Editorial

La doble tarea del Banco de España

El comunicado del Banco de España en el que se insta a las entidades financieras, a través de sus patronales, a valorar si las cláusulas suelo de sus carteras hipotecarias cumplen con la sentencia dictada el pasado mayo por el Tribunal Supremo confirmó ayer que el fallo tendrá consecuencias, aún por delimitar, para todo el sector. El supervisor ha pedido a la banca española que comunique las conclusiones de esa evaluación antes del 31 de julio, así como que calcule el impacto que la eliminación de esas cláusulas podría tener en sus resultados. La decisión del Supremo, dictada a principios de mayo en un procedimiento contra BBVA, Novagalicia y Cajamar, trajo como primer efecto la retirada de las cláusulas por parte de las tres entidades. Pese a que la sentencia no tiene carácter retroactivo, su impacto económico es considerable. Para BBVA, que cuenta con 425.000 hipotecas afectadas, el coste anual estimado será de unos 420 millones, mientras que Novagalicia estaría algo por debajo de los 100 millones al año. Aunque no existen datos oficiales sobre el número de hipotecas afectadas en el conjunto del mercado, si la medida se extendiese a todo el sector la factura podría ascender a 1.000 millones de euros al año y teñir de rojo, ya en 2013, los números de algunas entidades.

Los efectos colaterales que pueda traer la sentencia del Supremo, tras la orden emitida ayer por el Banco de España, suscitan preocupantes incógnitas. La mayor parte del sector ha empezado a analizar ya las consecuencias económicas que tendría la retirada de las cláusulas suelo de sus contratos. Más aún, cuando han comenzado a proliferar sentencias judiciales de primera instancia, en alguna de las cuales se va más allá del criterio del Supremo y se impone carácter retroactivo al fallo.

En un contexto como este, la actuación del Banco de España debería cumplir con dos objetivos. El primero de ellos, arrojar algo de luz en medio de una confusión creciente que no beneficia ni a los clientes, ni a las entidades ni al conjunto del mercado. El segundo, analizar la información exigida a la banca y delimitar con claridad las consecuencias que tendrá para esta la doctrina del Supremo. Ambos objetivos deben llevarse a cabo con rapidez, rigor y objetividad, pero sin perder de vista el delicado momento que vive el sector financiero español, inmerso en un proceso de saneamiento y recapitalización que todavía no ha sido completado, y los riesgos que podría suponer la imposición de directrices maximalistas en esta materia. Tampoco pueden desdeñarse las probables consecuencias que una solución excesivamente dura puede tener sobre las condiciones de un mercado de crédito que pasa por sus horas más bajas. Aún así, el fallo del Tribunal Supremo debe servir para reformular los contratos hipotecarios y reforzar, cuando sea necesario, la protección de los clientes.

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