Los fondos garantizados construyen sus carteras con deuda autonómica
El importe que pagará España en intereses será muy inferior al calculado inicialmente. El Gobierno estimó en los Presupuestos del presente ejercicio un bono a 10 años al 4,3%, y el viernes concluyó en el entorno del 3,3%. Los 36.590 millones previstos en principio para pagar la deuda estatal serán notablemente menos. Para un descuento de un punto porcentual en todos los plazos, el ahorro –en realidad, el dinero que el Estado dejará de pagar– superaría los 2.400 millones.
La buena noticia es que también las comunidades autónomas están sacando partido del giro de 180 grados en la percepción de España. La deuda de las comunidades autónomas cerró con unos 207.000 millones de euros, y una parte importante de ella, más de 58.000 millones, está en forma de bonos, que pueden colocar sin ningún problema en los últimos tiempos en el mercado primario.
Las rentabilidades hablan por sí solas. Atrás quedaron los bonos destinados a particulares colocados entre 2010 y 2012 y en lod que Cataluña fue la primera con rentabilidades superiores al 4% para plazos muy cortos, a partir de un año. Ahora los mercados están abiertos para Madrid, Castilla y León, Galicia, Navarra, País Vasco, Extremadura y Aragón.
La más activa en las colocaciones a inversores institucionales ha sido la Comunidad de Madrid, que ha vendido en dos megasubastas celebradas el 28 de enero y el 10 de febrero 3.000 millones de euros, a tipos de interés muy levemente por encima de lo ofrece el Tesoro. En ambos casos, la prima respecto a la deuda soberana se situó en el entorno de los 50 puntos básicos. La restricción impuesta por el Tesoro, que impide desde el año pasado que las autonomías vendan deuda con un diferencial de más de un punto porcentual respecto a la deuda estatal, ha surtido efecto. Ahora pueden financiarse sin llegar a ese límite. Es más, la mayoría de los bonos de todas las comunidades autónomas ofrecen rentabilidades mínimas en términos históricos. Aragón, por ejemplo, paga menos del 4,7% en su deuda a 23 años. Baleares, el 3,6% a seis años y Canarias, al mismo plazo, el 3,1%. Madrid ofrece a seis meses en torno al 0,8%.
Cataluña dispone de una emisión que vence en octubre de 2015 y que llegó a pagar el 23% en el peor momento de la crisis de deuda soberana de la zona euro, el verano de 2012. Ahora ofrece menos del 3,8%. La caída supera el 65%.
“Las primas son muy bajas respecto a la deuda estatal y se reducen de manera habitual en los últimos tiempos. Ni siquiera está correctamente valorada su falta de liquidez, ya que estos bonos tienen un tamaño sustancialmente menor que los emitidos por el estado, lo que dificulta su comercialización en el mercado secundario. Al mismo tiempo los gestores, especialmente los de fondos garantizados o de fondos con rentabilidad objetivo, tienden a ser compradores cautivos de estos bonos en los que unos puntos de rendimiento adicional son cruciales”, explica César Fernández, gestor de renta fija de Deutsche Asset & Wealth Management.
Luz verde para vender más de 8.100 millones
El Gobierno ha autorizado en Consejo de Ministros a las Comunidades Autónomas de Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, País Vasco y Navarra a formalizar préstamos a largo plazo y emitir deuda pública por un importe de 8.123 millones de euros hasta finales del presente ejercicio.
Eso sí, la condición imprescindible es que las regiones no se pasen del déficit previsto para este ejercicio. Aunque si las comunidades hubieran cumplido en 2013 su objetivo de cerrar con un déficit medio del 1,3% –porcentaje improbable ante los últimos datos publicados a cierre de noviembre de 2013, que arrojaban un desfase del 1,26%–, las autonomías deberían seguir aplicando medidas de ajuste. En este ejercicio tienen el reto de rebajar los números rojos hasta el 1% del PIB.
Las regiones que no pueden colocar en el mercado están amparadas por el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que cuenta con una munición de 23.000 millones de euros y ofrece a tipos de interés medios muy atractivos. En concreto, exige a las autonomías un diferencial de 0,1 puntos porcentuales respecto a la deuda pública al mismo plazo. Andalucía ha solicitado al FLA 3.383 millones de euros para el presente ejercicio; la Comunidad Valenciana, 2.186 millones y Cataluña, 6.347 millones. Entre las tres, el importe que pedirán al fondo de liquidez sumará 11.916 millones de euros. Así, estas tres comunidades absorberán el 51,8% de los recursos que tiene e FLA en 2014.
Los grandes inversores propulsan la recuperación
Tanto las autonomías que tienen capacidad para vender directamente en el mercado como aquellas que necesitan la cobertura del FLA ofrecen una rentabilidades por los suelos en el mercado secundario, incluso las que tienen calificación de bono basura, como Cataluña o la Comunidad Valenciana. Esta última ofrece menos del 2% en la deuda con vencimiento en julio del próximo año, cuando en el pico de la inestabilidad su rendimiento alcanzó el 18%.
“En este contexto, el mercado está totalmente abierto y la pequeña prima que puede obtenerse despierta la avidez de grandes inversores, que detectan una seguridad similar a la que ofrece el Tesoro”, señala Javier Domínguez, socio director de Auriga Global Investors.
Los fondos de rentabilidad garantizada, que construyen sus carteras con renta fija y, usualmente una opción de inversión conservadora para los clientes, se encuentran entre los principales compradores de este tipo de deuda.
También hay fondos especializados en invertir en deuda autonómica y cuyas carteras han sacado partido de la vorágine compradora que ha elevado su precio y que ha hecho que su rentabilidad (que se mueve de forma inversa al precio) caiga a niveles mínimos. La oferta de Deutsche Asset & Wealth Management incluye, por ejemplo, el fondo DWS Bienvenida 2017. Cuenta con una cartera dominada por renta fija de la Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha y Galicia. La rentabilidad anual generada hasta ahora supera el 3%. Otra de las posibilidades es DWSBienvenida 2016, que ofrece una rentabilidad de 2,5% con una cartera centrada en deuda local y de la Xunta de Galicia.