El coste de la reforma financiera
¿Cuánto van a costar a los contribuyentes las reformas financieras del Gobierno? El autor reclama a los responsables políticos que cuenten la verdad y a la vez también pide un cambio de prioridades.
Muchos ciudadanos temíamos un Gobierno de derechas que desarrollara una ideología que reclama reducciones de impuestos a las rentas más altas acompañadas de reducciones de servicios públicos; pero la realidad ha sido peor: el PP gobierna para la banca y otros intereses privados, de forma que reduce los servicios públicos, pero sube los impuestos para pagar toda la deuda bancaria. No sé si hay o no rescate, pero lo que sí hay es rapto de España: rapto de la voluntad de los españoles que votaron un programa y se desarrolla otro, no porque cambie la información de la que se dispone, como reconoce hasta el ministro de Exteriores en unas declaraciones realizadas a El País, en mayo de este año, cuando dijo que antes de ganar las elecciones "éramos plenamente conscientes de la situación que íbamos a heredar", sino porque cambian los intereses a los que se sirve.
El verdadero problema de nuestro país es la deuda privada y financiera que a finales de 2011 representaba el 300% del PIB, mientras que la deuda pública era el 70%. La gestión del PP con relación al sistema financiero español, estos últimos meses, ha hecho que los mercados descuenten que una gran parte de la deuda financiera va a terminar consolidando con la deuda pública. Por eso los mercados, que valoraron la estabilidad que supone la mayoría absoluta, dispararon lo que nos cobran cuando vieron la avalancha que se le venía encima a las cuentas públicas españolas. Y este es uno de los grandes problemas de la reforma financiera del PP: no se despeja esa incógnita, más bien se profundiza en la idea de la consolidación con la creación del banco malo. Ya que la pregunta clave, a la que el Gobierno no ha querido contestar de una manera clara, es cómo se va financiar el banco malo, independientemente de cómo quede la participación pública en dicho banco, muy probablemente se hará con endeudamiento avalado, eso sí, por el sector público.
Para la reforma financiera, y por tanto, también para el banco malo, el real decreto-ley contempla una modificación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año, de manera que el límite de recursos ajenos que puede obtener el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) se incrementa hasta los 120.000 millones de euros, y el Estado puede otorgar avales por 258.000 millones de euros. Sin embargo, los impedimentos y las dudas surgen cuando se trata de financiar el déficit de la sanidad y el de la educación.
Decía la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que la reforma financiera no va a costar un euro a los contribuyentes. No es cierto, de entrada, ya les ha costado. Desde la intervención de Bankia la prima de riesgo ha subido 200 puntos, elevando los costes financieros de la deuda pública, y ya se puede estimar que la factura de los intereses de la deuda puede incrementarse este año en 21.000 millones de euros.
Esto es lo que tratan de ocultar Rajoy y el resto de dirigentes del PP, que los recortes y la subida de impuestos no son producto de la situación de las cuentas públicas sino de la abultada (pero incierta) deuda que el sector bancario nos está endosando al conjunto de los españoles, gracias a la gestión que ha realizado el Gobierno estos últimos meses y a las prioridades de dicho Gobierno.
Podemos intentar traducir el galimatías económico y jurídico de las sucesivas reformas a este dilema; la deuda pública española era conocida y sostenible en un escenario responsable de austeridad, pero ha dejado de ser ambas cosas cuando el PP ha decidido que los sacrificios de los españoles pagarán todo el agujero de nuestros bancos. Las propias instituciones que nos prestan nos dicen que no podemos asumir un agujero de proporciones enormes e imprecisas; en mi opinión, el debate con nuestros rescatadores el Gobierno de Mariano Rajoy lo ha planteado en sentido contrario a los intereses de España: en lugar de pedir más dinero para asumir más pérdidas bancarias deberíamos estar argumentando que los bancos que prestaron a manos llenas para cualquier proyecto privado en España deben asumir que son más responsables de la crisis que el jubilado o un investigador español, y que el riesgo forma parte de su juego, de forma que no es sensato, desde cualquier punto de vista, intentar que estos (el jubilado o el investigador) asuma todo el coste de las decisiones de aquél.
El contraargumento se podría basar en el efecto reputación: si no devolvemos todo no volverán a prestarnos. Contra él, dos ideas básicas. La primera es la distinción entre España como un todo y las empresas; todos los años hay miles de empresas que tienen problemas de liquidez o de solvencia en la devolución de sus deudas y esto forma parte del funcionamiento del mercado, mientras que a los Estados se les supone la máxima solvencia (al menos a algunos, entre los que queremos seguir estando). La segunda es la constatación de que el PP está creando un problema real para evitar uno potencial; está generando dudas razonables sobre nuestra capacidad de repago para no generar dudas potenciales sobre nuestra voluntad de repago. En economía nunca terminamos de conocer lo que hubiese pasado si se hubiesen tomado otras decisiones, pero sí conocemos el resultado de las decisiones efectivamente tomadas: enormes costes sociales, 200 puntos de prima de riesgo adicionales y financiación bloqueada.
Ni que decir tiene que hay que realizar reformas importantes en el conjunto de las Administraciones públicas, con el objetivo de gastar mejor, destinando los recursos a potenciar el capital humano, a la investigación, a financiar proyectos empresariales de futuro, que permitan un crecimiento económico mayor, pero, a la hora de abordar las decisiones de política económica, el Gobierno debería, en primer lugar, contar la verdad y, en segundo lugar, cambiar de prioridades.
Pedro Saura García. Portavoz de Hacienda del Grupo Socialista en el Congreso