Lecciones de los excesos inmobiliarios
La economía española ha sido, tras acumular catorce años consecutivos de crecimiento, una de las víctimas más claras del periodo de expansión monetaria generado por la llegada de un euro sin los mecanismos correctores de los excesos. Pero ha sido seguramente la última en iniciar el proceso de ajuste de los desequilibrios generados por mantener supuestos falsos en algunas de las instituciones vitales de la economía. Se demoró torpemente el reconocimiento de la crisis, escudándose en una supuesta fortaleza del sistema financiero a prueba de bombas, y cuando se quiso poner remedio, la debilidad había llegado ya tan lejos que la recomposición es mucho más costosa en medios y en tiempo. El elevado endeudamiento de todos los agentes económicos, desde las familias a las empresas, pasando por los carrier de los fondos que fueron los bancos y cajas de ahorros, es el obstáculo fundamental para superar la crisis, y su desapalancamiento ordenado se convierte en el principal objetivo, trufado con un ajuste necesario en la gran mayoría de los costes y precios para recomponer, en paralelo, la competitividad de la economía.
Pese a acumular ya cinco años largos de recesión, la recomposición de los equilibrios macroeconómicos ha sido muy perezosa, y solo en los dos últimos años se ha acelerado tanto en endeudamiento, como en fuerza laboral y sus costes o en precios de la vivienda. La espiral inflacionista de la vivienda, que arrastró e impregnó a toda la economía de unos niveles de costes y precios claramente desajustados con la productividad general de la economía, es la que más está tardando en corregirse, y si desde el inicio de la crisis los precios finales de los inmuebles han descendido un 25% nominal (un 40% en términos reales), los expertos estiman que aún deben hacerlo en otro tanto. A juicio de la doctrina deben volver a los niveles de los primeros años del siglo, los únicos coherentes con una financiación razonable por parte de las familias, teniendo en cuenta que, en lo sucesivo, seguramente la renta disponible de las familias podría ser inferior a la del pasado por el ajuste que en paralelo se está produciendo en los costes laborales.
Este ejercicio teórico de contracción de los precios reales es únicamente eso, un planteamiento económico para el caso de que la economía se mantuviese cuasihibernada por unos cuantos años más. Pero seguramente el resto de las circunstancias de la actividad sí deberían llevar el valor de los inmuebles a las citadas cotas de 2001 o 2002, aunque supusiese un nada despreciable efecto pobreza, como única solución para liberar recursos de los agentes privados para actividades de inversión diferentes, y desmitificar el carácter cuasisagrado que tiene la inversión en inmuebles como la más segura del mundo.
Durante los años de fuerte crecimiento de la actividad residencial, estimulada por los tipos bajos, abundancia de liquidez y revalorización desmedida de los activos, España gastó la friolera de 1,5 veces su PIB en ladrillos, ya fuera endeudándose para poner en pie una promoción de viviendas, ya para financiar la hipoteca de una casa sobrevalorada. Ese mismo billón y medio en euros de deuda es el que ha desatado las dudas en los mercados financieros sobre la viabilidad del Estado español, por entender que tendría que terminar absorbiendo los compromisos financieros de inmobiliarias, banca y hogares. Ha ocurrido muy parcialmente, pero la economía española ha estado a punto de pasar el rubicón del rescate, que solo ha evitado con medidas de autodisciplina muy dolorosas y que suponen una factura que se tardará años en pagar.
Las lecciones dictadas por la crisis financiera e inmobiliaria en España deben ser doblemente aprendidas para poner la economía a salvo de tales tentaciones en el futuro. Debe convertirse cada instrumento estimulador de la inversión no justificada en vivienda en un instigador de valores estructurales para la ciudadanía. La política monetaria con abundancia de crédito, la fiscalidad y la avidez inversora de la gente deben centrarse en iniciativas que fomenten la actividad económica estructural, la que genera valor para generaciones enteras y que resiste los vaivenes de las crisis. Y en ello tienen que comprometerse todas las fuerzas políticas que aspiren a gestionar los destinos del país. Si no lo hacen, pronto se olvidarán los excesos pasados y se repetirán en el futuro.