Tribuna

Un plan para pagar los atrasos de la Administración

El 16 de marzo termina el plazo para la aplicación de la Directiva europea contra la morosidad, que obliga al Estado a pagar a los proveedores en un plazo de treinta días, so pena de abonar intereses de demora superiores al 8 %. Entre las escasas excepciones, se encuentra la del sector sanitario, en el que es posible pagar a sesenta días a condición de presentar a la Comisión Europea los oportunos justificantes.

Debido a la gravedad de la crisis, la Comisión ha pedido que se adelante la aplicación de la Directiva. Algunos Estados han respondido afirmativamente, entre ellos España, que ha empezado a aplicarla el 23 de febrero. A partir del 17 de marzo, la Comisión no hará concesiones a nadie. Seremos rigurosos a la hora de hacer cumplir la letra de la normativa y se abrirán, en caso necesario, procedimientos de infracción. Es un mensaje claro para recalcar que estamos de parte de las empresas y de la economía real.

La nueva normativa es revolucionaria, sobre todo en países como Italia, Grecia, España y Portugal

La nueva normativa es revolucionaria, sobre todo en países como Italia, Grecia, España y Portugal, en los que la media de los plazos supera ampliamente la media de la UE de sesenta y un días, como por ejemplo en España, donde llega a ciento cuarenta días. Estas disparidades son algunos de los principales obstáculos para el funcionamiento del mercado europeo. Resulta difícil, en efecto, competir con los que cobran en menos de un mes, como ocurre en Alemania o Finlandia, para empresas que esperan a veces más de un año en ciertos sectores como la construcción en las comunidades de Asturias, Extremadura o Madrid.

Algunos Estados tienen la pésima costumbre de financiarse a costa de empresas

Algunos Estados, en lugar de reducir los gastos y hacerse más eficientes, tienen la pésima costumbre de financiarse a costa de las empresas. No solo mediante la presión fiscal, sino también retrasando los pagos a los proveedores. Aparte de lo injusto que resulta un Estado que reclama puntualidad en el pago de los impuestos mientras que no cumple como deudor, se produce un efecto negativo sobre la economía, el empleo y la competitividad. La restricción del crédito, especialmente aguda justo en los países que sufren los retrasos de las administraciones públicas, está provocando una mortalidad empresarial sin precedentes. Al pagar con retraso, el Estado agrava este problema y mata a millares de empresas sanas que ya no consiguen pagar los salarios, los suministros y los propios impuestos.

No vamos a volver a crecer solamente con medidas a nivel macroeconómico: hay que poner los proyectores apuntando también hacia las empresas

La paradoja es que a menudo estos retrasos se justifican para cumplir el Pacto de Estabilidad. Las administraciones públicas tienden a retrasar los pagos para tener sus cuentas, al menos oficialmente, más en orden, lo que crea un círculo vicioso: cierre de empresas, despidos, recesión, menos ingresos para el Estado, posterior empeoramiento de las cuentas.

Hay que romper ese círculo. Y la receta para ello es la que intento promover desde hace varios meses. Es preciso evitar que la obligación de pagar las nuevas deudas en un plazo de treinta días tenga el efecto perverso de aplazar el pago de las deudas anteriores. De acuerdo con el criterio de la Directiva que, aunque permite la discrecionalidad sobre el carácter retroactivo de las normas, pide claramente a los Estados que sean puntuales, hay que fijar planes para pagar, si es posible en un año, todas las deudas pendientes.

España parece haber iniciado la senda adecuada pagando veintisiete millardos de deudas pendientes en cinco meses. Pero hay que continuar sin vacilar hasta liquidar completamente las deudas vencidas en los plazos más breves posibles.

La cumbre europea del próximo jueves y viernes deberá dar respuestas en materia de crecimiento y empleo. Entre ellas, es conveniente introducir una mayor flexibilidad en cuanto al Pacto de Estabilidad para favorecer tanto el pago de los atrasos como las inversiones públicas productivas necesarias, al igual que sucede con las reformas y la consolidación fiscal. Por otra parte, ya no cabe esperar más a que el presupuesto de la UE y el Banco Europeo de Inversiones realicen intervenciones masivas para favorecer el acceso al crédito. El mismo Banco Central debe garantizar en un momento tan dramático la transmisión de la savia vital desde el sistema bancario hasta el productivo para salvaguardar el empleo y el crecimiento. La crisis nos impone abandonar los dogmas y demostrar una fuerte voluntad de cambio. No vamos a volver a crecer solamente con medidas a nivel macroeconómico: hay que poner los proyectores apuntando también hacia los problemas de las empresas. Hace falta una verdadera política industrial europea: el Pacto Fiscal y el papel del Consejo Ecofín deben ir acompañados urgentemente de un Pacto Industrial, con el consiguiente refuerzo del Consejo de Competitividad.

Antonio Tajani es vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Industria y Emprendimiento.

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