Montoro dará un respiro a las entidades financeras

La banca logra aliviar el impacto de Basilea III en su factura fiscal

 El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro,  durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 28 de junio.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 28 de junio. EFE

Al final la banca española lo va a conseguir. Hacienda y el Banco de España ultiman una norma fiscal que suavice el efecto por no poder computar como recursos propios los activos fiscales. España redactará una norma muy similar a la que aplica Italia desde 2011 y que compensa el efecto negativo que supone para la banca no poder sumar como capital como hasta ahora los activos por impuestos diferidos que dependen de beneficios futuros.

Una de cal y otra de arena. La banca ha logrado que el Gobierno suavice fiscalmente el impacto en los recursos propios que supone la entrada en vigor el próximo año de la directiva de Basilea III, recogida en el reglamento de la CRD4-CRR. Esta norma incluye entre las partidas que se deducen directamente del capital de máxima calidad (core capital) los “activos por impuestos diferidos que dependen de beneficios futuros”. Es decir, los originados por pérdidas fiscales, salvo que estos números rojos sean computables con beneficios de años anteriores; y originados por los gastos contables, que no son fiscalmente decudibles.

La aplicación de la nueva directiva, que entrará en vigor en 2014, restará al capital del sistema financiero alrededor de 50.000 millones de euros en 10 años. De ellos, 46.000 millones corresponden a las entidades cotizadas. De ahí, que la búsqueda de una solución se haya convertido en uno de los principales caballos de batalla de los bancos españoles, y parece que lo han conseguido, según explican todas las fuentes consultadas.

El ministerio que encabeza Cristóbal Montoro en colaboración con el Banco de España y el sector financiero han iniciado ya el intercambio de borradores con la banca con el objetivo de amortiguar este negativo efecto. “En esta ocasión no hay discrepancias. El Gobierno está de acuerdo con el sector en que hay que buscar una solución a este aspecto tan crucial para las entidades financieras españolas”, recalca un directivo de un un destacado banco.

“El efecto discriminatorio que esta situación provocaría en la banca española en términos de competitividad es enorme”, añaden fuentes jurídicas del sector. Sus opiniones se basan en que según los análisis realizados por consultores y bancos de negocios el impacto medio en el capital de las entidades de crédito españolas ascendería a más de 300 puntos básicos. Los grandes bancos europeos, mientras, sólo sufrirían un impacto medio en su core capital de 60 puntos básicos.

Ello se debe, por un lado, a que en la normativa española existen más causas de generación de activos fiscales diferidos que en otros países europeos, entre ellos las provisiones genéricas. Y por otro, a que la norma fiscal española no permite la compensación retroactiva de las bases imponibles negativas o carry-back, que sí se realiza en otros países como Alemania, Francia, Reino Unido y Holanda. Además, la banca española no puede monetizar estos activos fiscales, solución que se adoptó en Italia ya en 2011, ante un problema muy similar al español, explican fuentes jurídicas.

La solución que se está estudiando para la banca española es, de hecho, muy similar a la norma italiana (Ley de 26 de febrero de 2011 y modificada por Decreto Ley 201/2011). En ella se permite transformar en créditos para descontar en Hacienda los activos por impuestos diferidos. Estos créditos pueden compensarse con deudas tributarias derivadas de otros impuestos. Además, la banca italiana puede pedir el reembolso del eventual exceso que pueda producirse.

Un problema que afecta directamente al crédito

Quedan aún seis para que entre vigor Basilea III, razón por la que el sector asegura que hay tiempo suficiente para que el Gobierno incluya en una ley o redacte un decreto ley en el se incluya la norma fiscal que compense el impacto de no computar como recursos propios los activos fiscales. Alguna fuente, de hecho, asegura que podría incluirse en la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, Eso sí, todas las fuentes consultadas afirman que la futura norma solo afectaría a la banca, no al resto de las empresas españolas. A diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, como Francia, Alemania, Inglaterra y Holanda, en España las pérdidas fiscales no son compensables con beneficios pasados. Tampoco se permite la monetización de activos fiscales diferidos, opción seguida por Italia desde 2011 y en Brasil desde este año. La nueva regulación de Basilea III no se implantará al 100% hasta dentro de 10 años, por lo que los bancos restarán cada año de su core capital el 10% de sus activos fiscales diferidos a partir del próximo ejercicio. “El problema es que el mercado ya ha comenzado a anticipar Basilea III y ya les exige el core capital que deberían tener dentro de cinco años, por eso es necesario que el Gobierno apruebe este año la norma fiscal para atenuar el efecto del nuevo escenario”, declara un ejecutivo de un gran banco. Otro colega suyo añade otro razonamiento que también ha influido para que el Gobierno decida finalmente rebajar el impacto de Basilea III. “Si se nos penaliza en el capital difícilmente podremos reactivar la concesión de créditos. Además, el efecto de monetizar los DTA será nulo para Hacienda. Sus arcas no sufrirán”, añade el banquero.

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