El sector del agua reclama que las tarifas sufraguen el saneamiento
La patronal ATTA pide la revisión del Plan de Calidad de las Aguas El colectivo cree indispensable la creación de un pliego tipo de concesiones
Mensaje al Gobierno de las empresas especializadas en infraestructuras del agua: “Con el actual ritmo de inversión es muy difícil que el sector pueda mantenerse en España y como país no podremos cumplir los compromisos adquiridos con la UE en materia medioambiental”, dice Ángel Cajigas, director general de la asociación Tecnológica para el Tratamiento del Agua (ATTA).
El colectivo reúne a algunas de las compañías con mayor renombre internacional en la materia: Acciona Agua, Aqualia (FCC), Cadagua (Ferrovial), Drace (ACS), Sadyt (Sacyr), Abengoa, Suez Environnement, GS Inima, Tedagua (ACS) e Isolux Corsán. Mueven 2.000 millones de facturación anual, el 60% cosechado en el exterior, y sus preocupaciones en el mercado doméstico pasan por la “paralización” de la inversión pública, la falta de un marco claro para el impulso de la colaboración público privada (PPP) y la necesidad de un canon que traslade la inversión en saneamiento a la factura del agua.
“En España se ha subido todo menos el agua, que apenas refleja la evolución del IPC, faltan infraestructuras y las que tenemos se están degradando. El Ministerio de Medio Ambiente debe crear consenso entre las comunidades autónomas e impulsar el canon que permita recuperar las inversiones en depuradoras”, explica Cajigas. Desde su punto de vista, solo así se animaría la inversión privada ante la ausencia de recursos públicos: “Los bancos que financian las obras quieren tener claro que recuperarán sus aportaciones”.
Distintas asociaciones con peso en el sector del agua están creando un frente común para dirigirse al Ministerio de Medio Ambiente con la idea principal de que el precio del agua no refleja el servicio prestado. “Todo el mundo debe ser consciente de que el sistema no es rentable y de que la UE demanda que nos tomemos muy en serio el principio de recuperación de costes”, afirman desde ATTA.
Un plan "inflado"
La mayor parte de los proyectos de inversión en infraestructuras del agua están canalizadas en España por el Plan de Calidad de las Aguas, lanzado en 2006 con una previsión de inversión de 19.000 millones de euros. Desde ATTA se pone de manifiesto que apenas se ha cumplido el 15% de esa hoja de ruta 2006-2015, por lo que se pide una revisión del mismo: “El plan no termina de arrancar, está inflado. Creemos que debería abrirse y detectarse qué inversiones son necesarias y cómo financiarlas”, reclamó Cajigas en un encuentro con periodistas.
Las cifras que maneja ATTA hablan de inversiones anuales en infraestructuras de saneamiento y depuración de 300 millones, “es bastante menos de la mitad de lo que marca el Plan de Calidad”. Las diez compañías integradas en esta asociación requieren que el Gobierno diseñe un pliego tipo para infraestructuras en concesión, que marque los mínimos a las comunidades autónomas. “Solo son viables los proyectos que evitan el riesgo de demanda al concesionario. No podemos repetir errores como el de Aragón, donde las empresas cargan con la caída de demanda después de poner en marcha las depuradoras”, sentencia Ángel Cajigas.
La necesidad de un ente que regule las tarifas
El sector del agua nada a contracorriente cuando hay empresas especializadas en infraestructuras que reclaman la creación de una Comisión Nacional del Agua. Un ente que actuaría sobre comunidades autónomas y ayuntamientos. Se trata de una demanda que viene de atrás y que se renueva justo cuando el Gobierno va en la dirección de concentrar los órganos reguladores.
“La competencia del precio del agua no puede estar en manos de un alcalde”, se queja el director general de ATTA, Ángel Cajigas, quien también se refirió ayer al protagonismo de Hacienda en todo lo referente a inversión pública. En su opinión, ministerios como Fomento o Medio Ambiente son rehenes del ministerio de Cristóbal Montoro, lo que ha sumido a la inversión prácticamente en la parálisis.
“España corre un claro riesgo de que sus infraestructuras se degraden y de que todo el sistema del agua se resienta por la crisis. En esta materia no sirve el argumento de que no hay dinero. Hay qué buscar fórmulas y vemos que en todo el mundo se concesionan las infraestructuras y que estas van con cargo al precio del metro cúbico de agua”, argumenta el responsable de ATTA.
Respecto a experiencias fallidas en lo que toca a concesiones en España, Cajigas recuerda que Aragón trasladó al sector privado el riesgo de demanda, cuando “el sector privado no puede asumir más que los riesgos de construcción y de disponibilidad”.
Bajo el punto de vista de ATTA, un mayor canon de saneamiento o su instauración allí donde no existe garantiza en buena parte la viabilidad de las redes de saneamiento y depuración. La propia Aragón, junto a Cataluña, Madrid, Navarra, Galicia, Valencia, Asturias, La Rioja y Baleares, defienden el canon de saneamiento como un impuesto ecológico.
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