Liberalización en las profesiones

La futura Ley sobre Colegios Profesionales y Servicios, que el Gobierno llevará previsiblemente a Consejo de Ministros el viernes, restringe la colegiación obligatoria a tres grupos de profesionales: jurídicos, sanitarios y técnicos que exijan visado. El texto constituye la largamente anunciada adaptación de la legislación europea de servicios profesionales a un sector que en España integran más de un millón y medio de personas, representa algo más del 6% del empleo directo y un 8,8% del indirecto y cuyo impacto en el PIB está en torno al 10%. El anteproyecto, elaborado por el Ministerio de Economía, abre la puerta a la liberalización y modernización de este activo mercado, pero supone también un sano y necesario mandato de transparencia para los propios colegios, a los que impone la realización de auditorías de cuentas. A falta de las modificaciones que se incorporen en trámite parlamentario, esta futura ley dibuja una nueva etapa en el mercado de los servicios profesionales en España, además de suponer un doble reto para los colegios. En el caso de los de adscripción voluntaria, ofrecer un abanico de servicios que los haga atractivos. En los de colegiación obligatoria, justificar ante sus profesionales, pero también ante la opinión pública española, que el mantenimiento de esa prerrogativa está justificado.