“El mercado comienza a penalizar nuestra inseguridad jurídica”

En los últimos dos años el sistema financiero español no gana para sustos. Los cambios regulatorios han sido tantos que seguro que si se hace memoria se olvida alguna norma aprobada en este periodo.

Y, de momento, parece que esto no tiene visos de tranquilizarse. Tan solo en las últimas semanas se han producido una batería de normas, recomendaciones, guías, directivas, sugerencias, protestas y, por si fuera poco, sentencias que apuntan directamente al corazón de las entidades financieras españolas, en particular, y a las empresas, en general.

El viernes, un influyente ejecutivo de un gran banco aseguraba que ahora, cuando habla con inversores internacionales o cuando sale fuera de España para explicar las bondades de su banco y las del país en general, lo primero que le responden es eso de “sí, sí. Eso está muy bien, tu banco es maravilloso y en España el clima es estupendo, ¿pero cómo se puede invertir en un país en el que te están modificando las reglas de juego continuamente?”.

El ejemplo citado por este ejecutivo es eso uno más de los múltiples a los que los directivos recurren cuando quieren explicar cómo perciben España los inversores internacionales.

“Hace unos años, cuando el banco salía de road show, los analistas nos preguntaban por las cajas de ahorros, cómo funcionaban, cómo se podían financiar, sus injerencias políticas… No entendían ni su estructura ni su influencia en el sector financiero español. Cuando ya no te hacen esa pregunta, porque ya no les inquieta la estructura de lo que era la mitad del sistema financiero, la cuestión común ahora es: ¿y la seguridad jurídica? Es difícil invertir en un país en el que continuamente te cambian las reglas del juego, te dicen. Y contra esa afirmación, qué argumentas, si es verdad”, se sinceraba otro directivo financiero.

La inseguridad jurídica se ha convertido en todo un obstáculo que comienza a frenar el interés inversor internacional, coincide el conjunto del sector financiero.

En tan solo dos meses, lo que hasta hace unos años era defendido por el sector, incluido el Banco de España, se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza de la banca, la cláusula suelo (limitan la caída de la cuota mensual de una hipoteca hasta un determinado tope). La sentencia del Tribunal Supremo ha puesto contra las cuerdas a las entidades.

La eliminación de estas cláusulas suelo puede tener un impacto nefasto en la cuenta de resultados del sector. Según un informe de Analistas Financieros (AFI), si la sentencia del Supremo que declara nulas determinadas cláusulas suelo por falta de transparencia se extiende al conjunto de las hipotecas con cláusula suelo de la banca, su impacto “en el margen de intereses sería de 3.000 millones de euros” o, lo que es lo mismo, el 10% de margen previsto para 2013.

AFI llega a esta conclusión al asumir que el 30% de la cartera hipotecaria dispone de este tipo de cláusulas suelo a un interés medio ponderado del 3,5%. Esta cifra supone un 0,1% sobre los activos totales medios y alrededor del 10% del margen de intereses que estos analistas estiman para este año.

Tras esta sentencia del 9 de mayo, la batalla jurídica está servida. Otra que se suma a la de los desahucios y a la emprendida por los pequeños ahorradores de participaciones preferentes y deuda subordinada que se han convertido en inversores forzosos tras el canje de sus híbridos por acciones.

La nueva reclasificación de las provisiones de las refinanciaciones, la limitación del dividendo en efectivo que tienen que asumir los bancos y que se suma a otra como la de la remuneración de los depósitos añaden incertidumbre a un sector, el financiero, que atraviesa los peores años de su historia. “Parece que estamos operando en una banca intervenida”, se queja un banquero.

Y a ello hay que sumar los diferentes cambios de ley por los que ha atravesado menos de un lustro el sector de las fotovoltaicas y que también tiene su repercusión directa en la banca y en la percepción de inseguridad legislativa que tiene el inversor internacional de España.

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ya reclamó “seguridad jurídica” el 20 de junio en el Congreso.

Desde entonces, el supervisor ha realizado por carta dos importantes recomendaciones al sector. Una, pidiendo a todas las entidades que envíen antes del 31 de julio una información completa sobre las cláusulas suelo; y otra, para que limiten al 25% el pago en efectivo de los dividendos para este año.

“Todo un ejemplo para reclamar seguridad jurídica”, se quejaba el viernes un director general del área de inversores de un banco. “Y no serán las últimas vueltas de tuerca por las que pasará un sector ya muy exprimido”, recalca otro ejecutivo de una entidad mediana.