El Foco

Españoles y turistas ante la reforma de las tarjetas

La reforma de las tarjetas bancarias de débito y crédito, prevista junto a otra treintena de medidas en el Decreto-Ley 8/2014 de medidas urgentes para el crecimiento y la competitividad, afectará desde el 1 de septiembre a los 68,44 millones de titulares españoles y a muchos millones de turistas. El Gobierno dice intentar con esa extraña medida estimular el consumo privado y el uso de esos medios de pago electrónico frente al efectivo. Pero la experiencia desde el 2005 y los datos de otros países europeos indican que esta producirá efectos negativos entre consumidores, turistas, banca, otros operadores y, sobre todo, en la recaudación fiscal, además de para el mercado único europeo de pagos en vigor desde el pasado 1 de agosto.

El Gobierno dice intentar estimular el uso de los medios de pago electrónico frente al efectivo

España se anticipa así a un proyecto de paquete legislativo (reglamento y directiva), dirigido a avanzar en ese mercado único (SEPA). Lo hace de improviso y sin motivo de urgencia, pese a que el vehículo de decreto-ley la requiere. Eso significa que habrá (hay) menos debate político, social y económico sobre sus consecuencias que en el resto de Europa. Seremos el único de los 28 estados miembros que anticipa la medida, con riesgo de otra inmediata reforma si el Consejo y el Parlamento europeos alteraran el proyecto continental. Llegará de golpe, cuando Europa prevé una transición de hasta cinco años. Ello afectará a la imagen entre los turistas, nuestra mayor fuente de divisas y de empleo. Todo después de que España haya sido con Australia y EE UU donde una reforma similar ha demostrado resultados adversos.

¿Caben más y mayores despropósitos? Sí. El Gobierno esgrime como principal objetivo bajar el coste de las tarjetas bancarias para los consumidores, e incluso favorecer su competencia con el efectivo, fuente de fraudes y economías ocultas e ilegales por su menor trazabilidad fiscal. Pero todo eso quizá resulta cierto si la premisa lo fuera. Por desgracia, lo único que reduce la reforma es un coste ajeno a los consumidores: las tasas de intercambio bancarias que pagan los bancos que adquieren tarjetas (y por ello liquidan con descuento a los comerciantes) a los bancos emisores (los que las colocan a los consumidores). Parece ignorar el Gobierno que esas tasas son un coste menor y, sobre todo, fácilmente transferible por los bancos a los consumidores, incluso cuando se intente evitar. Así ha sucedió desde el 2005 al 2010 y puede volver a ocurrir desde ahora, primero de golpe en España y luego espaciadamente en toda Europa.

Una investigación de todos los ingresos y gastos del sector en cada uno de los países europeos demuestra que las tasas interbancarias apenas suman cada año el 14,3% en los ingresos de las tarjetas de crédito, que en España casi duplican (42,9 millones al empezar el segundo trimestre) a las de débito (25,5 millones). Incluso en estas últimas solo suponen el 32,5%. El estudio, que realicé durante el 2014 con el profesor Pascual Fernández (Universidad Rey Juan Carlos), traza las cuentas de resultados en cada uno de los países para estimar el impacto de las anunciada reducción media de tasas hasta 0,3% en crédito y 0,2% en débito.

Con datos constantes del 2011, últimos comparables, el impacto conjunto sería de una merma de 4.375 millones de euros en los ingresos de los emisores de tarjetas, repartidos en 2.625 millones para operaciones de crédito y 1.751 millones para las de débito. Destacan por su elevado volumen los casi 1.200 millones de euros de pérdida inicial de ingresos anuales de los bancos del Reino Unido, los 500 millones de Alemania y Portugal, los alrededor de 400 millones de pérdida en Italia, España y Polonia, y el mínimo efecto en Francia (apenas 122 millones).

Europa, y más aún España, duplica el uso del ‘cash’ frente a pagos electrónicos respecto a Estados Unidos

Resulta así ilusorio pensar que la importante alteración de ingresos bancarios, aunque mínima respecto al total del negocio, llegue a determinar el conjunto de los costes de los consumidores, cercano cada año en toda la UE a los 16.000 millones de euros. Todavía menos cuando los bancos pueden subir otros ingresos, como por ejemplo el coste del crédito (la mitad de los ingresos de esas tarjetas), o en las tarjetas de débito las muy diversas comisiones cobradas a consumidores (emisión, mantenimiento, reclamación, etc.), aunque también a los comerciantes, sobre todo a los pequeños. Así sucedió en la práctica del 2006 al 2010 cuando España redujo las tasas el 51,3% (Iranzo y otros, 2012), antes en Austria desde el 2002 (Stillman y otros, 2008) o después en EE UU desde 2010 (Korinek y Kreamer, 2013, y Kayy, Manuszakz & Vojtechx, 2014).

La primera consecuencia serían ahora también una reducción inicial en la rentabilidad de los sistemas de tarjetas en 15 de los 20 mayores países europeos. Lejos de estimular los pagos electrónicos y su competencia con el efectivo, ello llevaría a frenar la oferta y a elevar las comisiones compensatorias, desacelerando la demanda de los consumidores e incluso la circulación de tarjetas, como ya sucedió en España desde el 2006 (ver por ejemplo las Memoria Euro 6000 del 2011 y 2012). Entonces estimamos que el 71% de la reducción de tasas fue compensada por los bancos subiendo las comisiones de emisión y mantenimiento. Proyectada al conjunto de la UE, una reacción similar elevaría el 46% las comisiones en crédito y un 15% las de débito. Pero países como Alemania, Austria e Italia podrían duplicar el efecto.

Para España, lo peor es que ahora además se vería afectado negativamente el turismo, ya que el citado decreto-ley prevé aplicarse incluso a los no residentes con tarjetas emitidas por bancos de sus respectivos países siempre que concurran proveedores de servicios de pago establecidos en España, creando nuevas asimetrías y problemas entre sistemas bancarios frente al objetivo de unidad de la SEPA. Además su artículo 11 excluye de la rebaja a las retiradas de efectivo en cajeros automáticos, así como a sistemas tripartitos cuando concedan licencias a otros proveedores, perpetuando la vieja discriminación entre tarjetas de cuatro partes con tasas topadas (Visa, Mastercard) y tarjetas de tres partes con tasas libres pese a ser mucho más caras para el consumo (American Express, Dinners, etc.).

Esas exclusiones, sobre todo la de retiradas de efectivo de los cajeros, tienden a perpetuar el hecho de que Europa, y más aun España, duplican el uso del cash frente a pagos electrónicos respecto a los EE UU. También las dobles tasas de economía sumergida y elusión fiscal, según el estudio realizado en 58 países por Moody’s el 2013. En España, solo el efectivo sacado de cajeros por tarjetas es muy superior a la suma de ventas en los 2.305 millones de operaciones de compra con tarjetas bancarias, que todavía suman compras inferiores a los 100.000 millones casi alcanzados en el 2011 pese a la recuperación de los últimos meses, mientras solo las retiradas de efectivo en cajeros sumaron el año pasado 109.223 millones.

Gustavo Matías es profesor de Estructura y Economía del Desarrollo en la UAM. @infolitico