El Gobierno prepara nuevas fórmulas para inyectar liquidez a las pymes
La iniciativa persigue poner en marcha fórmulas alternativas a la financiación bancaria Las nuevas fórmulas serán aprobadas en el marco de la Ley Financiera
El crédito a las pymes sigue sin fluir. La reestructuración del sector financiero y la caída de la actividad económica han provocado un cambio muy importante en la relación de las empresas con las entidades financieras. Muy pocas consiguen préstamos y las que lo hacen es a intereses muy elevados. Una situación que no parece que vaya a cambiar a corto plazo, debido a que el proceso de saneamiento de los bancos aún no ha concluido. En este contexto, el Ejecutivo se ha fijado como prioridad crear mecanismos alternativos a los tradicionales de la banca y mejorar algunos de los que más se utilizan para aportar liquidez a las pymes. Algunos de ellos, como las emisiones de deuda a través del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), han arrancado con escasa acogida, por lo que el Gobierno ya baraja otros instrumentos para tratar de inyectar liquidez a las empresas de más reducida dimensión, que no tienen acceso a la sobreabundancia de liquidez que hay en los mercados internacionales y de la que se están beneficiando las grandes empresas. Estas son algunas de las ideas que baraja Economía y que podrían plasmarse en la Ley Financiera, que se aprobará a finales de marzo.
Pólizas de crédito
Fuentes empresariales revelan a CincoDías que la supresión sin previo aviso de las pólizas de crédito a corto plazo está ahogando a muchas pymes. En el contexto de la reestructuración de las entidades financieras, los préstamos a largo plazo han desaparecido prácticamente. La única vía de liquidez que le queda a las empresas son las pólizas de crédito a corto plazo y estas están siendo canceladas, tal y como advierten esas fuentes, sin previo aviso por las entidades financieras. ¿Por qué se está produciendo esta situación? Las mayores exigencias a los bancos les están obligando a pedir desde el primer recibo, además del pago de interés, parte de la amortización del principal. Algo que, en el actual escenario económico de recesión, es inviable para las empresas en mejores condiciones. “Lo que quiere hacer el Gobierno es apretar las tuercas a la banca para que corte de forma masiva esas pólizas. Que una empresa no pueda hacer frente al principal no significa que no sea solvente”, apuntan las citadas fuentes. De hecho, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ya advirtió la semana pasada en una entrevista con este diario que sería necesario un preaviso, tanto para la cancelación, como para el cambio de condiciones.
Fondo de facturas
Ante la falta de crédito a corto y largo plazo, las empresas han optado por mecanismos como el confirming o el factoring bancario como alternativas para conseguir liquidez. Se trata de fórmulas en las que las compañías presentan sus facturas a la entidad financiera, esta se las abona aunque no hayan sido cobradas y el beneficio que obtiene es que se le hace un descuento sobre el importe total de la deuda. “En la actualidad, es el principal mecanismo de financiación de las pymes”, subrayan. Lo que el Ejecutivo estaría sopesando es crear un mecanismo atractivo fuera del sector bancario para que gestoras multinacionales tuvieran un incentivo para empezar a comprar deudas empresariales con descuento.
Un buen ejemplo del recurso mayoritario del factoring ha sido el último plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Gobierno para saldar la deuda comercial de las administraciones públicas hasta el 31 de mayo de 2013. La asfixia financiera de muchas empresas, algunas de un tamaño importante, obligó al Ejecutivo a alcanzar un acuerdo con un grupo de entidades financieras para que aquellas compañías con mayores urgencias pudieran vender sus deudas con un descuento y así obtener liquidez inmediata.
Inversión colectiva
El objetivo es potenciar ciertas figuras de inversión colectiva para facilitar la financiación en empresas no cotizadas y su uso como canalizadores de financiación privada. Fuentes empresariales apuntan a que lo que se pretende es ofrecer incentivos a las instituciones de inversión colectiva para que también opten por aportar capital en las empresas no cotizadas. Tradicionalmente, estas instituciones se han mostrado partidarias de no explorar esa vía por la falta de liquidez que presentan. Si optan por entrar en una empresa cotizada, ésta forma parte de un mercado y siempre puede optar por vender su participación a otro agente económico, aunque sea con pérdidas.
Capital riesgo
Los expertos consultados señalan que el Gobierno también está trabajando en mejorar el diseño de los instrumentos de los que dispondrán los fondos de capital riesgo para canalizar recursos a las empresas. “Se debería fomentar la implicación de los fondos de capital riesgo en el capital expansión”, subrayan. En su opinión, se debe pasar del actual esquema, en el que el capital riesgo actúa para que una compañía sustituya a otra en el accionariado comprando su participación, otro en el que la prioridad debe ser captar fondos para garantizar el crecimiento de la compañía.
También, señalan que es imprescindible mejorar el modelo para atraer fondos de capital riesgo a España. Estos deben evitar, en su opinión, trámites complejos para presentarse a una licitación, como el hecho de estar registrados en la CNMV. “Tampoco se ofrecen ventajas a la hora de comprar la aportación que hace el Estado (como la realizada por el ICO a través del FondICO) a ese fondo, con lo que al final el inversor prefiere dirigirse a otro país”, subrayan.
Proveedores
La principal razón que ha provocado el cierre de más de medio millón de empresas desde el inicio de la crisis ha sido la morosidad de las administraciones públicas y de las empresas. Consciente de ello, el Ejecutivo ya ha aprobado, aunque está pendiente su diseño, un mecanismo para garantizar que las administraciones públicas paguen sus facturas en el plazo marcado por ley (30 días). Ese mecanismo, que no irá en la Ley Financiera y que se desarrollará en la Ley de Deuda Comerical, facultará a Hacienda para abonar la factura al proveedor desde el primer día del impago. Ese importe lo recuperará a través de las transferencias a autonomías y ayuntamientos.
En el caso de la morosidad empresarial, la única vía que se ha comprometido el Ejecutivo a estudiar es la fijación de un régimen sancionador para aquellas que no cumplan sus plazos de pago (60 días). CiUya ha presentado una proposición de ley que marca un conjunto de sanciones, con un máximo de 900.000 euros, y de faltas que conllevarían un cierre temporal de dos años.