El Foco

Reflexiones sobre política fiscal (I)

A pocos días de que el Gobierno anuncie su plan de reformas, el autor hace un repaso a los presupuestos y a la necesidad de acordar una senda de consolidación que incorpore una reforma fiscal estructural.

El próximo viernes, 26 de abril, el Gobierno remitirá a Europa el Plan Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad que incluirá muy probablemente una revisión del cuadro macroeconómico. El objetivo de déficit deberá ser acordado con la Comisión Europea en una negociación que se supone discreta. Estas revisiones periódicas de los compromisos con Europa han asentado una interpretación incompleta de la realidad. Tal pareciera que la Comisión Europea fija unos objetivos fiscales de manera discrecional que el Gobierno debiera cumplir sin rechistar. Sin duda, el trágico error del pasado año en el que el Gobierno anunció un objetivo de déficit sin consulta alguna con la Comisión amparándose en la defensa de la soberanía fiscal, además de imprudente, disparó la sensación de intervención en la medida que aquellos números fueron después revisados. Esta comunicación en la fijación de los objetivos solo aumenta el euroescepticismo en un momento en que la única salida de la crisis pasa por más integración económica y política en la Unión Monetaria. Por ello, resulta necesario clarificar que la restricción real de la acción fiscal del Estado no es, en el fondo, compromiso alguno con Europa, sino la realidad de la situación financiera del país en el marco de una política monetaria que no logra calar en todo el territorio.

La única salida de la crisis pasa por más integración económica y política en la Unión Monetaria

Con independencia de los juicios sobre la actual política monetaria, es indiscutible que los tipos de interés están en mínimos históricos (0,75%) y el tamaño del balance del BCE se ha multiplicado por 2,7 desde el inicio de la crisis a mediados de 2007. Ahora bien, el tipo al que se financia el Estado español a diez años sigue oscilando en torno al 5%, mientras que el alemán lo hace a tasas inferiores al 1,5%. De este modo, aun cuando la política monetaria ya es expansiva, no se transmite con igual potencia a todos los territorios.

La razón esencial de estas dificultades de transmisión de la política monetaria subyace en las incertidumbres sobre la capacidad de nuestro país para hacer frente al ingente volumen de deuda externa (1,8 billones de euros, 170% del PIB). La mayor parte de esta deuda está contraída en nuestra propia moneda, el euro, pero en realidad es externa porque España ni tiene banco central propio ni política de tipo de cambio que opere sobre tal divisa. Y es externa también porque en una auténtica unión económica, las deudas internas no suponen una amenaza para el sistema, dado que existen mecanismos automáticos de ajuste (sistema de precios, movilidad de factores, bienes y servicios y mecanismos de respaldo fiscal) que dificultan la acumulación previa de tales desequilibrios y, en todo caso, facilitan su corrección después sin incertidumbres sobre una potencial ruptura de la propia unión. Sin embargo, España está sujeta a una deuda externa extraordinaria, cuya única vía de amortización pasa por elevar ingresos sin incrementar aún más los pasivos. Por todo ello, solo hay un camino, exportar, y un único instrumento, la deflación.

"España está sujeta a una deuda externa extraordinaria, cuya única vía de amortización pasa por elevar ingresos sin incrementar aún más los pasivos"

Ahora bien, si la deflación no conduce a una recuperación rápida y potente, este camino es insostenible. A corto plazo, la deflación eleva los niveles relativos de apalancamiento, dado que las rentas caen y las deudas se mantienen. Así pues, si el rebote de la actividad no se produce a muy corto plazo, la estrategia puede encallar, conduciendo a la economía a una larga depresión que pudiera concluir finalmente en la ruptura del tipo de cambio, es decir, de la Unión Monetaria, para permitir una devaluación y acelerar así el ritmo de la recuperación vía exportaciones, aun a costa de un incremento inmediato de la pobreza del país. Sin duda, este escenario final tiene probabilidades reducidas pero suficientes para elevar la pérdida esperada de los nuevos préstamos a España. Esta incertidumbre eleva, pues, los tipos de interés, obturando la transmisión de la ya expansiva política monetaria, dificultando una senda más suave de consolidación fiscal por los costes de financiación y deprimiendo aún más la actividad a corto plazo. El BCE podría tomar nuevas medidas no convencionales para ayudar a la transmisión de la política monetaria, pero la raíz del problema es la incertidumbre sobre la capacidad del país para devolver tal deuda externa y, por ende, sobre la estabilidad del propio euro. Estas dudas se basan tanto en la experiencia histórica como en la evolución actual de los países con serios problemas de sostenibilidad fiscal, algunos de los cuales se hallan inmersos en programas de asistencia. Los rescates de Portugal o Grecia están mostrando las dificultades para gestionar una deflación competitiva que evoluciona, por cierto, mejor en Irlanda que dispone de una economía más flexible. Además, las negociaciones con Chipre alcanzaron un nuevo hito en los problemas de gobernanza de la eurozona.

La unión económica es imposible si la seguridad de los depósitos depende de la localización de cada banco

Pues bien, no hay más camino alternativo que profundizar en la unión económica, de tal modo que la actual deuda externa se vaya transformando en interna, al ritmo de los nuevos acuerdos de integración, generando los mecanismos propios de toda unión económica que dificultan la constitución de desequilibrios en el futuro y facilitan ya a corto plazo la corrección de los actuales. Esta agenda de reformas se inició con la estrategia para la constitución de una unión bancaria que europeíce los mercados financieros. Es decir, hay que acelerar la unión en aquellos mercados donde se comercian los productos más móviles y el capital es el primero. Sin embargo, el proyecto no avanza al ritmo necesario y la negociación con Chipre ha reabierto las pulsiones nacionalizadoras. Si la seguridad de los depósitos depende de la situación de la sede social de cada banco, es obvio que la unión económica es imposible. Esta decisión ha supuesto un paso atrás extraordinario que incorpora aún más ruido al proceso de integración. Por cierto, no deja de sorprender que algunos ministros pidan ahora al BCE que haga más para mejorar la transmisión de la política monetaria, cuando ellos mismos llegaron a aprobar una quita sobre todos los depósitos chipriotas, dando razones fortísimas para reavivar la incertidumbre sobre los mercados financieros.

Ciertamente España necesita un ritmo de consolidación fiscal más suave pero esto no se juega esencialmente en los despachos de la Comisión, dado que la senda de ajuste acaba siendo conducida por los altos costes de financiación del mercado. En todo caso, tales objetivos son un referente a la hora de diseñar la política fiscal, especialmente con el objetivo de disciplinar al conjunto de Administraciones públicas de nuestro país al incorporar un evaluador externo. El BCE podría hacer más para mejorar la transmisión de la política monetaria, pero la herramienta central está en manos del Consejo Europeo, de los Gobiernos de los países miembros, que son quienes deben ceder soberanía para impulsar una hoja de ruta hacia una auténtica integración que, como en el periodo desde la firma de Maastricht a la entrada en vigor del euro, permita reducir los tipos de interés en el conjunto de la eurozona, suavizando la consolidación fiscal y activando la inversión privada.

Jonás Fernández Álvarez es director del Servicio de estudios de Solchaga Recio & asociados.

Normas
Entra en El País para participar