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El BCE juega con la transparencia

Algunos tabúes están hechos para romperse. Benoit Coeuré y Jorg Asmussen, los dos miembros más jóvenes del comité ejecutivo del Banco Central Europeo, parecen pensar así. El francés y el alemán han abogado por la publicación de las actas de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Desafortunadamente, Mario Draghi está de acuerdo con ellos. El camino al infierno está pavimentado con este tipo de buenas intenciones.

El debate sobre la publicación de las actas del BCE es tan antiguo como la zona euro. Los defensores de esta medida dicen que ayudaría a los mercados, ya que la apertura fomenta la confianza. También permitiría que gobiernos y ciudadanos comprobar si el BCE actúa dentro de sus competencias.

La posición que el BCE ha mantenido durante mucho tiempo –varias veces expresada por el ex presidente Jean-Claude Trichet– era que la zona euro no es un país. Los banqueros centrales de los estados miembro podrían enfrentarse a presiones políticas si defienden políticas diferentes a las de sus gobiernos –lo que podría poner en riesgo su independencia.

El problema de publicar las actas es que el consejo de gobierno del BCE se convertiría en otro foro político

Los argumentos de Trichet contra la divulgación solo son convincentes en parte. Si los banqueros centrales nacionales no pueden soportar la presión, deberían abandonar la primera línea. Pero el verdadero problema de publicar las actas es que transformaría el consejo de gobierno en otro foro político. Los participantes actuarían de cara a la galería en lugar de centrarse en la buena política, y en los problemas técnicos y complejos que tienen tan cerca.

Coeuré y Asmussen solo sugirien que el BCE siga el ejemplo de la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Inglaterra. Si estos bancos centrales han hecho en este tiempo un trabajo mejor que el BCE es discutible. Y si es así, no fue porque publicaron más detalles sobre sus deliberaciones.

El lobby de la transparencia, que incluye a los mercados y los medios de comunicación, es poderoso, pero se equivoca. No hay “derecho a saber” en lo que respecta a los bancos centrales. Pero hay un derecho a exigir políticas coherentes que se puedan implementar con firmeza, ya que han sido discutidos libremente y de forma confidencial.

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