El expediente sobre España coloca a Barroso frente a Rajoy

A veces la política provoca un choque de intereses inesperado. Como el que bulle entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Comisión Europea, José Manuel Barroso. Ninguno de los dos busca la confrontación. Pero la crisis les ha colocado frente a frente en un lance que este miércoles podría llevarse por delante la credibilidad de uno de ellos.

Ese día, la Comisión debe dar su veredicto sobre el último Plan Nacional de Reformas presentado por el Gobierno. Y si concluye que el plan es insuficiente para corregir los “desequilibrios macroeconómicos excesivos” acumulados por la economía española, deberá abrir un expediente disciplinario. Un varapalo que sería demoledor para Rajoy, cuya política económica está siendo cuestionada desde el seno de su propio partido por una voz tan poderosa como la del expresidente José María Aznar.

Pero Barroso tampoco puede permitirse ninguna duda sobre su autoridad en un momento en que amaga con postularse para su tercer mandato (2014-2019). Y el año pasado, cuando aplicó por primera vez el procedimiento por desequilibrios macroeconómicos, la CE ya defraudó a los halcones del Eurogrupo (Consejo de Ministros de Economía de la zona euro) y del Banco Central Europeo por no abrir expediente a ningún país.

Bruselas debe demostrar ahora que no le tiembla el pulso a la hora de empapelar a un Gobierno. Y el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ha señalado a dos países como candidatos a estrenar el nuevo potro de tortura: España y Eslovenia. En público y en privado, el Gobierno español se muestra convencido de que Bruselas no irá tan lejos. Y que se dará por satisfecha con unas reformas que se han ido concretando en las últimas semanas como reclamaba el departamento de Rehn.

Pero fuentes comunitarias advierten de que la suerte aún no está echada. Y prevén una negociación hasta el último minuto, porque la CE no puede permitirse ni un ápice de benevolencia. Es más, algunos comisarios (y casi todo el Eurogrupo más el BCE) desean un escarmiento que demuestre la voluntad de aplicar a rajatabla las nuevas normas.

El propio Barroso ha avisado a su equipo de comisarios de que las decisiones del miércoles, sobre España y el otros 12 países con desequilibrios, “serán un test para la credibilidad de la Comisión”. Y les ha recordado que Bruselas tuvo “dificultades” para preservar su papel como autoridad en política macroeconómica porque “algunos países [Alemania entre ellos] quisieron conferir esa función a un grupo de expertos independientes”.

En ese filo de la navaja, Barroso debe tomar una decisión tremendamente delicada tras un informe preliminar que muestra que España incumple seis de los once indicadores establecidos para medir los desequilibrios macroeconómicos. Y que concluye que “a pesar de los ajustes en curso, la magnitud de la corrección necesaria obliga a seguir adoptando medidas firmes”.

En la Comisión se insiste en que no hay una correlación automática entre el informe de lo funcionarios de Rehn (que describe una situación devastadora en España) y el veredicto político sobre el plan de reformas. Y el Gobierno español subraya que los indicadores reflejan la situación de España a finales de 2011, pero que Bruselas debe tomar en cuenta la mejoría registrada desde entonces en la balanza comercial (próxima al superávit), la inflación (en torno al 1%) o el déficit público (7% sin contar el rescate de la banca).

Las dos Administraciones han mantenido en los últimos días numerosos contactos. Y el equipo del ministro de Economía, Luis de Guindos, y del de Hacienda, Cristóbal Montoro, han intentado disipar las dudas de Bruselas sobre el alcance y calendario de las reformas prometidas. “Obras son amores...”, ironiza una fuente de la Comisión sobre la tardanza del Ejecutivo español en rematar algunas de sus propuestas.

Si la ofensiva de Madrid da resultado, el Gobierno solo recibirá recomendaciones, como otros países con desequilibrios. En el caso de España pedirán una revisión de la reforma laboral, el endurecimiento del acceso a las pensiones, la subida de algunos impuestos y la liberalización de ciertos servicios profesionales.

Pero si se impone el ala dura, Bruselas exigirá “medidas correctoras”, cuyo incumplimiento puede acarrear sanciones anuales de hasta 1.000 millones de euros. Un susto que algunos miembros del Eurogrupo darían con gusto a Rajoy.

A contraluz

La suerte de Eslovenia también afecta a España

Eslovenia es el otro país, junto a España, que se expone el miércoles a un expediente disciplinario por sus “desequilibrios macroeconómicos excesivos”. El Gobierno de la recién nombrada Alenka Bratusek anunciaba la semana pasada medidas urgentes para intentar evitar el expediente, como la introducción de un techo de deuda en la Constitución (como hizo el Gobierno de Zapatero en 2011) y la aceleración de un plan de privatizaciones. Liubliana, sin embargo, sigue en el punto de mira de Bruselas. Y aunque la CE insiste en que cada caso se tratará de manera diferenciada, algunas fuentes consideran que un expediente contra Eslovenia podría arrastrar otro contra España.

Reprimenda a Francia por su baja exportación

Francia es uno de los 13 países a los que Bruselas dictará esta semana instrucciones para corregir sus desequilibrios macroeconómicos. El presidente francés, François Hollande (en la imagen), visitaba el pasado día 15 la Comisión en un último intento por suavizar la reprimenda a Francia por la caída en la cuota de exportación, sus elevados costes laborales y la rigidez de su mercado laboral. Tras reunirse con Hollande, el presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, advirtió que “Europa ha superado la fase en que los asuntos económicos eran una simple cuestión de diplomacia”. El miércoles se verá hasta qué punto es así.

Prórroga generalizada en los plazos para el déficit

El deterioro de la situación económica ha obligado a la Comisión Europea a relajar los plazos concedidos a varios países para reducir el déficit público. Bruselas tiene previsto confirmar este miércoles la prórroga de dos años para España (hasta 2016) y Francia (hasta 2015), y de un año para Holanda (hasta 2014) y Portugal (2015). La CE también estudia la ampliación de los plazos de Eslovenia y Polonia. Y cerrará los expedientes de Italia (a pesar de que su deuda dobla el límite del 60%) y, tal vez, el de Hungría (a pesar de las dudas sobre la sostenibilidad de sus finanzas). Bélgica, en cambio, podría sufrir un castigo por no cumplir con su plazo, que expiró en 2012.