El descuelgue de convenios se triplica por el menor consumo e inversión
Los cambios han afectado a 110.000 empleados, un 340% más que en 2012 El 70% de los afectados trabaja en empresas de más de 250 trabajadores
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, inaugura hoy la ronda de comparecencias en el Congreso para hacer un balance de la reforma laboral tras un año y medio de vigencia. El informe sobre el que la ministra dará explicaciones ya fue presentado en el Consejo de Ministros del 2 de agosto y en él se hacía una encendida defensa de la reforma, advirtiendo que había evitado 225.800 despidos en su primer año de aplicación (febrero 2012-febrero de 2013) y que había aumentado la flexibilidad por parte de las empresas.
El primer enunciado es difícil de contrastar, en la medida que se basa en cálculos teóricos, mientras que el segundo sí se puede comprobar a través de una de las medidas estrellas de la reforma laboral:el descuelgue de los convenios, algo que hasta el pasado ejercicio era imposible. La nueva norma establece cuatro supuestos a través de los cuales las empresas pueden inaplicar las condiciones pactadas: económicas (la existencia de pérdidas o la caída de ingresos durante dos trimestres consecutivos), técnicas, organizativas o de producción. En todas ellas las nuevas condiciones prevalecerán hasta que no se pacte un nuevo marco de trabajo.
Datos del mercado laboral
Inaplicaciones: El pasado mes de abril fue en el que más descuelgues se han producido desde que se aplica la reforma laboral (marzo de 2012). Ese mes se produjeron 256 inaplicaciones que afectaron a 44.319 empleados.
Negociación: El retraso que está sufriendo la negociación colectiva (apenas se han registrado 904 convenios frente a los 1.209 de 2012) augura una avalancha de convenios para la segunda mitad del ejercicio, lo que a su vez puede acelerar los descuelgues de las condiciones pactadas.
En los diez meses en los que se aplicó la norma el pasado ejercicio (marzo-diciembre), se aprobaron 748 descuelgues (2,5 al día) que afectaron a 29.352 trabajadores, mientras que en los siete primeros meses de 2013, esa cifra se ha elevado a 1.574 inaplicaciones (7,5 diarias) y el número de trabajadores afectados se ha cuadruplicado (110.358 empleados). Las razones de esa aceleración deben encontrarse en una demanda interna en caída libre que está afectando al quehacer diario de las empresas. En el último cuadro macroeconómico elaborado por el Ejecutivo, el consumo privado y la inversión no volverán a crecer hasta 2015, lo que anticipa que ambos indicadores seguirán bajo mínimos. Bajo esas dos premisas, las empresas seguramente optarán por la inaplicación de los convenios como una de las vías más rápidas para no despedir o cerrar la empresa.
Esa será probablemente la tesis que defenderá hoy la titular de Empleo para valorar los efectos positivos de la reforma laboral. Algo de difícil encaje y de peor promoción en un contexto de pérdida progresiva de puestos de trabajo: desde el inicio de la crisis se han destruido cerca de tres millones de empleos y el número de desempleados ha superado la barrera de los seis millones.
La posibilidad de no aplicar las condiciones del convenio se estableció como un salvavidas para las empresas pequeñas, con menos margen que las grandes para poder sobrevivir ante un cambio brusco en la actividad o en los pedidos. El 77% de los descuelgues se han producido en compañías de menos de 50 trabajadores, pero el número de empleados afectados por esos cambios apenas llegaba al 10% del total. El gran grueso de afectados corresponde a las empresas de más de 250 empleados, con 77.344 empleados afectados (el 70% del total), lo que invita a pensar que el descuelgue ha sido utilizado con mucha mayor intensidad entre las grandes compañías.
Por sectores, el principal beneficiario de los descuelgues ha sido el sector servicios, el único que ha resistido el chaparrón de la crisis frente al desplome de la construcción y el deterioro de la industria. El 80% de las empresas y de los empleados que han visto cambiadas sus condiciones de trabajo pertenecen al sector servicios, que emplea al 75% de los trabajadores en España.
Una moderación salarial sin precedentes
Otro de las principales aportaciones de la reforma laboral, tal y como recuerdan con insistencia del Ejecutivo es la moderación salarial en un contexto de crisis que ya va camino de su sexto año. Una contención que no se produjo en los cuatro primeros años (2008-2011) y que tuvo consecuencias dramáticas en el mercado laboral con un despido masivo de trabajadores. La moderación salarial y los descuelgues se introdujeron en la reforma laboral como una medida para tratar de frenar la sangría de la destrucción de empleo, algo que, a la vista de los resultados, no se ha logrado. Desde el Ejecutivo, sin embargo, achacan esa destrucción de empleo al empeoramiento de la situación económica y ponen en valor el impacto que la moderación salarial ha tenido en la ganancia de competitividad frente a la zona euro.
El salario medio pactado creció por encima del 3% entre 2000 y 2008 e inició una senda descendente hasta alcanzar el 0,65% en julio de este año (último dato disponible). Una moderación que se ha trasladado a todas las empresas y a todos los sectores de la economía. Por tamaño, la contención ha sido mucho más intensa en las grandes (la variación salarial media es del 1,53% en las micropymes y del 0,57% para las de más de 500 empleados). Por sectores, el que mayor esfuerzo ha hecho es el de servicios, con un alza del 0,50%.