Economía quiere que la banca logre liquidez con la venta en el mercado de créditos sanos
El estallido de la mayor crisis mundial desde la Gran Depresión rompió en mil pedazos el mercado de las titulizaciones en el verano de 2007. La explosión se produjo tras la quiebra de varios fondos de Bear Stearns que invertían en estos activos. Los bonos de titulización consisten, esencialmente, en agrupar una serie de créditos sanos y colocarlos en el mercado. Es decir, sacarlos del balance, al venderlos a inversores y, al mismo tiempo, transferir el riesgo asociado a esos préstamos y lograr dinero contante y sonante con su venta.
Los dueños originales de los créditos son habitualmente bancos, que empaquetan los préstamos al consumo, los de tarjetas de crédito y de compra de vehículos, y las hipotecas, entre otros. Después los ceden a otros vehículos, denominados fondos de titulización. Estos son patrimonios separados de las entidades financieras que aportan los activos. Los fondos son los que, en última instancia, emiten los bonos, respaldados por los activos que tienen en balance.
En una suerte de círculo virtuoso, hasta que el mercado se secó por el creciente temor a impagos motivados por la crisis subprime, las entidades financieras titulizaban los créditos, esencialmente hipotecas, y conseguían financiación adicional para conceder nuevos créditos. Esta fórmula de obtener liquidez finalizó de forma abrupta.
Eso sí, las titulizaciones no murieron por completo. La banca española continuó creando los fondos, con la salvedad de que los bonos no se vendían a los inversores, sino que se los autocompraba, con el objetivo de llevarlos después a la ventanilla de liquidez del BCE. A cambio de un descuento, el organismo convierte esos títulos en cash.
El anteproyecto de fomento de la financiación empresarial da una vuelta de tuerca a la legislación española de titulizaciones. El objetivo es que vuelvan a venderse en el mercado y que favorezcan “el crecimiento de la financiación”, como ocurría hace siete años.
El pico del ciclo de las emisiones de bonos de titulización tuvo lugar en 2007, cuando el importe rozó los 142.000 millones de euros, según los datos de la CNMV. La escalada desde los 7.308 millones que se emitieron en 2000 implica un ascenso de más del 1.800%. Tras el verano del estallido de la crisis de las hipotecas basura se siguieron registrando emisiones, pero en realidad no acababan en manos de terceros inversores, sino en las arcas del BCE. El año pasado, el importe emitido de bonos y pagarés de titulización se quedó en unos 30.000 millones de euros. Fuentes financieras apuntan a que el mayor apetito por activos más rentables, la pérdida del miedo a España y la nueva regulación permitirá reactivar el mercado de las titulizaciones. Una de las novedades es que se unifican los fondos de titulización hasta ahora de dos clases: los que agrupaban de préstamos hipotecarios y los que acogían otro tipo de créditos.
Los fondos también podrán conceder garantías a favor de otros pasivos emitidos por terceros. Se posibilita así la opción de que los flujos de los créditos que tengan en balance las entidades puedan ser garantes de otras emisiones.
Otro cambio sustancial es que se amplían los poderes de los fondos para gestionar los derechos de crédito que controlan. Así, podrán vender o sacar partido de la ejecución de garantías, ya sean hipotecarias o no. También se les permite vender o alquilar los inmuebles. Incluso se les autoriza a acudir a colocaciones de otros activos que incorporen derechos de crédito. Estos cambios van destinados a “flexibilizar la operativa de estos instrumentos, y suprimir aquellos obstáculos que impiden replicar en España determinadas estrategias innovadoras de titulización de probado éxito”, señala Economía en el anteproyecto.
Pero también hay otra vertiente que el Gobierno toca con la nueva norma: se estrecha el control sobre las emisiones. De entrada, las entidades cedentes se deberán quedar con un mínimo del 5% de la deuda emitida por el fondo. Yesta deuda se situará en último lugar en el orden de prelación. La CNMV tendrá además un control absoluto sobre el proceso de creación de los fondos.
