De la bombona de butano a las renovables
La transformación del sector ha estado marcada en las últimas décadas por la búsqueda de nuevas fuentes de energía
La escasez de recursos ha condenado tradicionalmente al sistema energético nacional a una situación de déficit. España, uno de los países más dependientes energéticamente de la Unión Europea, importa el 80% de la energía primaria que utiliza. No obstante, el suministro de las materias primas está muy diversificado en cuanto a sus orígenes y cuenta con múltiples infraestructuras de acceso, lo cual reduce la vulnerabilidad en lo que se refiere a la seguridad de suministro, pero no en cuanto a precio.
El actual sector eléctrico es producto de las decisiones adoptadas a lo largo de las cuatro o cinco últimas décadas: la construcción de grandes instalaciones hidroeléctricas, el plan de centrales nucleares, el plan acelerado del carbón, la moratoria nuclear, la introducción de los ciclos combinados, los planes de fomento de las energías renovables...
Las dos crisis del petróleo, en 1973 y en 1979, tuvieron serias consecuencias en las economías de todos los países industrializados. España no fue una excepción. El precio del barril de petróleo, entonces la principal fuente de energía primaria, que pasó de 1,62 dólares a 35 dólares a principios de 1981, obligó al sector eléctrico a adoptar medidas para reducir su consumo, ya que era el combustible utilizado por buena parte de su potencia en servicio. Se trataba de modificar la estructura del parque generador con fuertes inversiones -más de 21.000 millones de euros en el periodo 1980-1986 (3.000 millones de euros anuales)- para potenciar fuentes alternativas, en aquel momento fundamentalmente el carbón y la energía nuclear, además de aplicar tarifas eléctricas que permitieran que el precio del kilovatio/hora se correspondiera con los costes reales de suministro, así como asegurar un uso racional de la electricidad.
Estos criterios se plasmaron en sucesivos programas eléctricos, englobados en los planes energéticos nacionales de la época. En 1986, el carbón, con el 45%, y la energía nuclear, con el 30%, se habían convertido en los principales combustibles utilizados para la producción de electricidad en España.
A finales de los ochenta, el sector se encontraba en una situación complicada: por una parte, existía una elevada capacidad ociosa como consecuencia de la política de diversificación, que redujo las centrales de fuel a un mero papel de reserva; además, los crecimientos de demanda eran moderados. Por otra, las empresas estaban fuertemente endeudadas y la insuficiencia tarifaria se perpetuaba, debido al papel asignado a los precios de la electricidad para contener la inflación.
Durante los años noventa, el Marco Legal Estable, que implantó un nuevo sistema de cálculo de la tarifa eléctrica, mejoró la situación económico-financiera de las compañías. A ello también contribuyó la existencia de una sobrecapacidad que hacía innecesario acometer nuevas inversiones en generación, así como la estabilidad económica que proporcionó la integración real en la Unión Europea. Esa estabilidad permitió a las compañías generar fondos para sanear su estructura financiera y plantearse su expansión a otros sectores económicos y a otros mercados, fruto de la cual algunas se convirtieron en multinacionales que hoy ocupan posiciones destacadas en el sector de las utilities en diversos países. Previamente se había producido un proceso de concentración empresarial muy importante.
Cuando los aires liberalizadores empezaban a correr por Europa, en España se promulgó, en 1995, la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional (Losen). En ella ya se preveía la puesta en marcha de un sistema de generación independiente, que funcionaría en régimen de competencia, manteniendo, a la vez, un sistema integrado que conservaba el modelo tradicional de servicio público. Esta ley, que no llegó a desarrollarse por completo, representó un primer paso en la liberalización del sistema y dio solución al problema de las inversiones paralizadas en la moratoria nuclear, ya que compensaba a las empresas propietarias con un porcentaje de la tarifa eléctrica durante un plazo máximo de 25 años; permitió también la titulización de esa deuda.
La Ley del Sector Eléctrico de noviembre de 1997 supuso pasar de un sistema intervenido a otro en el que las actividades eléctricas se llevarían a cabo con criterios de mercado. Esta ley incorporó nuevas reglas en las actuaciones necesarias para llevar la electricidad al cliente final (producción, transporte, distribución y comercialización). Asimismo, reconoció los denominados costes de transición a la competencia (CTS), es decir, la recuperación íntegra de las inversiones realizadas por las empresas para acceder al libre mercado y la garantía de los derechos adquiridos. Los consumidores se harían cargo de los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento; a saber: las primas a la producción en régimen especial para promover el desarrollo de la generación mediante cogeneración, residuos y energías renovables, los costes asociados a la moratoria nuclear, los de financiación del segundo ciclo de combustible nuclear y los costes de su stock.
Se crearon también las figuras del operador del mercado, encargado de la gestión económica del mismo, y el operador del sistema, es decir, Red Eléctrica Española (REE), responsable de garantizar la continuidad, la calidad y la seguridad del suministro, así como de gestionar la red y de las interconexiones con otros países. El nuevo sistema liberalizó también la comercialización.
En la última década, la industria ha tenido que afrontar importantes retos, tales como llevar a la práctica el plan de energías renovables 2005-2010 o la estrategia española de ahorro y eficiencia energética. El desarrollo del parque generador en estos años se ha basado, sobre todo, en el incremento de tecnologías antes casi inexistentes. Así, se han puesto en operación unos 23.635 MW en ciclos combinados de gas natural, más de 18.000 MW en parques eólicos, 3.800 MW en energía solar y unos 2.000 MW en instalaciones de cogeneración.
También se ha hecho realidad el Mercado Ibérico de Electricidad (Mibel) con Portugal. Sin embargo, la interconexión con Europa a través de Francia es solo de 1.400 MW, el 3% de la punta de demanda de nuestro sistema.
21.000 millones de euros
Es el volumen de inversiones que el sector eléctrico realizó entre los años 1980 y 1986 para modificar la estructura del parque generador tras las crisis del petróleo.
Déficit de tarifa: suma y sigue
La diferencia entre los costes reconocidos a las compañías eléctricas y lo que recaudan a través del recibo de la luz es el origen del déficit de tarifa, que ya alcanza los 24.000 millones de euros. Y no parece que el actual Gobierno tenga intención de acabar con este problema. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha retirado la obligación de equilibrar ingresos y costes del sistema en 2013. Es decir, que este año, lejos de reducirse, corre el riesgo de dispararse. Las primas a las renovables se presentan como principales responsables de que siga aumentando el déficit de tarifa. En 2012 ascendieron a 8.000 millones de euros, un 22,5% más que en 2011, según la Comisión Nacional de la Energía (CNE).
La segunda crisis del petróleo dispara los precios
1979-1980. El Plan Energético nació tras la crisis de 1979 que disparó los precios del petróleo. Dio lugar a medidas destinadas a contener la dependencia de este carburante, aunque sus frutos no se vieron hasta bien entrada la siguiente década. En el ámbito de la generación eléctrica, y en línea con las propuestas de la Agencia Internacional de la Energía, estos años se caracterizaron por el desarrollo de tecnologías dirigidas a reducir el uso del Brent. En enero de 1981 el barril de petróleo alcanzó la cifra de 35 dólares.
Puesta en servicio de cinco centrales nucleares
1980-1986. En la primera mitad de los años ochenta entraron en servicio las centrales de carbón, tanto nacional como importado. Simultáneamente fue desarrollándose buena parte del programa nuclear.Entre 1980 y 1986 se pusieron en marcha cinco reactores, con una potencia de más de 4.500 MW, y casi se finalizó el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico. En 1982 se paralizó la construcción de la central de Lemóniz y en 1984 se aprobó la moratoria nuclear. En estos años, el sector eléctrico acometió cuantiosas inversiones.
En busca de una regulación eléctrica estable
1988-1996. El Marco Legal Estable (MLE) fue la pieza central que definió la regulación del sector eléctrico en este periodo. Su objetivo era proporcionar un marco de referencia estable respecto al sistema de ingresos de las empresas. Así, el MLE establecía un nuevo método de tarifas basado en la estandarización de los costes de producción, recuperando las inversiones a lo largo de la vida útil de las instalaciones. Aunque sufrió algunas modificaciones, el MLE estuvo vigente hasta la liberalización del sector.
La Ley del Sector Eléctrico incorpora nuevas reglas
1997. Esta norma no solo obedecía a las tendencias liberalizadoras predominantes de aquellos momentos, sino que respondía a la necesidad de incorporar, transponiéndola en su mayor amplitud, la Directiva comunitaria de Normas Comunes para el Mercado Interior de la Electricidad. Reunió nuevas reglas en todas las actividades necesarias para llevar el producto hasta el cliente, esto es, nueva reglamentación para las actividades de producción, transporte, distribución y comercialización de la electricidad.
Funcionamiento en competencia de la generación eléctrica
1998-1999. Este paso se produce a través del mercado mayorista de electricidad. También se inicia la liberalización del sector por escalones de consumo. Los usuarios van adquiriendo el derecho de ser clientes cualificados en función de su consumo anual. En este mismo periodo se alcanza el primer acuerdo entre España y Portugal para establecer el Mercado Ibérico de Electricidad (Mibel). Se superan los 1.000 MW de potencia eólica en el sistema eléctrico español y se aprueba el Plan de Fomento de Energías Renovables.
Profusión de directivas comunitarias y leyes nacionales
2006-2012. Entre otras, se aprueba la Ley de Medidas Urgentes en el Sector Eléctrico que, por ejemplo, suprime los costes de transición a la competencia. En 2007 tiene lugar la primera subasta de energía para el suministro de último recurso, mecanismo para aumentar la liquidez del sistema. En 2010, un real decreto desarrolla el proceso de titulización del déficit de la tarifa eléctrica e impulsa medidas de modernización del sector. El déficit de tarifa sigue sin resolverse y llega a alcanzar los 24.000 millones de euros en 2012.