¿Se cumplirá la transparencia propuesta?
Al no reconocer la clase política en el poder la realidad económica, se ha perdido un tiempo precioso. Es de esperar que con la ley de Transparencia la política económica se ajuste a la realidad y se recupere el tiempo perdido. Pero la vicepresidenta ha echado por tierra esas esperanzas al calificar las reformas propuestas en el informe CORA (Comisión para la reforma de las administraciones públicas) nada menos que de titánicas y revolucionarias, mostrando la inmensa capacidad de las palabras para enmascarar la realidad. Un programa de 217 medidas sólo puede “marear la perdiz”.
El jefe del ejecutivo siguió hasta cierto punto su ejemplo cuando, al alabar recientemente las numerosas reformas de calado llevadas a cabo por su gobierno, mencionó la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Han tenido que pasar 35 años para que uno de los dos partidos mayoritarios se dé cuenta del grave error cometido en 1978, cuando la discusión de la Constitución participó en la creación improvisada de las comunidades autónomas. Sólo apareció la elevada creación de empleo público pero fue incapaz de ver la fractura del mercado que con sus competencias las autonomías iban a crear y que ahora intenta corregir.
¿Cuántos años tendrán que pasar para que se lleve a cabo, de una vez por todas, la reforma de las administraciones públicas, cuyo elevado costo político y asfixiante maquinaria administrativa no puede soportar la economía y es uno de los frenos de la actividad?
Ante el temor de sus efectos electorales negativos y en la esperanza de que vendrán tiempos mejores de recuperación, el gobierno no puso en práctica la verdadera reforma de las Administraciones Públicas y se limitó a juzgar insuficientemente los retoques y correcciones superficiales del informe CORA.
¿Cuántos años tendrán que pasar para que se lleve a cabo la reforma de las administraciones públicas?
Estos tiempos de mejora parece que se basan en el fin inmediato de la recesión que preconiza el ministro Guindos, pero que no confirman un análisis de las tendencias de la economía ni la evolución de los factores de influyen en ella. No parece probable que, tras un declive de la demanda interna a una tasa anual del 5% en el primer semestre de este año, ésta se estabilice completamente después de forma autónoma ni que el sector exterior compense esa caída, pues la mejora de la competitividad registrada últimamente basada en la devaluación interna no es sostenible. Se reducirá el ritmo de recesión pero no se habrá eliminado todavía al final de 2013, registrando una caída en media anual del 1,8%.
Las perspectivas de recuperación razonable a partir de aquí no parecen muy favorables pues hay factores importantes que inciden muy negativamente. La creciente deuda soberana supera el 90% del PIB, camino del 100%, con un incremento del pago de intereses que actúan restrictivamente; no se sabe además cuándo el crédito al sector privado se va a recuperar del 10% de caída en términos reales, ni si se va a repetir la experiencia del Japón en los noventa cuando, como consecuencia de sus bancos ‘zombies’, ni se prestaba ni se liquidaba. A esto hay que añadir el efecto modesto pero restrictivo del ajuste fiscal.
Como consecuencia, sólo se puede esperar de la evolución de la economía en 2014 una modesta recuperación pero en media anual seguirá siendo negativa y llevaría a una caída del empleo y a un aumento del paro, si no fuese por las medidas de apoyo temporal al empleo juvenil. Y es de temer que en los años sucesivos la economía registre un mediocre crecimiento del 1% anual por las mismas razones, financieras en el Japón y falta de competitividad en Italia, que crecieron a ese ritmo durante diez años.
Lo realmente lamentable es que la economía española tiene todavía recursos para alcanzar un potencial del 1 al 2% anual si se corrige la falta de demanda interna, debido a la enorme cantidad de recursos que absorbe el costo de la política. Los dos partidos mayoritarios, que fueron los culpables de aumentar las administraciones públicas al elefanciaco y costoso nivel actual, están condenadas a tomar las medidas adecuadas, fundamentalmente fiscales, para transformar en demanda interna los 70.000 u 80.000 millones que se estiman vienen costando los 100.000 empleos adicionales creados alrededor de las ampliadas administraciones públicas.
La economía española tiene todavía recursos para alcanzar un potencial del 1 al 2% anual
Algunas de ellas sólo precisarían una decisión del gobierno pero otras que proponen la eliminación de elementos de las administraciones públicas necesitarían una modificación de la Constitución, que está al alcance de los dos partidos mayoritarios y que también sería necesaria para introducir listas electorales abiertas. Con ellas no solamente se incrementaría la democratización del país sino que afectarían muy positivamente a la corrección del elevado y creciente nivel de corrupción, que se extiende por todo el territorio, frena el crecimiento económico y deteriora la confianza tanto nacional como extranjera. La nueva ley electoral no eliminaría por supuesto la corrupción pero la haría mucho más difícil y arriesgada.
La alternativa a la pasividad política en ambos casos estaría incitando a que los llamados “indignados” no actúen con el mismo ‘buenismo’ que mostraron en su última movilización. Es de esperar sin embargo que impere el buen sentido en los dos partidos mayoritarios, pues los dos están en el mismo barco, y que se olviden de sus intereses partidistas y remen llevando la nave de la economía a buen puerto.
Anselmo Calleja es economista y estadista