El Foco

Economía sumergida y fraude fiscal

En plena crisis sistémica surgen múltiples voces y estudios que confirman el auge de la economía sumergida en España. Muchos de los trabajos publicados al respecto la evalúan en una cifra cercana al 25% del PIB y parece que tal porcentaje está incrementándose como consecuencia de la crisis económica.

Dados los efectos negativos que provoca en la sociedad, en la economía y en las arcas públicas, no pasa un día sin que algún político clame contra los males de la misma y prometa duras medidas para combatirla. Clamor que ha reactivado la Comisión Europea, impulsando acuerdos entre sus Estados para acelerar el intercambio de información fiscal y acentuar la transparencia en los aspectos contables y fiscales de las transacciones económicas y financieras intracomunitarias y con destino u origen en paraísos fiscales.

Ante tales demandas sociales, los propios grupos políticos sobreactúan, publicitan amplios planes de lucha e introducen vastos instrumentos de represión legal, cuyo ejemplo prototípico es la reciente Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude fiscal.

La economía sumergida en España se sitúa en torno al 25% del PIB y sigue creciendo con la crisis

Basta con leer la rúbrica de la Ley para darse cuenta de que su arma es la represión pura y dura y, de hecho, ha incorporado medidas novedosas como la declaración de bienes y derechos en el extranjero o la limitación de pagos en efectivo. Esta última disposición se dirige directamente contra la proa de la nave de la economía sumergida, pues una de las características de este fenómeno es el uso en sus transacciones de medios de pago en efectivo, evitando con ello el registro y la trazabilidad de las mismas.

En principio, creemos que la hipocresía, la complejidad y la mala técnica jurídica reinan en muchas de las disposiciones incluidas en la precitada Ley 7/2012, pues arduamente puede creerse que vayan a luchar contra el fraude fiscal con eficiencia, quienes hace pocos meses declaraban una amnistía fiscal encubierta (eufemísticamente denominada “declaración tributaria especial”), de resultados recaudatorios más bien magros y que, por lo que se va conociendo, estaba diseñada más en beneficio personal de algunos defraudadores cercanos al poder que en favor del afloramiento de capitales y rentas previamente ocultas al Fisco.

Para que exista el convencimiento social de que, tanto la economía sumergida, como la evasión tributaria de cualquier clase (el tax gap) han de combatirse, se necesita que los agentes económicos donde se gestan los procesos ocultos estén convencidos del daño colectivo que causan y sometidos al reproche general de los ciudadanos. Esto conlleva una alta rectitud moral, vinculada al ejemplo ético, particularmente, por parte de aquellos responsables políticos que promulgan las normas represoras. Tal situación no existe en España, donde la ausencia de transparencia y buena gobernanza en el sistema político son la regla.

En segundo lugar, conviene insistir en que la economía sumergida es un fenómeno complejo. Existe un error metodológico grave al identificar fraude fiscal con actividades económicas ocultas, ya que, en la economía globalizada es más relevante como fórmula la conocida como planificación fiscal agresiva o el uso de los precios de transferencia por parte de las transnacionales, que la evasión tributaria derivada de un autónomo o de un parado que no declara al Fisco sus ingresos o sus salarios, en muchos casos, de cuantías reducidas y de pura supervivencia.

Conviene, por lo tanto, advertir contra tanto vocero que clama contra la economía sumergida, pero no frente a mecanismos contables o fiscales, cuya incidencia en la pérdida de recursos públicos es muy superior a la simple ausencia de declaración de actividades productivas. Es más, habría que preguntarse si tanto clamor contra la economía sumergida no desvía la atención de enemigos realmente más importantes de la justicia tributaria y social: transnacionales, paraísos fiscales y ciertos despachos de asesoría fiscal.

Hay que aumentar la transparencia en los medios de pago y reducir costes en el uso de medios electrónicos

De hecho, la doctrina tributaria hace ya tiempo que reconoce que luchar contra el fraude supone empezar por la escuela (la educación cívico-tributaria) y un Plan Integral, no medidas puramente preventivas o represivas, aisladas, coyunturales y sin continuidad.

Para reducir el tax gap sería bueno pensar también en instrumentos incentivadores que permitan alcanzar una mayor transparencia en las transacciones económicas y financieras, con el ánimo de mejorar su trazabilidad ante los organismos de fiscalización. En esta línea, la información tributaria internacional en el seno de la UE supondría un avance significativo en la lucha contra el fraude fiscal (que, según la propia Comisión, está suponiendo una pérdida de ingresos fiscales cercana al billón de euros). Y, además, si el uso del dinero en efectivo, como medio de pago, es uno de los instrumentos clave para la ocultación de las transacciones (dentro y fuera de cada país), eliminemos su utilización. La limitación a los pagos en efectivo superiores a 2.500 euros, incluida en la precitada Ley 7/2012, que va en esa línea, multando a los infractores (el palo), debiera complementarse con el fomento a la utilización de medios electrónicos de pago. Con ello lograríamos idéntica eficacia: reducir la expansión de las actividades ocultas y, a la vez, conseguiríamos mayor eficiencia, porque impulsaríamos las nuevas tecnologías, la trazabilidad y control de las operaciones económicas, la generación de nuevos negocios y la competitividad. En suma, lo haríamos con mayor eficiencia (la zanahoria).

En esa lucha, la actitud y el coraje de las instituciones de la UE resulta fundamental. No basta con lanzar una nueva ofensiva europea contra el fraude y la evasión fiscal, ni que nueve países, entre ellos España, acuerden poner fin al secreto bancario, como se anunció el 12 de abril. Hace falta evitar regulaciones innecesarias o erróneas, como la tendente a reducir las tasas de intercambio en el uso de medios de pago electrónicos, ya que cuando España lo ha hecho, ha crecido la economía sumergida y se ha frenado la sustitución de efectivo por tarjetas, las cuales son más transparentes, baratas, cómodas y seguras, como señalan varios estudios del Banco Central Europeo.

Lo que necesitamos es aumentar la transparencia en el uso de medios de pago y la reducción de los costes de utilización de medios electrónicos, empezando por los de las tarjetas, pues cuando la Comisión Europea se fija en las tasas de intercambio, se olvida de otros costes más importantes (verbigracia, las comisiones bancarias, duplicadas desde el 2005 para los consumidores españoles, tipos de interés, recargos, etcétera).

Domingo Carbajo Vasco es inspector de Hacienda del Estado.

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