Competencia acusa a los fabricantes de coches de manipular los precios
Califica de "muy graves" las conductas analizadas Expertos en derecho de la competencia dan por hecho que un chivato colabora con la CNC Las multas ascendería al 10% de la facturación de los infractores
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) abre el nuevo curso incoando el mayor número de expedientes abiertos nunca a un mismo sector: el del automóvil. Hasta siete actuaciones contra los principales distribuidores, importadores y concesionarios del sector, a los que acusa de pactar precios, condiciones comerciales y de servicio, y de intercambio de información sensible.
Están casi todas las marcas que fabrican o distribuyen en España, entre ellas Volkswagen, Nissan, Toyota, Renault, Peugeot Citröen, General Motors, Ford, Fiat, Kia o Chrysler, y en algunos casos, casi la práctica totalidad de sus redes comerciales.
La CNC asegura que la conductas investigadas se consideran como muy graves y detalla que "las multas podrían suponer hasta un 10% del volumen de negocios total de las entidades infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la multa". En el caso de concesionarios de gran tamaño, como es algún caso, su facturación puede alcanzar los 200 millones de euros o incluso superarlos, según indican fuentes del sector. El elevado número de expedientes se debe a las muchas empresas implicadas, y al hecho de que no se acusa de lo mismo a todas ellas.
Por posible fijación de precios e intercambio de información señala a la red de distribución de Volkswagen, Audi y Seat. En concreto, a medio centenar de concesionarios de estas marcas y a sus patronales: ACEVAS, de Volkswagen, Audi y Skoda, y a ANCOSAT de Seat. También apunta en este sentido a Nissan Iberia, a Toyota, a Land Rover, a Hyundai y Opel.
El resto de las marcas mencionadas son acusadas de forma individualizada de acuerdos para el intercambio de información "comercialmente sensible y estratégica".
Como siempre apunta en estos casos, la CNC aclara que la apertura de expedientes no significa la culpabilidad de los afectados. Éstos, en los próximos 18 meses, deberán aportar la información que se les requiera y, concluido el plazo, el organismo decidirá el número de sancionados y el montante, que podría significar, dada la magnitud de los implicados, la mayor sanción realizada nunca.
Expertos en derecho de la competencia consultado por Cinco Días aseguran que un expediente de este calado es imposible de de articular sin contar con alguien que desde dentro haya denunciado alas presuntas practicas ilegales a la CNC y que esta hay aplicado el programa de clemencia previsto en la legislación.
