La reforma laboral no debe pararse
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso promovido por el PSOE e Izquierda Plural contra la reforma de la legislación laboral aprobada por el Gobierno en febrero y que modificaba radicalmente el proceder en caso de despidos colectivos, además de cambiar la estructura tradicional de la negociación colectiva. Los cambios introducidos por el Gobierno fueron tan profundos como grave era la situación del empleo en España, con más de cinco millones de parados, y pretendían flexibilizar la normativa para colocarla en los niveles de flexibilidad similares a los europeos.
Los sindicatos, fieles defensores de la continuidad de una legislación que protegía sobremanera los derechos de los trabajadores y encarecía el factor trabajo, rechazaron la reforma, aunque no lograron en la convocatoria de una huelga general el grado de contestación que esperaban. Ahora, el próximo 14 de noviembre, repiten el ensayo en el contexto de una movilización europea. La demanda política contra la reforma elaborada por la ministra Báñez -la sindical no cuajó por considerar el Defensor del Pueblo que no había motivaciones suficientes para sustentarla- considera que vulnera el espíritu constitucional hasta en siete artículos y dos disposiciones, especialmente en los referidos a los poderes otorgados a la Comisión Nacional de Convenios, en la prioridad concedida al convenio de empresa sobre los de ámbito superior, o en la extensión del periodo de prueba de hasta un año en caso de contratos fijos para las pymes.
En extensión, el recurso estima que se lesionan los derechos de las organizaciones sindicales, puesto que en el caso de los despidos de carácter colectivo por causas económicas (despido objetivo) desaparece la necesidad de autorización administrativa, que indirectamente exigía la necesidad de un acuerdo entre partes (empresa y comité) para dar validez al expediente. El Tribunal Constitucional tiene que velar por los derechos que en materia laboral tienen todos los españoles, sean trabajadores o empresas. Pero debe respetar el marchamo reformista de la nueva legislación, que trata de alcanzar los estándares europeos precisamente para que los niveles de desempleo se acerquen también a criterios comunitarios.
Debe velar por que las empresas no se encuentren en posiciones anticompetitivas con sus iguales comunitarios, cuando las condiciones restantes del proceso productivo (financieras, comerciales y tecnológicas) están equiparadas hace tiempo. Y desde luego tiene que despejar la situación cuanto antes, con más rapidez de la que el Constitucional acostumbra, pues muchas empresas están inmersas ahora en procesos de ajuste que tendrán una resolución u otra en función de la decisión judicial. Como demuestra la evolución del empleo, el mercado precisa más flexibilidad y menos rigidez.