¿Cambios en la sanidad?
En sólo unos años, la sanidad pública, uno de los pilares básicos del estado de bienestar, manifiesta claro menoscabo a causa de decisiones políticas. Al aumento de las listas de espera, el copago, las limitaciones en asistencia, los recortes en investigación o el malestar general provocado por las privatizaciones se ha venido a sumar la destrucción de empleo, por lo que 3.400 médicos han pedido ya, a mes de mayo, (7.000 el año anterior) el certificado de idoneidad para emigrar que expide la Organización Médica Colegial.
Ahora que se nos han desvelado los novedosos métodos de gestión que el capital privado desarrolla en los hospitales públicos externalizados -reducción de costes a base de bajar sueldos a personal fijo e internos, prescindir de eventuales y endurecer las condiciones laborales de unos y otros- deberíamos reflexionar sobre el futuro inmediato de la sanidad, pública por supuesto, en nuestro país.
Si hay algo que no tiene color político, ni rinde culto a banderas es la salud de las personas, para las que una operación de urgencia o un TAC es igual en el norte que en el sur, en el este que en el oeste. La igualdad en la asistencia sanitaria en España debe estar garantizada por el Estado, como así reza la norma constitucional, y quedar al margen tanto de las disputas políticas entre partidos como de los juegos de intereses entre comunidades y gobierno de turno.
El envejecimiento progresivo de la población española, la prolongación de la edad media de vida y el sobrecoste de la aparatología por la velocidad de reposición tecnológica hacen predecir nuevos crecimientos en el gasto sanitario. Si creemos que la Sanidad pública, universal y gratuita, es sostenible, quizás debamos emprender ya determinados cambios. Cualquiera de las cifras de la sanidad a nivel estatal da escalofríos. Hace poco, se conocía que ahorraríamos 5, 2 millones de euros sólo con la compra centralizada de vacunas contra la gripe estacional. ¿Se puede plantear la centralización de la sanidad pública, una mayor unificación en la gestión de la sanidad? La coordinación y planificación de los servicios públicos de sanidad para todo el Estado español nos ahorraría millones de euros, necesarios para mantener las prestaciones y prevenir un probable escenario de más gastos y recortes.
El pensamiento único autonomista considera sospechoso cualquier planteamiento centralizador. Pero ¿es necesaria la dispersión actual, en donde, desde el sistema de recetar hasta los procedimientos informáticos, las tarjetas sanitarias, las centrales de compra, las externalizaciones de servicios, la investigación aplicada, los intercambios entre profesionales, la homologación curricular, la acumulación de camas en pasillos frente a camas y plantas cerradas en otros hospitales, etc., etc. campan en la mayoría de los casos por sus fueros? ¿Es que no es posible hacer una gestión más racional de nuestros limitados recursos, una planificación general de necesidades y formas de actuación? ¿Cómo no evitamos ya las disfunciones de este engranaje que hace perder la paciencia al ciudadano y ralentiza la atención al enfermo, siendo además más costoso?
Casi todo multiplicado por diecisiete. Cuando las personas sólo queremos que nos atiendan en condiciones, con protocolos establecidos, sin excusas burocráticas o interrogantes de competencia, ajenos a las urgencias del cuerpo humano. No hablamos de un super-ministerio que desde Madrid cauterice las demandas de las comunidades autónomas, antes bien lo que hay que buscar es la constelación y participación de todas ellas en la planificación y distribución más racional de los recursos disponibles, y -gracias a los medios actuales- no necesariamente desde la capital. Evitar duplicaciones administrativas y gestiones recurrentes, aprovechar economías de escala y generalizar modelos que funcionen es ahorrar; dejando sitio a gestores profesionales en el ámbito de la medicina que crean en la sanidad pública, y alejando a políticos entreverados con enchufes y puertas giratorias.
La Tarjeta Sanitaria Única puede ser el primer paso hacia una ordenación más sistemática y racional de los servicios sanitarios. Y no es, ni mucho menos, un objetivo complicado de implantar, técnicamente hablando. Será difícil encontrar en los usuarios de las distintas comunidades -con elevadas tasas de movilidad interterritorial- y en los diferentes sectores profesionales de la sanidad voces en contra. ¿Entonces, nos encontraremos sometiendo de nuevo la voluntad general a los intereses económicos y de poder de determinados estamentos locales/autonómicos?
Ésta es, además, la mejor forma de amurallarse frente a las pretensiones privatizadoras de los hospitales públicos, y la alerta indicadora de camino equivocado para el capital riesgo y los fondos de inversión que han entrado en el coto de nuestra sanidad pública. La sociedad española no quiere renunciar a este derecho, universal y gratuito, un logro trabado paso a paso y dispensario a dispensario, nexo fundamental de nuestra historia desde hace más de cien años.
Pedro Díaz Cepero es sociólogo y escritor.