El Gobierno anuncia un plan de empleo pero exige mantener la moderación salarial
Patronal y sindicatos tienen de plazo hasta diciembre para suscribir el nuevo acuerdo CC OO no cree necesario que el pacto establezca hosquillas de subidas salariales de referencia
El Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (ANC) suscrito en 2012 y cuya vigencia expira el próximo mes de diciembre ha permitido estos tres años, en opinión de patronal, sindicatos y Gobierno, la mejora de la competitividad de España. Y es que gracias a la moderación de los salarios que promulga, los productos y empresas españolas han ganado buena parte de la competitividad perdida en los años de la euforia del euro. Para los convenios que se suscriban este año prevé subidas salariales del 0,6% si el PIB crece por debajo del 1%; del 1% si la economía se mueve entre el 1% y el 2% y hasta el 1,5% si la actividad supera esa barrera del 2%.
Consciente de la importancia que ha tenido, el Gobierno ya ha reiterado en numerosas ocasiones que los agentes sociales deberían renovar dicho pacto de rentas para apuntalar la salida de la crisis. Y ese deseo marcó la reunión celebrada hoy en el Palacio de la Moncloa entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, los presidentes de las patronales CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Jesús Terciado y los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez.
Horquillas de referencia
En sus comparecencias ante los medios de comunicación, tanto los líderes sindicales como los patronales aseguraron que tras el descanso estival intensificarán sus contactos para cerrar el acuerdo lo antes posible. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, desveló durante su comparecencia que así se habían comprometido a hacerlo durante la reunión con el presidente del Gobierno. Un acuerdo que, en opinión del Ejecutivo, “ha sido capital para la salida de la crisis”.
Toxo se mostró contrario a establecer una horquilla de incrementos salariales de referencia, tal y como recomienda el actual acuerdo. En cambio, apostó por que el pacto se limite a dar una serie de indicaciones y que luego sea cada empresa y cada sector quien las adapte a su situación particular. Sí dijo que, en su opinión, “los salarios tienen que ganar mayor protagonismo a partir de la generación de más empleo. La devaluación salarial ha llegado muy lejos. Los salarios deben empezar a recuperar poder adquisitivo”, advirtió el líder de CC OO.
Por su parte, el máximo responsable de UGT, Cándi Méndez, se mostró más explícito en sus exigencias de cara al acuerdo. En primer lugar, abogó por alcanzar uno nuevo y no prorrogar o renovar el ya existente. Coincidió con Toxo en que es necesario que los salarios recuperen poder adquisitivo “si queremos afianzar la recuperación” y rechazó de plano el binomio salarios o empleo.
“¿Pueden permitirse las empresas empezar a subir los salarios en España?”, se preguntó el líder de UGT. “Sí”, contestó, para acto seguido volver a preguntarse: “¿Todas?, no”, contestó.
Como cabía esperar, los responsables de las patronales no quieren introducir tantos elementos novedosos en el acuerdo que suscriban antes de diciembre. “Nos vamos a basar bastante en el que tenemos hasta este año”, dijo Rosell, quien recordó que hace dos años la economía se encontraba en plena recesión y la inflación era muy distinta a la actual.
También, apuntó que el acuerdo deberá circunscribirse al “ámbito subsectorial”, ya que hay sectores con situaciones muy diferentes entre sí. Precisamente en este apartado, los sindicatos comunicaron al jefe del Ejecutivo que esperan negociar con la patronal un acuerdo que garantice la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa e invalide la obligatoriedad del laudo en caso de conflicto y, en ese caso, esperan que el Gobierno derogue ambos aspectos de la reforma laboral.
Medidas contra la exclusión y la dualidad
El acuerdo de propuestas suscrito hoy al unísono por Gobierno, patronal y sindicatos consiste en un Plan de Empleo e Impulso a la Activación que prestará especial atención a los parados de larga duración en situación de “especial necesidad” y que, de momento, se encuentra en un estado preliminar, trazando el “mapa” entre el Estado y las comunidades autónomas para conocer el “universo” de personas a atender.
Por su parte, los sindicatos UGT y CC OO estimaron que en España existen unos 500.000 hogares que no perciben ninguna clase de ingreso y cuya persona de referencia o cabeza de familia es un parado de larga duración. Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo calcularon que establecer medidas que eviten su exclusión y el establecimiento de una renta básica para este colectivo costaría unos 2.500 millones de euros. El Gobierno se mostró dispuesto a estudiar este asunto, pero trabajando sobre “quien de verdad lo necesita”.
El plan prevé actuar contra la dualidad de la contratación desde el reforzamiento de la causalidad de los contratos, la lucha contra el uso inadecuado y fraudulento de la contratación temporal y el análisis de las consecuencias de estos contratos temporales sobre la salud de los trabajadores, entre otras medidas.
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