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Carlos Romero, secretario general de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT

“El aumento del coste energético lamina el esfuerzo hecho en salarios”

Carlos Romero, secretario general de MCA UGT.
Carlos Romero, secretario general de MCA UGT.Isabel Itxamendi
Raquel Pascual Cortés

A Carlos Romero (Reinosa, Cantabria, 1954) le ha tocado la difícil tarea de sustituir a uno de sus mitos: el histórico líder del metal de UGT, Manuel Fernández Lito. Este sindicalista “de trinchera” y talante tranquilo está al frente de la Federación del Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT desde octubre, porque así se lo pidió “una mayoría muy amplia” de la organización. Ingresó en UGTen 1977 y desde entonces se ha convertido en un veterano gestor de los conflictos laborales que han protagonizado la reconversión de la industria a lo largo de cuatro décadas.

Pregunta ¿Comparte la euforia del Gobierno por la recuperación?

Respuesta. No. No podemos ser optimistas para 2014. No se ha tocado suelo. Los datos dicen que sigue la destrucción de empleo. Y los Presupuestos del Estado, que podían haber supuesto un cambio de tendencia en la construcción, que tiene mucho que ver con la inversión obra pública, no indican que esa inversión se vaya a recuperar. O la producción de cemento, que es un indicador adelantado, también sigue cayendo.

P. Desde el inicio de la crisis se ha hablado de aprovecharla para cambiar el modelo productivo; reciclar a los parados de la construcción hacia sectores más productivos, como la industria ¿se ha hecho?

R. No. Es muy difícil. Alguien pensó que simplemente haciendo un reciclaje a los albañiles que habían perdido el empleo, los podíamos recolocar en la industria. Y esa es una teoría que no tiene mucho recorrido. No es posible formar a un profesional de la industria en un curso de 20, 40, 80 o 200 horas. Tiene que hacerse a través de la formación profesional y esta sigue siendo la hermana pobre del sistema educativo.

P. Entonces, cuando vuelva la inversión ¿habrá escasez de mano de obra?

R. Sí. La recuperación va a llegar y cuando necesitemos tener trabajadores formados y cualificados no los tendremos. Los que ya están formados se han ido fuera o los inmigrantes cualificados también se han marchado.

P. ¿Cómo se puede enmendar eso?

R. Hay que garantizar que la formación de los ocupados se mantenga porque es la mejor vía para mejorar la competitividad de las empresas. Y que el dinero de las cotizaciones de formación que pagan empresarios y sindicatos se destine exclusivamente a eso y no a formar parados, que debe hacerse con impuestos. También habría que hacer un plan de choque, con inversión pública en los sectores industriales, ya que por cada empleo directo en la industria se generan tres o cuatro inducidos que no necesitan nueva inversión, son fruto de la actividad. Pero el Gobierno tiene un planteamiento erróneo:piensa que un empresario va a contratar porque le rebajen la cotización. No es así, sin actividad no va a contratar.

P. Pero el ajuste fiscal frena la inversión pública...

R. Lo que no deja Bruselas es incumplir el déficit, pero eso no se logra solo recortando gastos, sino aumenando ingresos.

P. ¿Ve algún acierto en la política industrial del Ejecutivo?

R. Tendría que pensar mucho...el Gobierno hace más gestos que hechos. Han creado un Ministerio de Industria con dos almas: la industria y la energía, pero solo resuelven los problemas energéticos a costa de la industria. Geográficamente estamos en la periferia y más lejos de Asia que el norte de Europa. Llevar los productos hasta allí tiene un coste tres o cuatro veces más alto, lo que perjudica la competencia. Y ese diferencial de costes se quiere compensar reduciendo el coste de mano de obra. Y todos los sectores exportadores han negociado convenios en los que la flexibilidad de las condiciones laborales forman parte del éxito que han tenido. Pero esos esfuerzos de contención salarial se los lleva por delante la decisión de revisar la tarifa eléctrica. El encarecimiento de la energía lamina el esfuerzo hecho con la contención salarial. Además, por una decisión política en la que no se ha tenido en cuenta la opinión de la industria.

Yo no digo que haya que mantener el déficit tarifario que daña las cuentas públicas, pero salta a la vista que esas cuentas de resultados millonarias de las eléctricas en plena crisis les da margen para hacer ajustes. El déficit tarifario no tiene por qué asegurar el mantenimiento de un nivel de beneficios como el de estas empresas. Todo el mundo tiene que hacer esfuerzos; y estos no se le pueden pedir solo a los consumidores de energía y no a los productores. Con las decisiones del Gobierno se pone a salvo la salud del sector productor de energía a costa de los consumidores (industria y ciudadanos).

P. ¿Cree, por lo tanto, que ha llegado el momento de subir más los salarios?

R. Sí. Y si el Gobierno no entra en esa dinámica, es que nos está engañando. No puede mantener que ya hemos salido de la crisis y que ya se está creando empleo y que, a pesar de eso, tenemos que seguir haciendo ajustes. Si ya generamos riqueza, vamos a ver cómo se reparte entre todos a través de la negociación colectiva.

También, es imprescindible que las familias recuperen capacidad de compra porque está demostrado que el consumo interno es una de las variables que contribuyen a la recuperación. Además, el aumento de los salarios no puede tener como freno el temor al repunte de la inflación porque vemos que no es así. Y en todo caso, tampoco pasaría nada si los precios crecieran un poquito. Entre otras cosas porque hay muchos productores, de alimentación sobre todo, que encuentran en el nivel de precios la retribución a su trabajo.

“Ser de la familia socialista nos penaliza”

“Se quiere crear una imagen de que los sindicatos hemos perdido apoyos en la crisis. Pero el empleo ha caído un 40% en los sectores industriales y de construcción y la afiliación, un 15%. Es más, en las empresas de más de 100 trabajadores hemos ganado afiliados”, asegura el líder de la mayor federación de UGT.

Sin embargo, admite la desafección hacia los sindicatos de los trabajadores que temen perder su trabajo o de los parados. “Entiendo su frustración y que arremetan contra todo; y ordenen sus prioridades dándose de baja en el sindicato”. A esto se añade la mala prensa creada en torno a los sindicatos, y a UGT en particular, por los supuestos fraudes en el caso de los ERE de Andalucía o de los cursos de formación. En este punto, Romero va a la raíz del problema: la financiación sindical. Así, se queja de que la Constitución da un mandato a los sindicatos “para que negocien en beneficio de todos los trabajadores, pero los servicios que prestan solo se financian con las cuotas de afiliados; en una cultura donde los trabajadores no entienden que un sindicato solo funciona con su respaldo. Hay que acabar con eso buscando cómo financiar toda nuestra actividad”, pide. Y, finalmente, el líder de UGT reconoce algo que pocos representantes de esta central hacen: que “pertenecer a la familia socialista nos penaliza; por eso, los aciertos no se nos han retribuido y los errores nos han penalizado”. De ahí que sea partidario de que “los líderes de UGT extrememos aún más esa independencia del PSOE que nos mandan las resoluciones del sindicato”.

Sobre la firma

Raquel Pascual Cortés
Es periodista de la sección de Economía, especializada en información sobre empleo, Seguridad Social, pensiones y relaciones laborales. Licenciada en C.C. de la Información por la U. Complutense, empezó a trabajar en Cinco Días en 2000 y antes pasó por las secciones de política y economía de la agencia Europa Press y por el diario Soria 7 Días.

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