La independencia de los bancos centrales roza la impunidad

El BCE gana poderes sin un control democrático estricto sobre su actividad El veto más reciente ha protegido al gobernador del Banco de Chipre

El blindaje arranca con los seis miembros del comité ejecutivo del Banco Central Europeo, que solo pueden ser revocados por el Tribunal de Justicia Europeo en caso de falta grave y a petición de sus propios compañeros. Desde ese fortín legal, el BCE vela para que ningún Gobierno o parlamento ose recortar el mandato de los responsables nacionales de la autoridad monetaria. Y las intervenciones de Fráncfort en ese sentido suelen ser tajantes y exitosas.

La más reciente ha protegido al gobernador del Banco de Chipre, a quien el Parlamento nacional pretendía investigar por una supuesta negligencia en la gestión de la crisis bancaria que ha condenado a la isla a un rescate internacional equivalente al 100% del PIB nacional y a una recesión de al menos el 15% durante este ejercicio y el próximo.

El presidente del BCE, Mario Draghi, intervino de inmediato para intentar frenar la ofensiva parlamentaria, según una carta revelada por la agencia Reuters. Y mientras continúa el pulso entre Fráncfort y Nicosia, la responsabilidad política por lo ocurrido sigue sin depurarse. El BCE arguye que la supervisión financiera de los bancos chipriotas no era su competencia, sino del banco central de la isla. Pero se resiste a que el Parlamento cree una comisión de investigación sobre el banco central. ¿La independencia de uno como garantía de la impunidad del otro? “Es muy importante que el poder político no tenga capacidad de injerencia sobre las actuación de los bancos centrales, pues la política monetaria no puede depender de las necesidades electorales del Gobierno de turno”, señala Ramón Tremosa, eurodiputado de Convergència i Unió.

Pero Tremosa añade que esa independencia debe ir acompañada de un control democrático adecuado. “Considero que el Parlamento Europeo debería tener capacidad para destituir a cualquier miembro del comité ejecutivo del BCE, incluido su presidente”, señala el eurodiputado liberal, miembro de la Comisión de Economía ante la que comparece periódicamente la cúpula del emisor. Aparte de esas comparecencias, el BCE está obligado a remitir al Parlamento un informe anual sobre su actividad. Y poco más.

La ausencia de escrutinio contrasta con las crecientes competencias de un organismo que en breve se convertirá también en el eje de la poderosísima figura del supervisor único del sector financiero, con autoridad sobre varios miles de entidades financieras. “Estamos ante una de las mayores cesiones de soberanía de los últimos años, así que es importante que vaya acompañada de una supervisión política a nivel del Parlamento europeo y de los Parlamentos nacionales”, apunta Marianne Thyssen, eurodiputada del Partido Popular Europeo.

Thyssen es la ponente del reglamento que conferirá los nuevos poderes a Fráncfort. Y asegura que se intentará garantizar ese escrutinio democrático, hasta el punto de que el Parlamento comenzará mañana a negociar un acuerdo institucional con el BCE para otorgar a los parlamentarios cierta capacidad de control sobre el supervisor. “El presidente del BCE, que asumirá la vicepresidencia del supervisor, seguirá siendo irrevocable”, admite Thyssen. Pero la eurodiputada indica que “llegado el caso, y si fuera necesario, podríamos hacer mucho ruido político y crearle problemas”.

Tremosa considera que en el caso del BCE debería regularse “un procedimiento de impeachment [destitución], que sería utilizado únicamente para los casos de mala conducta, conflicto de interés o un gravísimo error en el diseño de la política [monetaria]”. A la última hipótesis, la más subjetiva, quizá no sobrevivieran algunos banqueros centrales. Ni en Fráncfort ni en otras capitales.

Salarios intocables

El Banco Central Europeo vigila con tanto celo la independencia de los bancos centrales nacionales que ha emitido varios dictámenes advirtiendo sobre las consecuencias del recorte a los salarios de sus empleados. Lo más curioso es que las admoniciones del organismo presidido por Mario Draghi han ido dirigidas a los Gobiernos de países sometidos a una dieta de austeridad por parte de la troika, que impone rebajas salariales en toda la Administración. En el caso de Portugal, por ejemplo, Fráncfort ha alertado sobre las posibles consecuencias de los recortes en la independencia y calidad del personal del Banco de Portugal. E instó al Ejecutivo a negociar con el emisor.

Sospecha de abuso de poder

A diferencia de otras instituciones europeas, el Banco Central Europeo ha mantenido casi intacta su reputación durante la crisis. Pero su actuación no ha estado exenta de polémica. Y el BCE ha sido acusado de pasividad ante la recesión de la zona euro o de extralimitarse en su mandato. Los titubeos entre esas dos aguas le han llevado a cometer alguno de sus peores deslices. El más grave, tal vez, su injerencia en la política económica de España e Italia, países a los que se dirigió por escrito y en secreto para exigirles medidas a cambio de la compra de sus bonos para relajar la prima de riesgo. El patinazo se ha corregido con un programa de compra reglado. Pero la sospecha de abuso de poder no se ha borrado.

Tres errores en 15 años

La autoridad monetaria de la zona euro presume, y con razón, de haber cumplido desde 1999 con su mandato: mantener la inflación por debajo del 2%. El BCE incluso ha mejorado la marca de su modelo alemán, el Bundesbank. Pero los críticos aseguran que el historial incluye también al menos tres graves errores. En julio de 2008 subió los tipos de interés en plena tormenta financiera. En 2011 los incrementó dos veces, al percibir una incipiente (y fallida) recuperación. Y como parte de la troika, su labor también ha quedado en entredicho. Sobre todo, después de que Jörg Asmussen, miembro del comité ejecutivo, aceptase la propuesta de Chipre de gravar todos los depósitos bancarios, incluidos los garantizados.