Informe de la comisión Lagares

Los expertos resucitan el fantasma del copago en servicios públicos

Protestas en Madrid contra el copago farmacéutico y la privatización de la gestión de la sanidad.
Protestas en Madrid contra el copago farmacéutico y la privatización de la gestión de la sanidad.

El ajuste aprobado por el Ejecutivo de Rajoy en educación y sanidad se basó exclusivamente en una primera fase en un recorte del gasto. En abril de 2012, Rajoy anunció un tijeretazo de 10.000 millones de euros, de los que 7.000 correspondieron a sanidad y 3.000 a educación. Entre las medidas puestas en marcha, destacaron la creación de una cartera básica de servicios sanitarios, la receta electrónica o la creación de una única central de compras, en el caso de la sanidad, y el aumento de las horas lectivas y el ratio de alumnos por clase en la educación primaria y secundaria.

A la vista del escaso rendimiento que proporcionaron, el Gobierno se vio forzado a impulsar algunas medidas adicionales que también incidían en el incremento de la recaudación. Y la más importante fue el establecimiento de un copago farmacéutico, en vigor desde el 1 de julio de 2012, con tarifas en función de los niveles de renta. Los contribuyentes que ganaran menos de 18.000 euros abonarían el 40%; los que lo superaran ese nivel llegarían al 50% y los que declararan ingresos por encima de 100.000, el 60%. En esa reforma, el Ejecutivo fue más allá y se decidió a romper uno de los tabúes que no se había atrevido ningún otro Gobierno: obligar a los pensionistas a pagar por los medicamentos que consumieran. Una medida que fue duramente criticada por la oposición, que la tachó de una subida oculta de las pensiones. De esta manera, los contribuyentes que percibían estas prestaciones pagarían un 10%, con límites de entre 8,14 y 61,08 euros al mes, en función del importe de su pensión.

El ahorro de las regiones por el copago en fármacos llega a 1.700 millones

Más de año y medio después de la aplicación del copago farmacéutico, los resultados muestran que el alivio en las cuentas de las autonomías se ha elevado a 1.700 millones de euros hasta finales de 2013. Sin embargo, el gasto farmacéutico de ciertas autonomías volvió a repuntar con fuerza en la segunda mitad de 2013, agotando el recorrido del ahorro mostrado por el copago farmacéutico y obligando al Ejecutivo a mover ficha de nuevo.

Plantean integrar los copagos en el nuevo modelo de financiación

Por ello, optó por poner en marcha el copago hospitalario para que los pacientes también participaran en la financiación de los medicamentos dispensados en los hospitales. Una medida que debía haber entrado en vigor el pasado 1 de enero y que contó con el rechazo de una gran mayoría de autonomías (tanto del PP como de otros partidos) que creen que el sistema no es viable económicamente, puesto que ponerlo en marcha costaría más de lo que se ahorraría.

Pese a la oposición autonómica, los expertos de la comisión Lagares consideran que “deberían concederse mayores capacidades normativas a las autonomías para establecer sistemas de copago sobre los servicios públicos de su competencia, mejorándose así sus capacidades de financiación de tales servicios”. El texto va más allá al asegurar que “podría ser útil integrar estos copagos en el modelo de financiación (cuya negociación se iniciará a finales de 2014 para aplicarse en 2015), de forma que se fijen unos mínimos en los copagos de todas las autonomías que sirvan para calcular sus capacidades de generar ingresos, dándoles la posibilidad de que modifiquen los tipos del copago, cuyas consecuencias recaudatorias deberán asumir en exclusiva”. En otras palabras, que se fijaría un mínimo para el copago y a partir de ahí las autonomías podrían elevarlo tanto como quisieran, en función de sus necesidades.

“Una medida injusta e insolidaria”

La Fundación Alternativas, ligada al PSOE, hizo públicos ayer dos documentos de trabajo en los que rechaza la implantación de copagos y alerta de que su puesta en marcha volverá a dejar dañada la cohesión social o territorial. “Es una medida injusta e insolidaria”, alertan.

Los estudios, elaborados por Marciano Sánchez Bayle y Manuel Martín, fundador y presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, creen que el gasto público que se dedica a la sanidad es inferior a la media de la OCDE y que, por lo tanto, “no existen razones económicas que justifiquen el establecimiento de copagos”. De hecho, alertan sobre el efecto negativo que tendrán sobre las personas “con menos ingresos y con enfermedades crónicas”.

Por todo ello, proponen que se eleve la dotación presupuestaria para Sanidad, cambiar el modelo para que las transferencias que reciban las autonomías sean finalistas (se dediquen exclusivamente a Sanidad) y una reducción anual de 5.200 millones del gasto farmacéutico mediante un mayor uso de los genéricos.