La tolerancia al déficit
Si tTodo el mundo estuviese de acuerdo en que los déficits fiscales excesivos son un peligro, los políticos americanos que rechazan subir los impuestos estarían en serios problemas. Pero son sus enemigos ideológicos, los liberales amantes del déficit, los que les dan cobertura intelectual.
Las fuerzas antiimpuestos de EE UU solo han perdido una batalla. La ley presupuestaria firmada por el presidente Obama contenía más subidas de impuestos que recortes del gasto. En cambio, el acuerdo para convertir los recortes de impuestos temporales en permanentes es una concesión a su pensamiento, y los republicanos que votaron contra el proyecto de ley no han perdido su fervor.
En teoría, su fervor es por un menor Gobierno, no solo por menos impuestos. En la práctica, el estilo de los políticos del Tea Party es tan poco realista como vago en cuanto a la reducción del gasto. Hay aquí una contradicción que los entusiastas de una gran gobernanza podrían explotar hasta desacreditar a sus oponentes, si no estuviesen atados por su propia tolerancia a los elevados déficits. Los antiimpuestos son también antidéficit, en principio. Pero cuando los distinguidos economistas propugnan elevados déficits federales durante años, algunas veces añadiendo una mayor impresión de dinero entre sus recomendaciones, se ve muy conservador decir que el dinero no debería imprimirse y que unos impuestos más bajos obligarían a reducir el gasto del Gobierno.
La tolerancia al déficit se ha convertido en algo común en la política de EE UU. En un contexto global es razonable. En EE UU, el consenso de los opuestos ideológicos podría permitir ajustes temporales del presupuesto, pero también alimenta las expectativas menos realistas.
Los argumentos del Tea Party contra los impuestos serían más convincentes si viniesen sin severos recortes en derechos y en los servicios públicos. Y el argumento liberal por un gran Gobierno lo sería si se presentara sin promesas de futuras subidas de impuesto. Sería mejor para ambos lados admitir que los ciudadanos siempre tienen que pagar por sus Gobiernos.