El mercado de deuda para pymes se hace de rogar
La débil demanda de los inversores y las dificultades técnicas retrasan el proyecto
Las graves dificultades que afrontan las pymes españolas para obtener financiación son la base de la reclamación lanzada este fin de semana desde el Gobierno al BCE para que ponga en marcha un programa con el que abastecer de crédito al verdadero motor de la economía española. El esfuerzo por implicar al BCE es el último paso para resolver un problema que se arrastra desde el comienzo de la crisis y sobre el que ya llamó la atención Bruselas en el memorando con el que se articuló la ayuda europea a la banca europea.
Ante la elevada dependencia de la financiación de los bancos, el texto ya solicitaba a las autoridades españolas que presentaran, antes de mediados de noviembre de 2012, “propuestas para fomentar la intermediación financiera no bancaria, incluida la financiación del mercado de capitales y el capital riesgo”. El plazo pasó pero en diciembre, el ministro de Economía Luis de Guindos anunció en el Congreso la creación de un mercado de bonos y pagarés para pymes –Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF)– con el que comenzar a abrir brecha en una tarea que en España monopoliza la banca y que ahora está en el dique seco.
El objetivo es que las pymes, pese a su menor tamaño, también logren financiarse a través de las emisiones de renta fija, una tarea hasta ahora reservada a las grandes corporaciones y siempre y cuando las condiciones del mercado sean lo bastante benévolas como para no pagar esa financiación a precios de oro. La aspiración del Gobierno es que este mercado –una réplica del Mercado Alternativo Bursátil pero para la renta fija de pequeños emisores– esté listo antes del verano y que en su primer año de vida sea capaz de mover unos mil millones de euros.
Sin embargo, el proyecto afronta numerosos obstáculos que despiertan el escepticismo de los agentes de mercado. Fuentes del sector reconocen la firme voluntad del Gobierno para poner en marcha el proyecto, en colaboración con BME, pero la teoría choca con la exigente realidad que imponen los mercados de capitales.
“Ahora no hay apetito entre los inversores por la deuda de pymes. Y un mercado debe crearse cuando realmente existe la demanda para que se cree”, sostiene Javier Domínguez, socio director de Auriga Global Investors. De hecho, las pymes tendrían que salvar la abismal distancia que, a efectos de emitir en el mercado de capitales, las separa de las grandes corporaciones que sí lo hacen y que, a su vez, dependen estrechamente de las condiciones a las que se financia el Tesoro. El mercado alemán de bonos y pagarés, en el que se negocian emisiones por más de 3.000 millones de euros, es el gran referente. Y desde la agencia española de rating Asexor señalan que existe un mercado de unas 800 compañías españolas con potencial para participar en el MARF, siguiendo los criterios establecidos en Alemania: un rating por encima de B, un volumen de facturación cercano a los 150 millones y un volumen medio de activos de 135 millones de euros. “Hay inversores interesados”, defiende Adolfo Estévez, director de rating de Axesor.
La versión española tendría que adaptarse también a la realidad del país. “El rating de las empresas que emiten ahora está en triple B y triple B+”, señalan desde el área de mercado de capitales de una entidad financiera. Fuentes del sector añaden que el proyecto de Economía contempla emisiones a un plazo no superior a los dos años y por volúmenes de entre 60 y 70 millones de euros, una cuantía que numerosos expertos consideran demasiado reducida e insuficiente para lograr el rasgo que este nuevo mercado debería garantizar al inversor institucional al que desea atraer: la liquidez. Un mal que ya acusan las compañías que cotizan en el MAB.
La rentabilidad de las emisiones podría oscilar entre el 7% y el 10%, niveles que bien podrían competir con el interés que se paga por un crédito a la banca. La menor liquidez supondría además una penalización de hasta 50 puntos básicos, señalan fuentes de mercado, un coste que la empresa deberá ser capaz de asumir.
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