A la espera de que despierte el consumo
Obviamente, las previsiones se hacen a la vista de los datos de los que se dispone, y, en función de estos, se dibujan determinados escenarios a corto y medio plazo. Si analizamos los datos macroeconómicos a día de hoy, las previsiones de tendencia realizadas por todos los organismos internacionales estiman un crecimiento átono del 0,9% del PIB para la eurozona en 2014 y de un 1,6% en 2015. Por su parte, el crecimiento de la economía mundial apunta a una cierta recuperación, subiendo seis décimas el año que viene con respecto a este (del 3,3% en 2014 al 3,9% en 2015), aunque todavía lejos de las cifras a las que estábamos acostumbrados en otras épocas.
En el caso de la economía española, los datos corroboran un cambio objetivo de tendencia, lo que ha llevado al Gobierno a elaborar unos presupuestos que incluyen una previsión de crecimiento del PIB del 1,3% para este ejercicio y de un 2% para el que viene, aderezada con una inflación que se mantiene en términos muy moderados –cerrando el ejercicio próxima al 0%– y muy alejada positivamente de la referencia del 2% deseada por el BCE para los países del área euro.
En definitiva, el cuadro macroeconómico contempla una ralentización de la economía mundial y europea con tipos de interés y precios de materias primas más reducidos, y con el euro depreciado frente al dólar, mientras que en España, por segundo año consecutivo, se está produciendo un crecimiento diferencial debido al incremento de los flujos del crédito y al repunte de la demanda doméstica.
Pero en el escenario macro de nuestro país, si algo requiere una especial atención es el empleo. Si se cumplen las previsiones del Gobierno, se crearán en España 622.000 puestos de trabajo entre este año y el próximo; aunque, desgraciadamente, todo indica que seguiremos arrastrando la pesada mochila de un desmedido número de desempleados. En cuanto al déficit público, si bien es cierto que empieza a reducirse –se espera bajar del 5,5% del PIB en este ejercicio al 4,2% en el próximo–, la deuda pública, a modo de torniquete, está a unos niveles de vértigo, teniendo ya prácticamente una tasa del 100% sobre el PIB.
En este contexto, el Gobierno –aplicando el sentido común y manteniéndose fiel al compromiso con nuestros socios comunitarios– ha seguido una política de contención del déficit y del gasto público y ha planteado una reducción del techo de este último del 3,2% con respecto al año anterior, en consonancia con el objetivo de estabilidad presupuestaria. En relación a esta cuestión, no hay que olvidar que los intereses de la deuda, las pensiones y los gastos de personal copan la mayor parte del gasto, pero ello no ha sido óbice para que se hayan planteado gestos voluntariosos con partidas destinadas a impulsar el empleo e incentivar la I+D. Aun así, pese a que la inversión pública estatal aumentará más de un 6%, este desembolso continúa manteniéndose dentro de la contención al aplicarse sobre una base muy baja.
Pero si hay algo indudable es que estos presupuestos contienen destellos halagüeños, como la reducción de la carga tributaria a quienes obtienen rentas más bajas, la devolución parcial de la paga extra de los funcionarios o la subida de las pensiones del 0,25%. Todo ello de cara a provocar un repunte de la actividad y del consumo, lo que, a su vez, permitirá una mayor recaudación de impuestos, especialmente del IVA, fruto de los ajustes impositivos que se hicieron en su día.
En este marco, cabría preguntarse por el alcance de la reforma fiscal y, aunque algunos hubieran deseado cambios más radicales en aras de fomentar la inversión y el ahorro, resulta razonable que los gobiernos, constreñidos por las estrecheces presupuestarias, hayan creído conveniente actuar de forma precavida, no arriesgándose a aplicar políticas difíciles de valorar.
En el caso de nuestro país, se han diseñado unos Presupuestos Generales del Estado atendiendo a la contención del gasto –como no podía ser de otra manera–, pero con incentivos para reactivar el mercado interior, que se prevé adquiera un fuerte peso en el crecimiento. De hecho, está previsto para este año un crecimiento del consumo de las familias del 2% y de una décima más para el año que viene, con una aportación de 1,8 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en 2015. No obstante, nos falta por despejar la incógnita de si ese repunte del consumo –y el consiguiente aumento de ingresos– bastará para generar recursos suficientes que permitan hacer un replanteamiento del modelo de financiación autonómico.
Si bien hay temas que habría que abordar de forma ineludible, como una reforma en profundidad de toda la Administración Pública o la conveniencia de reducir las cotizaciones a la Seguridad Social –como mínimo para los salarios más bajos–, en estos momentos los ciudadanos hemos de estar predispuestos no solo a facilitar que se mantengan las reformas de calado puestas en marcha, sino a que estas se acentúen con objeto de no encorsetar el crecimiento, porque sin crecimiento no hay empleo y sin este no hay bienestar posible.
Valentín Pich es Presidente del Consejo General de Economistas