El BCE advierte a la banca que deberá provisionar su cartera de deuda
El test de estrés y el ejercicio de valoración de activos que preparan el Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria Europa (AEB por sus sigles en inglés) “será más exigente que en otras ocasiones”, advertía ayer la institución presidida por Mario Draghi. Entre las mayores amenazas, al menos para la banca española, figura el tratamiento que se conceda a deuda pública. Una amenaza que, de materializarse, podría obligar incluso a provisionar generosamente la cartera de vencimiento o aquellos títulos que las entidades quieren mantener hasta su reembolso.
Ayer, de momento, el BCE señaló, en línea con lo manifestado el pasado viernes por la EBA, que “la exposición al riesgo soberano en la cartera de deuda a vencimiento será tratada del mismo modo que otro riesgo de crédito en esa cartera, el impacto de los escenario de pérdidas o impago serán calculados y resultarán en mayores provisiones”. La cartera de deuda disponible para la venta y la de negociación tendrán que ser valoradas a precio de mercado.
Fuentes financieras reconocen que este es uno de los aspectos más preocupantes para la banca española de cara a los test de estrés. El sector, que ya saneó en profundidad los riesgos relacionados con la abundante cartera de crédito vinculada al sector inmobiliario, tiene en balance deuda soberana por 246.700 millones de euros.
A la inquietud por el impacto de los tests de estrés en esa cartera se suma la preocupación por el desarrollo regulatorio en marcha, que también apunta hacia la penalización de la deuda pública.
La nueva normativa Basilea III que entró en vigor este año –y para cuya completa aplicación existe de plazo hasta 2019– establece cambios en los denominados filtros prudenciales en la cartera de deuda disponible para la venta.
Hasta el momento, los reguladores nacionales podían liberar a los bancos de reconocer el impacto en capital de la plusvalía o minusvalía latente en esa cartera de deuda. Pero, de acuerdo a Basilea III, solo podrán conservar esa potestad hasta 2016 y, en cualquier caso, el destino del sector es reconocer esa ganancia o pérdida latente en su capital plenamente en 2019.
El BCE deberá ahora decidir cómo aplica este cambio regulatorio en los test de estrés, es decir, si opta por reconocer ya en la prueba una aplicación gradual –del 20% este año según el calendario paulatino de aplicación hasta 2019– o si se decide que los supervisores nacionales sigan aplicando esos filtros prudenciales como hasta ahora. En cualquier caso, el uso de esos filtros se detalará en el resultdo del test, para que quede patente cuál es la contribución en capital de una normativa regulatoria condenada a desaparecer.
La decisión que se tome en el seno del BCE y del Consejo de Supervisión sobre la novedad que introduce Basilea III será por tanto de especial relevancia para la banca española y abre un nuevo frente de dura negociación a nivel europeo, según señalan con preocupación fuentes del sector.
En esa negociación, algunos países, con Alemania al frente, abogan por equiparar a la deuda pública con cualquier otro tipo de activo, lo que obligaría a provisionar sus posibles riegos de impago.
A buen ritmo
En paralelo a esa discusión, avanza la preparación logística de los tests. A buen ritmo, según aseguró ayer el BCE. La primera recopilación de datos de los bancos ya se ha completado y ahora comienza una segunda fase en la que se seleccionará un conjunto de activos –al menos el 50% de los activos ponderados por riesgo de las entidades a examen– con el fin de comprobar que están contabilizados en balance de la manera correcta, es decir, reflejando con exactitud los riesgos que entrañan.
Ese análisis aspira a sacar a la luz todos los focos de riesgo. Y sus resultados servirán de base para el test de estrés posterior, con el que se inaugurará la supervisión única europea, en noviembre de este año.
Especial foco en la actividad con derivados
El ejercicio de valoración de activos, previo al test de estrés del BCE, pondrá un foco de atención especial en los derivados y en los activos financieros de mayor riesgo, que la propia institución define como activos ilíquidos y de difícil valoración. A menudo se trata de activos de mercados no regulados, en los que se fraguó en buena parte la crisis financiera. Y, en colaboración con los reguladores nacionales, el BCE ha elaborado una lista de entidades financieras europeas en los que se revisará este tipo de activos. El listado lo forman un total de 29 entidades bancarias, entre las que figuran los españoles Santander y BBVA. Aparecen también los cuatro grandes bancos italianos –Unicredito, Intesa SanOapolo, Mediobanca y Monte dei Paschi– y un total de nueve bancos alemanes, los más numerosos.