Los proveedores que quieran cobrar este año tendrán que aceptar una quita
Las empresas ya han renunciado a 1.336 millones en intereses de demora en 2012 La deuda autónomica pendiente de pago podría superar los 14.000 millones
La Comisión Delegada para Asuntos Económicos dio luz verde el jueves a la última fase del plan para liquidar la deuda comercial. Este año ya ha destinado 6.500 millones para saldar las deudas impagadas de los proveedores que no entraron en el primer plan de pago, con facturas pendientes de pago anteriores al 31 de diciembre de 2011, y las de aquellos que acumulaban impagos de conciertos en materia de educación y sanidad, considerados como sectores prioritarios, entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de mayo de 2013.
La última fase corresponde a los impagos acumulados por las autonomías entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de mayo de 2013 y es la parte más importante de toda la deuda comercial acumulada por las administraciones públicas. Las autonomías pueden presentar hasta el 23 de octubre las facturas impagadas y los proveedores disponen de otros quince días para comprobar si todas han sido incluidas. A lo largo de noviembre, Hacienda valorará el plan de ajuste que deberán presentar las autonomías y a partir del 1 de diciembre está previsto que se active el mecanismo de pago. Las primeras estimaciones apuntan a que el importe de la operación podría superar los 14.000 millones de euros.
El problema es que el Ejecutivo solo dispone de 1.700 millones adicionales hasta final de año para hacer frente a esas deudas, que se empezarán a abonar a partir del 1 de diciembre. El resto del dinero se hará efectivo a partir del 1 de enero y procederá fundamentalmente de las reservas del Tesoro y de los excedentes que se han ido acumulando en las distintas emisiones de bonos y obligaciones de los últimos meses, en las que la demanda ha superado el máximo establecido. El calendario de emisiones del Tesoro está prestablecido y eso imposibilita que se recurra a una emisión extraordinaria, ya que podría enviar un mensaje negativo y disparar la prima de riesgo, algo a lo que no está dispuesto el Ejecutivo, que prevé ahorrar 5.000 millones este año por la caída de los costes de financiación.
En este escenario, el Ejecutivo ha optado por priorizar el pago a aquellas empresas que tengan mayores problemas de tesorería o de liquidez y a las que les urja cobrar cuanto antes. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha alcanzado un acuerdo con los cinco grandes bancos (Santander, BBVA, CaixaBank, Popular y Sabadell) para que aquellas empresas que quieran puedan cobrar sus facturas en diciembre con un descuento.
“Las empresas tendrán que negociarlo con cada entidad”, apuntan fuentes de Hacienda que creen que no será muy elevado, “puesto que el que tenga capacidad para aguantar, no abonará el descuento y podrá esperar otros tres meses”. Esa decisión dependerá de las necesidades de liquidez de la empresa o de sanear los balances de cara al próximo ejercicio.
Se trata de una segunda quita, ya que los proveedores que se adhieran a este mecanismo para cobrar sus impagos deberán renunciar a los intereses de demora acumulados por esa deuda. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que aúna a un millón de empresas y a 4,5 millones de empleados, cifra en 1.336 millones de euros el importe acumulado en 2012. De esa cantidad, 742 millones correspondían a las comunidades autónomas, seguidas de las administraciones locales, con 435 millones, y del Estado, con 189 millones.
La activación de la última fase y la posibilidad de adelantar el cobro ha sido muy bien recibida entre las patronales Fenin (productos de tecnología sanitaria) y Farmaindustria (laboratorios farmacéuticos), aunque subrayan que esa última medida beneficiará especialmente a las empresas de tamaño mediano. “Las multinacionales tienen más aguante y esperarán”, subrayan.
Hacienda controlará el plazo medio y la deuda
Al mismo tiempo que el Ejecutivo liquida la deuda comercial para poner el contador a cero, está prevista la aprobación del anteproyecto para el control de la deuda comercial, en el que se fija por ley que el plazo de pago de las administraciones públicas no podrá superar los 30 días. Un límite que en primera instancia no se cumplirá, teniendo en cuenta que un gran número de comunidades autónomas paga sus facturas a 300 días, diez veces más de lo permitido.
Consciente de ello, el Ejecutivo establecerá una serie de mecanismos de corrección que en última instancia supondrán la pérdida de la participación en los ingresos del Estado siete meses después del primer aviso. El 1 de febrero, todas las administraciones estarán obligadas a publicar su plazo medio de pago a los proveedores. Si supera los 30 días fijados por ley, Hacienda les obligará a elaborar un plan de tesorería en el que especifiquen los recursos y las medidas de reducción de gasto o de aumento de ingresos previstas para revertir la situación. Si la demora persiste otros dos meses, la Administración deberá consignar una partida mensual con la que pagar a sus proveedores. Si el plazo medio de pago de 30 días se supera durante cinco meses consecutivos, Hacienda podrá autorizar determinadas modificaciones presupuestarias y operaciones de endeudamiento a largo plazo. Finalmente, si la situación persiste durante siete meses seguidos, Hacienda podrá retener su participación en los ingresos del Estado de forma indefinida hasta que la Administración incumplidora logre pagar a 30 días al menos durante seis meses consecutivos. Algo que ya hace con los ayuntamientos para saldar deudas pendientes con la Seguridad Social o la Agencia Tributaria.
