Más sobresaltos para las pensiones privadas
El sector de los planes de pensiones no gana para sustos. En esta ocasión, el mayor sobresalto se lo han llevado las entidades que operan en el País Vasco ofreciendo EPSV, es decir, las denominadas entidades de previsión social voluntaria, un producto muy similar a cualquier plan de pensiones pero de cuyas ventajas adicionales se benefician solo quienes tengan su domicilio fiscal allí.
Nos estamos refiriendo a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anula la posibilidad de que los socios –así se denominan aquí a los partícipes– rescaten el dinero aportado y también el rendimiento financiero generado transcurridos 10 años desde la contratación del producto. Una opción que no existe en los planes regulados por la normativa general y que desaparece.
La sentencia del TC se une a los otros dos últimos disgustos: a finales del año pasado, el Gobierno decidió que las aportaciones a los planes de pensiones privados cotizaran a la Seguridad Social y hace unas semanas se desveló que la reforma fiscal incluía una reducción en el dinero máximo que puede beneficiarse de los incentivos tributarios que caracterizan este producto de ahorro.
Lo cierto es que aunque las EPSV son una herramienta de previsión social bastante desconocida fuera de su ámbito geográfico de aplicación, han funcionado muy bien desde que se pusieron en marcha hace 30 años. Prueba de ello es que este sector concentra, con datos de cierre de 2013, casi 22.000 millones de euros procedentes del ahorro de los ciudadanos con domicilio fiscal allí.
Es decir, el 33,6% del PIB del País Vasco, según datos de la Federación de EPSV de Euskadi, cifra equiparable a la media UE, que es del 32,7%. En el otro lado de la comparativa, el patrimonio acumulado en planes de pensiones en España suma 92.413 millones de euros, es decir, solo el 8,4% del PIB español, según datos de Inverco.
El patrimonio de las EPSV suponen el 33,6% del PIB del País Vasco, en la media de la Unión Europea
¿Cuál es la clave de su éxito? Una mezcla de mayor nivel de renta que en otros sitios de España, una mayor conciencia social de la importancia de ahorrar para la vejez, un tratamiento fiscal favorable y precisamente la posibilidad de rescatar el dinero aportado a los 10 años.
Con esta sentencia se alejan un poco más las esperanzas del sector de que pueda haber ventanas de liquidez para que el ahorrador pueda sacar su dinero sin necesidad de llegar a la jubilación o encontrarse en una situación extrema.
Según Guillermo Pérez de Ciriza, consultor sénior de Towers Watson, si bien es cierto que la creación de los nuevos planes Ahorro 5 en la reforma fiscal habilitan opciones de ahorro a corto plazo compatibles con ciertas deducciones fiscales, no parece que “exista una dirección clara en cuanto a potenciar el ahorro a largo plazo: como muestra, la disminución de las aportaciones máximas fiscalmente deducibles”. En este sentido, cree que “no es compatible el empeoramiento de la fiscalidad del ahorro a largo plazo con una disminución de las prestaciones públicas”.
Menos rotundo se muestra desde la patronal el director general de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, que señala que no se ha reducido el atractivo fiscal de los planes “aunque sí se reducen los límites anuales de aportaciones”. En su opinión, dado que la edad media de los partícipes se sitúa cerca de los 50 años y teniendo en cuenta que los trabajadores de más de esa edad recibirán antes de final de año una comunicación respecto de su pensión estimada de jubilación, “debería seguir manteniéndose un límite de aportaciones para los trabajadores mayores de 50 años superior al límite general”.
Lo que sí que acaba de anunciar el Gobierno es que los mayores de 65 años no pagarán por las plusvalías en Bolsa, pisos y otros activos siempre que esa renta sea utilizada para asegurar un complemento a la pensión. Además, se rebaja el tiempo mínimo de permanencia en los planes para gozar de exención de 10 a 5 años.