Chipre o la historia de un sobresalto absurdo
El rescate de Chipre aprobado la madrugada del sábado por Bruselas ha abierto un nuevo frente en la interminable crisis del euro. La decisión de imponer pérdidas a los ahorradores chipriotas sin respetar la barrera de 100.000 euros de los depósitos garantizados constituye, aunque sea en forma de impuesto, una respuesta inédita en la historia financiera de la eurozona y un cambio de criterio que podría abrir más incógnitas de las que pretende cerrar. Los mercados recibieron ayer con lógica preocupación, aunque sin ceder al pánico, un modelo de rescate que reaviva el temor por un eventual efecto contagio en las economías más vulnerables. Aunque la radiografía de Chipre no guarda similitud alguna ni con la situación de Italia ni mucho menos con la de España, resulta inevitable advertir que la hoja de ruta de esta nueva intervención supone un golpe –o al menos una grieta– en la confianza que sustenta el sistema financiero europeo.
Desde Bruselas llegaban ayer, entre otras, tres posibles respuestas para quienes se preguntan si los riesgos de esta decisión han sido ponderados con suficiente prudencia. La primera de ellas es que el reparto de la carga del rescate –y la opción de incluir los depósitos garantizados– ha sido diseñado directamente por el Gobierno de Nicosia. Ello puede ser cierto, pero no disminuye en absoluto el riesgo que supone para el resto de Europa, como tampoco reduce la responsabilidad de Bruselas sobre los resultados de la operación. Las autoridades europeas sostienen también que el rescate no viola la normativa de garantía de depósitos al haberse articulado por vía impositiva; una respuesta jurídicamente aceptable, pero que difícilmente podría frenar una hipotética crisis de confianza.
Y el tercer argumento es que el caso de Chipre constituye una excepción, otra afirmación que entra en el terreno de la credibilidad y que no constituye, por tanto, un antídoto fiable ante el riesgo de contagio entre las economías de la eurozona. A estas alturas y a falta de conocer cuál será la reacción de los ahorradores chipriotas –los bancos del país permanecerán cerrados hasta el jueves– la crisis desatada en Chipre vuelve a poner sobre la mesa no solo el fantasma de la fuga de capitales en la zona euro, sino también la incapacidad de la región para sellar las vías de agua del sistema financiero. El hecho de que una economía como la chipriota, que supone solo el 0,2% del PIB de la eurozona, pueda llegar a poner en jaque la estabilidad de la moneda única dibuja una endeble caricatura de la UE y de su Banco Central Europeo, y hace más necesario que nunca avanzar hacia esa unión bancaria que no termina de cuajar.
El perfil de la economía de Chipre –cuyos activos bancarios son desbordantemente superiores al PIB del país– y su condición de paraíso fiscal dentro de la eurozona plantean, además, dos viejas pero importantes cuestiones. La primera tiene que ver con los criterios de admisión que la Europa del euro utiliza para abrir sus puertas a nuevos socios; la segunda radica en la ausencia de un verdadero control financiero tanto por parte de Bruselas como del Banco Central Europeo.
A ello hay que sumar la entrada en escena, de particular importancia en el caso de Chipre, de un elemento geopolítico muy preocupante: los abundantes y opacos intereses financieros que Rusia mantiene en el país. Desde Moscú, el presidente, Vladimir Putin, calificaba ayer de “peligrosa, injusta y no profesional” la decisión del rescate y amenazaba con represalias financieras contra Nicosia. Todo ello hace urgente gestionar con extrema prudencia el desarrollo de este rescate, dado que puede generar una nueva tormenta de confianza en el seno de la UE e intensificar de forma muy peligrosa las dificultades económicas que vive la región.