El inquietante vuelo de los ‘fondos buitre’ sobre Codere

La complicada situación financiera de algunas compañías es aprovechada por los fondos extranjeros para hacerse con su control. Los hedge funds compran deuda muy descontada con el objetivo de cobrar su nominal o superior y en algunos casos apoderarse de su capital.

Esta situación es la que parece estar viviendo Codere, en preconcurso desde el 2 de enero, tal y como señalan fuentes próximas a la compañía. Sin embargo, la delicada coyuntura de la empresa, que el 15 de enero entró en impago técnico, se remonta a mayo de 2013 cuando Moody’s rebajó su nota a solo dos escalones por encima del impago de deuda (Caa3). La decisión de la agencia obedecía a que Codere –que cuenta con miles de pequeños accionistas– no había logrado refinanciar una línea de crédito de 60 millones que mantenía con BBVA, Credit Suisse y Barclays. A partir de entonces, las acciones se desplomaron a mínimos históricos, mientras la rentabilidad de sus bonos subían y los seguros de impago se disparaban más allá de 3.000 puntos básicos.

En medio de este escenario, en el que el grupo llegó a contratar los servicios de Perella Weinberg para reestructurar su deuda, la empresa se vio obligada a la reformular sus cuentas de 2012.La detección de dos “errores contables” tal y como indicó la compañía a la CNMV, provocó un incremento de sus pérdidas en 31 millones hasta los 134 millones.

En paralelo, Codere estaba en plena negociación para la renovación del crédito. A tan solo 15 días del vencimiento, la empresa comunicaba al regulador que no disponía de los recursos necesarios para abonar los 60 millones debido a la situación de estrecha liquidez “derivada de la indisponibilidad de fondos provenientes de Argentina”, país en el que además tuvo que renovar de manera anticipada las licencias de las salas.Esto supuso el desembolso de 107 millones, comprometiendo su situación en medio de un escenario de caída del consumo y de desconfianza hacia los activos latinoamericanos tras la expropiación de YPF.

Días antes de que venciera el plazo, los fondos GSO yCanyon compraron a las entidades financieras la línea de crédito. Solo quedaba la ratificación por parte de Codere. El 13 de junio la empresa comunicó a la CNMV que había dado su consentimiento “para la cesión de su posición en favor de Canyon y diversos fondos gestionados por GSO” tal y como indicaba en el hecho relevante.Entre las condiciones pactadas, además del plazo (seis meses), el importe máximo (100 millones) y el tipo de interés (líbor más 7,5% frente al anterior de líbor más 4,5%), se incluía una cláusula por la que se invertía el orden de prelación. Es decir, antes de pagar el dinero a los bonistas la empresa debería abonar la línea de crédito y tenía que “amortizar anticipadamente la totalidad de la financiación sénior”, según lo indicado al regulador. No obstante, fuentes próximas a la compañía mantienen que los bancos no comunicaron a Codere la venta de la deuda a los fondos, algo que según señalan “están obligados”.

El vencimiento de la deuda bancaria era inminente y según las mismas fuentes en el proceso de negociación los fondos amenazaron con exigir el inmediato reembolso si la compañía no accedía a aumentar los intereses y renunciaba a presentar reclamaciones. A pesar de la información remitida por Codere a la CNMV, en donde se estipula un interés del 8,25% anual o del líbor más 7,5%, fuentes cercanas a la empresa aseguran que el tipo de interés efectivo exigido llegó a ser del 117%, incluyendo comisiones que ellos califican de intereses encubiertos. Después de varias negociaciones, rebajaron sus pretensiones iniciales al 40% anual. Pero las condiciones de los fondos no terminan ahí, según los escritos remitidos por Codere a la CNMV.La empresa se vio obligada a realizar un impago de los intereses de los bonos, algo que, siguiendo sus palabras, obedecía a la compra encubierta de seguros de impago por parte de los acreedores, que se beneficiaron de la cobertura.

Estos hechos llevaron a la compañía propiedad de la familia Martínez Sampedro –que controla el 68,5% del capital–a solicitar a la CNMV la apertura de una investigación para esclarecer la actuación de los hedge funds. Preguntado al respecto, el organismo que preside Elvira Rodríguez declina hacer declaraciones, pero todo apunta a que el regulador está investigando los movimientos de los fondos. Fuentes cercanas a Codere afirman que el principal objetivo de estos es hacerse con la propiedad de la compañía. Cuando Codere propuso pagarles el nominal de su deuda aplazándolo en el tiempo con una moratoria de intereses, estos se negaron.“No quieren que se les devuelva el dinero, quieren las acciones”, señalan las fuentes consultadas.

El problema de endeudamiento de la compañía se vio agravado por la crisis del consumo, la competencia del juego online y la dinámica seguida en América Latina. Ante el elevado nivel de apalancamiento la empresa decide reorganizar su negocio mediante la venta de activos. Para ello intentó tomar el control en México y emitió 300 millones de dólares en nueva deuda para hacer la operación.

Las discutidas praxis de los ‘hedge funds

En los últimos meses, los fondos buitres están adquiriendo especial relevancia, pero sus actuaciones en ocasiones rozan el equilibrio inestable con la legalidad, lo que según fuentes del mercado debería ser investigadas por las autoridades para ponerles freno. Además de ejecutar opas hostiles existen otros efectos negativos como el aumento de los impagos de préstamos al exigir condiciones de refinanciación inasumibles.A ello se suma que en la toma del control de compañía españolas por parte de los fondos buitre, estos priorizan los objetivos económicos aunque para ello tengan que sacrificar otros intereses, como los laborales. Ante este escenario, algunas voces, como en Codere, exigen que se abran investigaciones con el fin de crear un marco regulatorio que impida estas prácticas. Las fuentes consultadas explican que estas compañías suelen perseguir la aplicación de legislaciones diferentes a la española que les sean más favorables. En la ley concursal española es mucho más sencillo el caso de liquidación que el de toma de control, lo cual va en contra de