¿Es la hora de que los grandes inversores paguen los rescates bancarios?

Acreedores senior y grandes depositantes nunca habían respondido hasta ahora. Los expertos creen que ayudará a controlar el riesgo de las inversiones.

KIMIMASA MAYAMA (EFE)

La fórmula escogida para desatascar el embrollo chipriota marca dos hitos en la reciente historia de los rescates europeos. Es la primera vez que los depositantes no asegurados (por encima e 100.000 euros) que hayan guardado sus ahorros en bancos con problemas responderán por las pérdidas, sin descartar incluso la liquidación de la entidad. Pero también se estrenarán los titulares de los bonos sénior, intocables hasta ahora.

Tanto en el caso de Grecia como en Portugal o Irlanda, los grandes inversores institucionales (fondos de pensiones, banca de inversión, etc), mayoritariamente acreedores de la deuda bancaria de más calidad, la conocida como sénior, recuperarán íntegramente sus inversiones. El mismo esquema que se ha seguido en el salvavidas para el sector financiero español, que también deja intactos a los acreedores de la deuda bancaria de más alto rango.

Tienen una posición privilegiada en el orden de prelación de acreedores en caso de que vengan mal dadas. Los primeros en responder son los accionistas y luego los poseedores de deuda junior, como las preferentes españolas. Hasta ahí había llegado hasta ahora la participación del sector privado de las propias entidades rescatadas, pasando el resto de la factura a los contribuyentes.

Pero el acuerdo alcanzado entre Chipre y la Troika (Unión Europea, BCE y FMI) da un paso más en la misma dirección en la que camina la futura normativa europea. Ya está en marcha una directiva sobre la resolución de crisis bancarias, que plantea un cambio en la vía tradicional, con el objetivo de que la liquidación de bancos sea una opción y no el último recurso, además de abrir la puerta a que los dueños de los bonos de los bancos auxiliados asuman pérdidas, igual que hacen los accionistas. Una suerte de autorrescate a sufragar por todos los inversores y los grandes ahorradores, como se encargó de recordar ayer la Comisión Europea.

Este cambio de timón también ha sido defendido por el Banco de Pagos Internacionales (el BIS, por sus siglas en inglés). El banco central de los bancos centrales emitió su opinión en un informe posterior al rescate del sector bancario español donde aseguraba que solo habrá un progreso fundamental en la estructura del sistema financiero, "cuando se permita la quiebra de grandes instituciones sin que los contribuyentes tengan que pagar las consecuencias".

Este es el objetivo que persigue el modelo chipriota, cuyo sector financiero es unas seis veces más grande que el PIB de la isla. Nicosia ha decretado la liquidación del segundo banco del país (Laiki) y una dura recapitalización para su entidad más grande. Un proceso al que contribuirán todos los inversores y del que sólo se salvan finamente los depositantes garantizados de hasta 100.000 euros.

Este debe de ser el modelo a seguir siempre. El problema es que no se ha utilizado nunca”, sostiene Joaquín Maudos, Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia. “El inversor sénior debe juzgar el riesgo de la inversión, ahora no tiene incentivo para valorar el riesgo porque sabía que si había problemas el dinero del contribuyente va a salir al rescate”, añade.

Las palabras del presidente del Eurogrupo adelantando que el formato elegido para Chipre será replicable para futuras crisis parecen confirmar cuales son los nuevos planes de Bruselas. Aunque el holandés Jeroen Dijsselbloem matizó luego sus discurso ante la reacción que provocó en los parqués bursátiles, coincidiendo con el cierra de la sesión. La entrada en vigor de la nueva normativa está prevista para 2018, pero los países centroeuropeos están presionando para que empiece a funcionar cuanto antes.

“Ha destapado la tapa de los truenos”, opina Natalia Aguirre, directora de análisis de Renta 4. Entiende que ni el momento ni la forma han sido la más adecuadas, dada la debilidad generalizada de los sector bancario europeo. “Sería deseable una posición común definitiva por parte de Bruselas. Por que si no lo que se genera es aún más es incertidumbre y volatilidad”.

De hecho, la posición de Bruselas hasta ahora era una quita a los bonistas señor equivaldría a una violación de las condiciones de emisión de sus títulos, lo que a su vez provocaría una estampida de la inversión internacional.

Los expertos consultados coinciden en que, en caso de que finalmente se confirme el modelo como replicable en el futuro, la financiación bancaria se encarecerá. “En un momento en el que se está intentando que baje la dependencia del BCE, decir que van a entrar en juego las quita, dificulta la tarea”, según Aguirre.

“Cuando un inversor institucional vaya compra deuda, sabrá que puede sufrir una quita así que va a exigir una prima mayor para esas inversiones. No va a ser tan fácil como hasta ahora emitir deuda”, afirma Maudos. El catedrático tampoco está de acuerdo en el momento elegido para plantear la cuestión, pero sí apoya la consecuencias de la medida una vez se recupere el ciclo. Por ejemplo, “si en España no se hubiera emitido tanta deuda bancaria, no hubiese crecido tanto el crédito y no se hubiera hinchado tanto la burbuja”.

Rafael Romero, director del departamento de Inversiones de Unicorp Patrimonio, desconfía de que se vaya a adoptar una medida así en el corto plazo. “En el futuro alguna entidad volverá a entrar en apuros y el contribuyente no debe salir al rescate. Es un ejercicio de responsabilidad por parte de los directivos de la entidad y de los inversores, pero creo que su aplicación se verá en el largo plazo”. No obstante la fecha prevista para la entrada en vigor de la nueva normativa europea es el 2018.