Un embargo de 5 millones desencadena un proceso de 3.613
Reyal solicitó 30 millones de liquidez adicional, que no consiguió La deuda proviene de la adquisición de Urbis por parte de Reyal en 2006
Al final es la gota más pequeña la que desborda el mayor vaso. En este caso, ha bastado un embargo de 5 millones de euros de las cuentas de Reyal Urbis, para pagar deudas derivadas de pleitos, y la petición a la banca de 30 millones de euros de liquidez adicional para desencadenar un proceso concursal de más de 3.600 millones de euros, en el que están embarcados al menos 10 entidades bancarias y fondos de inversión, además de Hacienda y el ICO. Reyal Urbis se rendía ayer a la evidencia: el deterioro de sus activos y su imposibilidad de refinanciar la altísima deuda de la compañía la obligaba a naufragar en la segunda mayor quiebra empresarial desde que estalló la crisis inmobiliaria, después de la de Martinsa Fadesa.
La deuda de Reyal Urbis proviene de la adquisición de Urbis por parte de Reyal en 2006. A mediados de ese año Santamaría acordó con el primer accionista de Urbis, Banesto, una opa valorada en más de 3.300 millones de euros. La inmobiliaria explicaba en sus cuentas de 2011 que en 2008 suscribió un contrato de novación de “ciertos contratos de financiación” por importe de 3.357 millones de euros, con el fin de aplicar nuevas condiciones al pago de su deuda contraída en 2006 para comprar Urbis, con vencimiento en 2015. Banco Santander es la entidad agente de dicho préstamo sindicado.
En 2010, Reyal Urbis volvió a refinanciar su deuda, que extendía la fecha del vencimiento de la misma hasta 2016, iniciándose las amortizaciones del principal hasta 2013 e incorporando una línea de financiación de 35 millones. En ese momento, la empresa constituyó a favor de la banca acreedora “prenda sobre la totalidad de las acciones de todas las sociedades” de las que la compañía era titular.
En junio de 2011, la inmobiliaria volvió a abrir un periodo de refinanciación de su deuda con la banca. El grupo se comprometió con los acreedores a alcanzar ciertos ratios de negocio, aunque “el incumplimiento de estos ratios solo será causa de resolución anticipada a partir del ejercicio 2013”, explicaba Reyal Urbis en sus cuentas de 2011.
En junio del pasado año la inmobiliaria volvió a abrir un periodo de refinanciación de su deuda con la banca. En 2011 el coste financiero relacionado con los créditos obtenidos ascendió a 100,4 millones de euros
Pero la situación no mejoró y al año siguiente, en junio de 2012, con motivo de los resultados semestrales, la empresa comunicó a la CNMV que su deuda ascendía a 3.756 millones de euros. Este proceso abocó a que la inmobiliaria propiedad en un 70% de su presidente Rafael Santamaría se acogiera el pasado 23 de octubre al artículo 5 bis de la Ley Concursal. Disponía de cuatro meses, que se cumplen el próximo sábado, para negociar un convenio con sus acreedores, cosa que no se ha logrado.
A falta de cuatro días para que finalizara el plazo, las reticencias de la banca han sido determinantes. De hecho, el embargo de las cuentas para hacer frente a los gastos derivados de pleitos contra proveedores propiciaron el lunes el consejo de urgencia que ha tomado la decisión, según han indicado a Efe fuentes conocedoras del proceso.
Continúa la gestión
Según estas mismas fuentes, en la reunión del lunes con las entidades financieras, Reyal Urbis solicitó a los bancos 30 millones de euros para hacer frente a pagos de proveedores y a los intereses de la deuda contraída con la Agencia Tributaria, que asciende a cerca de 400 millones de euros.
La materialización de esta exigencia de capital a las entidades acreedoras se planteó bien mediante una nueva línea de financiación o con la recompra de activos de la compañía. El objetivo de este requerimiento era, según las fuentes consultadas, evitar que algún acreedor solicitase el concurso necesario de Reyal Urbis, lo que retiraría del día a día de la compañía a los actuales gestores, que pasarían a ser sustituidos por la administración concursal.
Ante el rechazo de los bancos a aportar capital y el embargo de las cuentas, la inmobiliaria se ha visto abocada a iniciar los trámites de la insolvencia.
Al tratarse de un concurso voluntario, que la compañía aún no ha presentado en los juzgados mercantiles correspondientes, los actuales gestores conservarán las facultades de administración y disposición de su patrimonio, pero sometidas a la intervención de la administración concursal.
La inmobiliaria ha justificado la solicitud de insolvencia ante el “continuado deterioro de la situación general del sector inmobiliario”. Sin embargo sostiene que el valor de sus activos era de 4.194 millones de euros en junio de 2012, según una tasación de Jones Lang Lasalle. Sin embargo, otras fuentes consultadas por Efe han añadido que desde el pasado año el valor de sus activos, entre los que se incluye el complejo Castellana 200, era inferior a su deuda.