Tribuna

Autoconsumo y pobreza energética

Si algo queda claro en las normas con las que el Gobierno pretende equilibrar las cuentas del sistema eléctrico es la triple penalización al consumidor. Establece una subida de la luz automática y permanente, hace inviables el ahorro de energía y el autoconsumo, y la diferencia del déficit se carga a los presupuestos del Estado, es decir, al dinero del contribuyente. Si el objetivo es elevar los ingresos del sistema, la visión recaudatoria de las medidas va a conseguir aumentar el déficit eléctrico al alentar un descenso aún mayor de la demanda.

La clave está en las normas de peajes y autoconsumo. En la tarifa más común -hasta 10 kW-, mientras el término de potencia se incrementa un 72%, el de energía se reduce un 22%. Se prima por consumir más y se penaliza a los consumidores por debajo de la media de consumo y a los que tienen menos recursos económicos; es decir, una medida antisocial.

Al autoconsumo se le obliga a internalizar todos los costes de la red, por su uso, inversiones, disponibilidad de centrales de respaldo, servicios de ajuste o verter ‘gratis’ energía a la red. Se le exige visibilidad y un ‘peaje de respaldo’ mayor que la factura energética que se ahorra por generarse su propia energía eléctrica con fuentes de energía renovable. Así, se pretende conseguir un efecto económico y energético irracional, ya que cuanta más energía se ahorre más cara será la factura y cuanto más se genere en el centro de consumo más costará el autoconsumo.

Si se considera que la potencia contratada por los consumidores en el conjunto de nuestro sistema eléctrico es cinco veces superior a la máxima que se demanda, no hay duda de que millones de consumidores van a considerar la revisión a la baja de la potencia que tienen contratada en la actualidad; la pretendida reforma se encamina a conseguir de esta manera el resultado contrario que pretendía y, de pasada, ahuyentar cualquier inversión innovadora en generación distribuida, que es la tendencia mundial.

En total contradicción con la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, publicada el 27 de junio en el BOE, en la que Fomento apuesta en su artículo tres por “priorizar las energías renovables frente a la utilización de las fuentes de energía fósil y combatir la pobreza energética con medidas de eficiencia y ahorro energético”, Industria va a condenar a millones de consumidores a la pobreza energética, a contratar por menos potencia y a desenchufar electrodomésticos para que no salte el limitador. ¿Es ese un proyecto de futuro? Al menos, el Gobierno y las eléctricas van a lograr algo inédito, conseguir que por primera vez el consumidor adquiera conciencia de que la electricidad es cara y el sistema eléctrico opaco y nada transparente; a partir de ahí la reforma se puede transformar en un bumerán.

Las nuevas normas son discriminatorias y arbitrarias con el ahorro de energía y las renovables. Un Gobierno sensato debería exigir a todas las fuentes energéticas lo mismo que ahora se exige al autoconsumo. Si se exige visibilidad al autoconsumo, también se debe exigir visibilidad y transparencia a los contratos del gas, a los precios de los carburantes, a los costes de la nuclear, a los de la gran hidráulica, a los del carbón, a los de fuel, a los costes de transición a la competencia, a las subastas de la tarifa de último recurso, a los pagos por capacidad y restricciones técnicas. Si se exige al autoconsumo que internalice todos los costes de la red, hasta los que no le corresponden, se debe exigir de la misma manera a todas las fuentes que internalicen todos sus costes reales y ambientales, incluyendo los de disponibilidad porque también la nuclear necesita respaldo. Si se aplica retroactividad positiva a la central nuclear de Garoña, no hay razón para aplicarla negativamente a las renovables y al autoconsumo. La seguridad jurídica es lo contrario a la discrecionalidad administrativa.

Por qué se rechazan las externalidades positivas de las renovables y el autoconsumo es algo que nunca explicó administración alguna. El impacto que tienen para el futuro de la economía y para la factura de los consumidores es algo de lo que no ha hablado ningún Gobierno; se ha optado por despreciar al consumidor. La discriminación con la que se está tratando al autoconsumo y las renovables infringe los principios de las directivas europeas y los derechos individuales. Lo peor es que tampoco así se alcanzará la sostenibilidad definitiva del sistema: es un subterfugio.

Javier García Breva es presidente de la Fundación Renovables

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