Editorial

Ahorro, fiscalidad y pensiones

El cortejo de quejas por la inesperada subida de las cotizaciones a la Seguridad Social que entró en vigor en diciembre llegó ayer a las aseguradoras, que gestionan dos productos básicos utilizados como pago en especie en las empresas, ambos convertidos desde ahora en base de cotización: los planes de pensiones de empresa y los seguros médicos. Entienden estas compañías que la sobrecotización dispuesta es un castigo desproporcionado al ahorro finalista de los españoles, que no servirá para otra cosa que para desincentivar la capitalización de fondos, tanto por parte de las empresas como de sus empleados.

Como si fuere un eco de estos argumentos financieros, la ministra de Empleo hizo ayer una encendida defensa del carácter público de las pensiones, como mecanismo estabilizador del país. Lo hizo, eso sí, sin menoscabar la importancia que concede a los fondos privados en el aseguramiento de la vejez. Como la Seguridad Social tienen sombras de duda sobre su sostenibilidad, es deber de sus gestores despejarlas ampliando las aportaciones a conceptos que en otros países son moneda común. Pero no es deber que precise menos atención cuidar la fiscalidad del ahorro tanto para quitarle presión a la Seguridad Social, como para capitalizar una de las economías con menos recursos propios de la UE.

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