Empleo y las comunidades deben pactar los criterios de selección de los ‘ninis’

¿Cómo combatir el paro juvenil?

La inscripción para poder beneficiarse de las ayudas comenzará en julio

El objetivo es ofrecer a los jóvenes más formación y prácticas en empresas

De izquierda a derecha, Tasio Oliver (IU), Zoe Nubla (PP), Francisco Belil (Fundación Bertelsmann), Juan Ramón Ferreira (PSOE), Maria Rieradevall (CiU) y Beatriz Becerra (UPyD). juan lázaro
De izquierda a derecha, Tasio Oliver (IU), Zoe Nubla (PP), Francisco Belil (Fundación Bertelsmann), Juan Ramón Ferreira (PSOE), Maria Rieradevall (CiU) y Beatriz Becerra (UPyD). juan lázaro

Suecia puso en marcha en 1984 un novedoso sistema para ayudar a los recién titulados a incorporarse al mercado de trabajo, ya fuese con cursos de reciclado o con experiencias laborales. Hoy es uno de los países con menor tasa de ninis (jóvenes que ni estudian ni trabajan). La Comisión Europea tomó la experiencia del país escandinavo para recomendar la aplicación de la llamada garantía juvenil: un plan para mejorar la inclusión de los jóvenes en el mercado de trabajo al que se le han destinado 6.000 millones de euros.

A España, cuya tasa de paro juvenil (55,7%) solo supera Grecia, le corresponden 1.800, que recibirá en dos años. El plazo para que los interesados (menores de 25 años desempleados y que no estén estudiando) puedan apuntarse al plan arranca en julio. Y, a mes y medio del pistoletazo de salida, poco o nada se sabe sobre cómo se aplicará el plan. Sobre el papel, y según el plan de Bruselas, los beneficiarios deberán poder acceder a un trabajo, hacer prácticas o recibir más formación en un plazo máximo de cuatro meses tras acabar sus estudios. A mes y medio del arranque del plan, sus usuarios potenciales todavía desconocen qué pueden esperar del mismo y cómo tienen que apuntarse.

“Reconozco que hay algo de caos y confusión respecto a cómo funcionará el plan”, apuntó ayer la candidata del PP a las elecciones europeas Zoe Nubla en un desayuno informativo organizado por la Fundación Bertelsmann. “Las competencias de empleo están transferidas a las comunidades autónomas y, por lo tanto, deben ser estas las que se ocupen de implementar el programa”, añadió Nubla, que también cree que se debe adaptar el servicio público de empleo para que pueda ofrecer soluciones de calidad a los jóvenes. El resto de fuerzas políticas presentes en el acto (PSOE, IU, CiU y UPyD) lamentaron la indefinición del Gobierno en una materia tan sensible, que podría comportar el retraso en varios meses de la aplicación del programa.

Juan Ramón Ferreira, candidato por el PSOE, opina que el criterio de reparto de los fondos debería priorizar a las regiones con mayor tasa de parados frente a las más pobladas. Las medidas deberían fomentar la formación profesional (FP) en actividades vinculadas a un modelo productivo de futuro, pero también ofrecer formación dual (en empresas) a jóvenes que lleven más de dos años desempleados. “Hace falta un pacto para que este plan de dos años siente las bases de la actuación en los próximos 10 o 15 años”, incidió Ferreira.

Para IU, el problema de fondo al que se enfrenta España no es la sobretitulación de los jóvenes, sino la falta de un tejido productivo que les absorba. “Dedicarle 6.000 millones de euros a la integración de los jóvenes nos parece poco. Se ha gastado más, por ejemplo, en Ucrania”, señaló Tasio Oliver, candidato de esta formación. Una de las medidas que propone es crear un plan estructural que ataque la formación, al que habría que dedicarle el 3% del PIB europeo con un horizonte de diez años y recurriendo a los fondos del BEI. Las energías renovables y la economía social deberían ser los focos sobre los que formar a los jóvenes.

Para Maria Rieradevall, senadora por CiU, el programa debe fomentar el emprendimiento, “mejorando la comunicación entre las empresas y el sistema educativo”. También se debería desarrollar un modelo europeo de FP que ponga en valor los conocimientos adquiridos por los aprendices.

Crear un contrato único europeo sería una buena manera de combatir el paro juvenil, según Beatriz Becerra, candidata de UPyD, que también reivindicó una inspección laboral común europea y una ventanilla única para agilizar la creación de empresas.