Cuando el futuro de los préstamos depende de liberar el crédito fiscal

Montoro parece contrario a que la aportación de la banca a los planes de pensiones de sus empleados compute como crédito fiscal

Con un cierto retraso sobre lo previsto y con algún que otro susto de última hora, el sector financiero español está convencido de que el Gobierno, y más concretamente, Cristóbal Montoro, dará antes de que finalice el verano el sí definitivo a un cambio en la Ley del Impuesto de Sociedades. Esta modificación permitirá a la banca apuntarse entre 30.000 millones a 50.000 millones de euros (la cifra depende de unos factores técnicos) como capital de máxima calidad (core capital) sin realizar ninguna ampliación de capital, solo con poder mantener activados sus créditos fiscales.

El asunto es tan esencial para la banca española que en esta ocasión son los propios presidentes quienes negocian directamente con Economía, Banco de España y Hacienda. “El Gobierno comparte la necesidad de que hay que buscar una solución a este aspecto tan crucial para las entidades financieras españolas”, recalca el directivo de un banco.

Solo las reticencias de Cristóbal Montoro, en cuyo ministerio recaerá el grueso del acuerdo, han frenado lo que se pensaba hace unos días que estaba prácticamente cerrado. El ministro no quiere que se interprete que Hacienda da ayudas a la banca a través de un pacto fiscal. Más cuando las soluciones que baraja el sector y el Banco de España –que defiende las aspiraciones del sector– parecen interpretables. Mientras que el sector apunta a que el efecto de su propuesta será neutro para las arcas de Hacienda salvo si una entidad entra en pérdidas y se liquida, Montoro lo cuestiona.

Sus cálculos, según las propuestas que están sobre la mesa, apuntan a que la deuda pública puede incrementarse de tres a cinco puntos en un caso –al avalar los créditos fiscales– e incluso disparar más el déficit. La banca difiere. “Solo se convertiría en déficit si en un futuro una entidad entrara en pérdidas y se liquidara, posibilidad muy remota tras el extraordinario saneamiento que está haciendo el sector. Además, en España la opción de liquidar un banco es prácticamente nula”, señala un ejecutivo de un gran banco. Pese a estas diferencias de interpretación “todos comparten la necesidad de llegar a un acuerdo”, dicen fuentes de la Administración.

Un problema añadido es que la búsqueda de una solución parecía solo competencia del Gobierno español, pero las interpretaciones y posibles influencias en las cuentas del Estado hacen necesaria una consulta a Bruselas, quien puede que al final tenga la última palabra incluso si Gobierno y sector llegan a un acuerdo. El quid de la cuestión es que la aplicación de Basilea III, que entrará en vigor en 2014, restará al capital del sistema financiero alrededor de 50.000 millones de euros –lo que acumulan en créditos fiscales– de forma progresiva en 10 años.

El sector y el Gobierno manejan un borrador realizado por la banca con el apoyo del supervisor que está sirviendo de base en las negociaciones. El proyecto solo cuenta con una disposición adicional, la vigésima, que sustituye determinados activos por impuesto diferido por créditos fiscales frente a Hacienda. El borrador que manejan cuenta solo con una hoja y media en la que se desarrollan cuatro puntos. En ellos se establece que las aportaciones a los planes de pensiones que tiene la banca con sus empleados computen como créditos fiscales hasta que el trabajador comience a cobrarla.

Lo mismo sucede con las aportaciones a provisiones genéricas y las derivadas de los dos decretos para sanear los activos inmobiliarios conocidos como Guindos I y Guindos II. Las fuentes consultadas aseguran que es en la petición de deducción de las aportaciones a los planes de pensiones de la banca el que menos convence a Hacienda. Coincide que es el más sustancioso, según las mismas fuentes, ya que las aportaciones a provisiones representan solo un tercio de sus activos fiscales diferidos.

El objetivo es incluir esta disposición en una de las normas que tenga que aprobar el Gobierno. No hay prisa. Esta disposición adicional por la que se pretende suavizar el efecto de no poder computar como recursos propios los activos fiscales a partir del próximo año, puede aprobarse a finales de año. El problema es que el mercado ha comenzado a anticipar Basilea III y ya exige a la banca el core capital que deberían tener dentro de cinco años, fecha de la total implantación de la norma internacional. Por ello, la banca intenta acelerar un acuerdo. El Banco de España y Economía también defienden un pacto con urgencia con el que se despejarían por completo cualquier duda de los expertos sobre posibles nuevas necesidades de capital de las firmas nacionales.

La banca argumenta, además, que “si se nos penaliza en el capital difícilmente podremos reactivar la concesión de créditos”. Y es que por cada 10 euros de un crédito se consume uno de capital. “De esta forma, si se liberan los 50.000 millones tendremos capacidad para prestar 500.000 millones más en 10 años”, señala el director financiero de un banco.

A diferencia de lo que ocurre en otros países, como Francia, Alemania, Reino Unido y Holanda, en España las pérdidas fiscales no son compensables con beneficios pasados. Tampoco se permite la monetización de activos fiscales diferidos, opción seguida por Italia y que es la que se está negociando.