El ministro de Hacienda promete que no habrá más filtraciones
Montoro ofrece pactar un estatuto que regule la Agencia Tributaria
EFE

Montoro ofrece pactar un estatuto que regule la Agencia Tributaria

La designación de personal priorizará los méritos y la capacidad profesional

Se fijaría un calendario de comparecencias públicas para rendir cuentas

Un mes después de que el conflicto en la Agencia Tributaria saltara por los aires con la destitución de una inspectora de Hacienda del área de grandes contribuyentes por oponerse a reducir la sanción a una multinacional, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, compareció en el Congreso para dar explicaciones sobre este asunto, sobre el que hasta ahora había guardado un mutismo absoluto. Tan solo el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, o el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, habían salido a la palestra para desdramatizar un conflicto que consideraron habitual cuando se producen cambios de personal en la Agencia Tributaria. “Tan solo ha afectado a una decena de personas sobre una plantilla de 27.000”, puntualizó Ferre.

Consciente de que no podrá cerrar el conflicto sin apoyo parlamentario, Montoro ofreció a la oposición pactar un estatuto de la Agencia Tributaria que defina con claridad cómo se realizan sus nombramientos y que refuerce los mecanismos para evitar filtraciones desde el organismo, sacudido por la polémica. Este estatuto, pendiente desde la creación de la Agencia en 1992, servirá, según Montoro, para reforzar los procedimientos para evitar unas filtraciones que no son “admisibles” ni “tolerables”, ha subrayado. “Nadie puede entender que su caso va a ser exhibido hasta que no esté culminado”, apuntó. El titular de Hacienda recordó que también tiene el proyecto de cambiar el artículo 95 de la Ley Tributaria, que establece que los datos fiscales no pueden ser revelados por aquellos que los conocen por razón de su cargo, “para que los españoles conozcan las condiciones de muchos contribuyentes, por ejemplo la morosidad”.

Este estatuto, paralizado desde que se incluyó en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 1998, tendría tres grandes ejes:definir la estructura organizativa y funcional, regular la designación de personal y establecer un calendario para la rendición de cuentas públicas. En el primer apartado se definirían las funciones y las competencias asignadas a cada cargo y se establecería un esquema de trabajo para coordinar el trabajo del área central y de las territoriales.

Respecto al nombramiento y cese de personal, el punto que ha generado la dimisión en cadena de más diez altos cargos en la Agencia, se establecerían unas reglas “claras y sencillas” para la designación de personal en la que se valoraría por encima de otros criterios el mérito y la capacidad. Fuera de este apartado quedarían los cargos de confianza. El estatuto también fijaría un calendario de comparecencias públicas para rendir cuentas ante el Congreso y el Senado, algo que ahora no existe, e incluso serviría para conocer el patrimonio y los recursos que dispone este organismo público para financiarse.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) advirtieron de que un eventual estatuto de la Agencia Estatal Tributaria, plantea el “peligro” de que esta acabe sirviendo a intereses corporativos.

Ayer, Montoro decidió pasar al contraataque y sacó toda la artillería pesada para desmentir todas las informaciones que han salido sobre ese caso. Insistió en que “jamás” ha habido injerencias políticas en la labor de la Agencia y rechazó que hubiera achacado esos cambios a cuestiones ideológicas. “Gracias a esta situación me he dado cuenta de que en la unidad de grandes contribuyentes hay al menos seis altos cargos políticos del gobierno socialista ocupando puestos relevantes”, señaló. Lo que sí confirmó es que en una conversación informal con periodistas durante la celebración de los actos del Día de la Constitución señaló que la cúpula de la Agencia Tributaria estaba llena de socialistas. El ministro de Hacienda lo justificó en que cada vez está “más torpe” y se expresa “más torpemente”.

Críticas a los medios

El titular de Hacienda reservó gran parte de su intervención para arremeter contra los medios que se han hecho eco del conflicto en la Agencia Tributaria. Incluso algunos lo han ligado a los contratos que tenía firmados Montoro y Asociados, la empresa de consultoría creada por Montoro en 2006, con la multinacional a la que se le rebajó la multa. “En mi condición de ministro y personaje público veo continuamente reportajes que tratan de relacionarme con un pasado que no es presente. Esos reportajes los veo en determinados medios que por cierto tienen bastantes problemas económicos, y lo sé porque vienen a mi despacho a contármelos”, dijo.

La respuesta de Montoro se produjo tras la intervención del portavoz socialista de Hacienda, Pedro Saura, en la que le preguntó si tenía alguna relación que pueda llevar a un “conflicto de intereses” entre la multinacional y la consultora que la asesoró en materia fiscal. Montoro afirmó no tener “ninguna relación profesional con ninguna empresa”, ni con Cemex u otros contribuyentes, ni tampoco con su asesoría, de la que se desligó totalmente en 2008 al recuperar el puesto de parlamentario como portavoz de Hacienda de la oposición. “Y completamente significa que vendí las acciones que tenía. No tenía por qué haberlo hecho, porque era compatible con el Estatuto del Diputado, pero yo sé que no debía buscar esa compatibilidad y desarrollé toda mi labor de oposición sin ninguna relación profesional, ninguna, por mucho que quieran buscarla”, rebatió visiblemente enfadado con el portavoz socialista.

Unas explicaciones que no contentaron al principal partido de la oposición, que no descartó la posibilidad de solicitar la creación de una comisión de investigación para dilucidar responsabilidades políticas en este conflicto. Otros, como el diputado de la Izquierda Plural por Asturias, Gaspar Llamazares, fueron más allá al afirmar que temía que el Gobierno tuviera intención de aprobar una “ley mordaza” para medios de comunicación e inspectores de la Agencia Tributaria que discrepen del Gobierno.

 

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