será capaz de movilizar una inversión privada adicional de otros 1.200 millones. Fomento calcula que esta iniciativa genere unos 35.000 empleos. En este sentido se expresó el subsecretario de Fomento, Mario Garcés, quien consideró ayer que España cuenta con margen para que crezca el subsector de la rehabilitación. Esta actividad representa el 17% de la construcción en España, frente al 28% que supone de media en la UE, el 40% en Alemania o un 31% en Italia, destalló durante su intervención. Del parque de 26 millones de casas que existen en España, 15 millones tienen más de 30 años de antigüedad y, de esas, seis millones se edificaron hace más de medio siglo. A ello es preciso sumar las necesidades de accesibilidad y eficiencia energética que tienen miles de edificios. El director general de Vivienda de Fomento, Juan Van-Halen, explicó estas cifras y recordó las ayudas puestas en marcha para que tanto particulares como empresas pongan en marcha proyectos de rehabilitación y renovación urbana capaces de reinventar el sector.