Tribuna

El futuro de las relaciones institucionales

En los últimos meses los profesionales de las relaciones institucionales observan con expectación los intentos de regulación de este sector. Agencias de comunicación, bufetes de abogados y consultores especializados tienen la vista puesta en el proceso legislativo de la conocida Ley de Transparencia.

Una ley que, pese a ser presentada como la panacea a los problemas de corrupción y estar llamada a dar luz sobre las actividades de lobby en España, no alcanza en el trámite parlamentario los resultados que muchos esperaban de ella, por lo que habrá que esperar a una nueva ley que regule expresamente a los grupos de interés.

Las relaciones institucionales en nuestro país se han venido desarrollando desde un prisma opaco donde primaban las relaciones personales por encima de la estrategia, donde la mayoría de los profesionales contaban con una nutrida agenda de contactos para cabildear con el consiguiente riesgo de acabar imputado.

La experiencia demuestra que de poco sirve ya la afirmación “yo tengo un amigo en…” o la frase mágica “esto se soluciona con una comida”. Los últimos escándalos de corrupción han levantado recelos en una clase política que aspira a ser cada vez más transparente. Donativos, almuerzos privados con líderes de opinión o regalos están más que nunca en el punto de mira, por lo que las relaciones institucionales se han vuelto cada vez más profesionales.

Las grandes agencias de comunicación y relaciones públicas internacionales han perfeccionado los procesos de relaciones institucionales para ofrecer a sus clientes la seguridad y tranquilidad de que las actividades de public affairs se realizan de acuerdo a criterios de transparencia internacional, cumpliendo las leyes de cada uno de los países y los protocolos anticorrupción de sus respectivas organizaciones.

La ausencia de una regulación nacional no debe servir de excusa para no cumplir con los códigos de conducta internacionales. En el sector de las relaciones institucionales: el código de conducta del registro de transparencia de la Unión Europea o la Lobbying Disclosure Act (LDA) de EE UU.

La LDA norteamericana de 1995 es la legislación federal que define al lobby como una actividad realizada por profesionales acreditados. Se define como lobbyista a aquel empleado que tenga más de un contacto institucional y cuya actividad de lobby para su empresa ocupe más del 20% de su tiempo. Es muy estricta en relación con el registro profesional dado que, a los 45 días de iniciar una acción de lobby, se debe registrar en los organismos correspondientes y está obligado a reportar informes semestrales de su actividad profesional tanto a la secretaría de Estado como a la Cámara de representantes, incluyendo la información de gasto económico de sus clientes. Todo orientado a garantizar la transparencia de la actividad del lobby.

La actividad de relaciones institucionales está por encima de las personas y sus relaciones para acceder a núcleos de decisión. Es un proceso, en la mayoría de los casos, internacional y multidisciplinar que engloba no sólo actividades de public affairs sino también servicios integrales de comunicación que fortalezcan y mejoren la reputación de los clientes.

Al final, nuestra labor, como profesionales de las relaciones institucionales, no debe centrarse exclusivamente en la gestión de influencia sino que, además, debe ir dirigida a la anticipación de los procesos de regulación: labores de vigilancia e inteligencia -conocer los actores y los procesos implicados dentro de un trámite parlamentario. Debemos contar con una capacidad de análisis y síntesis para elaborar la documentación oportuna para la legítima defensa de los intereses de nuestros clientes así como mantener una relación de confianza con los decisores políticos desde un prisma profesional. Todo esto, unido a un contacto permanente con los medios de comunicación y con la vista puesta en las nuevas tecnologías.

Estoy convencido de que una auténtica regulación de las relaciones institucionales que mantienen las empresas con las administraciones públicas será un elemento crucial en el desarrollo y crecimiento de nuestra democracia. Será el punto de encuentro ideal entre las necesidades de las empresas para generar crecimiento económico y la salvaguarda de los intereses generales del Estado. Servirá para tranquilizar a la opinión pública y delimitará las actividades de los diferentes grupos de presión en su participación en el juego político.

 

Alberto Lahoz es consultor de relaciones institucionales de Weber Shandwick 

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