TRIBUNA

Paradojas de la información en tiempos de crisis

Es más que notorio que vivimos un momento económico complejo y convulso. Ello es especialmente cierto cuando se observa desde la perspectiva europea y todavía más patente cuando el foco es el español. Las medidas que están adoptando los Gobiernos y las empresas no terminan de producir los efectos deseados y todavía es más desconcertante la falta de sintonía en las respuestas, que parece abocarnos a un bucle fatal del que no vemos cómo se puede salir. Los mercados exigen simultáneamente el saneamiento del sector financiero, la reducción del déficit público y la mejora de la competitividad para crecer, y bien porque las soluciones son contradictorias o porque requieren tiempo, no somos capaces de abordar todo ello con la celeridad necesaria. En fin, como algunos dicen para salir corriendo.

Lejos del debate sobre la dosis y el tempo entre austeridad y el estímulo económico, no deja de asombrarnos cómo en muchos ámbitos las prisas atropellan el rigor y la transparencia que tan necesarias resultan en estos momentos. Con mucha frecuencia tenemos oportunidad de escuchar a empresarios y directivos preocupados por la inacción y la falta de inversión que toda esa incertidumbre está promoviendo. Y sin embargo, si algo conocemos es que el riesgo empresarial razonable e informado es absolutamente indispensable para el progreso económico. Este es el motor del desarrollo y la razón principal por la que los directivos y propietarios explican a los inversores, sean entidades financieras o accionistas, la capacidad de sus proyectos para generar valor en el corto, medio y largo plazo, buscando el apoyo financiero para llevarlos adelante.

No debería haber, por tanto, dudas sobre la necesidad de información. La cuestión no está ahora tanto en la cantidad como en la calidad. Estamos, con una diferencia gigantesca, en el momento de la historia en que más información hay disponible y, a pesar de ello, también en el que más difícil resulta separar el grano de la paja, la información relevante y fiable de la que no lo es. En concreto, en los mercados financieros, los inversores nos exigen para otorgar su confianza mayor transparencia y rigor a todos aquellos que participamos en la cadena de información financiera.

Pues bien, en este contexto no se entienden ciertas iniciativas europeas que incluyen medidas que permiten un apagón financiero-contable y que venimos denunciando por considerarlas contraproducentes para el progreso de las empresas. Actualmente se encuentra en proceso de tramitación parlamentaria y pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros Europeo, la Directiva Europea (2011/0308) sobre estados financieros anuales, estados financieros consolidados y otros tipos de informes de cierto tipo de empresas, que con objetivos genéricos que compartimos, como la mayor eficiencia de las empresas, propone medidas que van contra la transparencia y el rigor, sustrayendo del mercado información financiera auditada de las empresas pequeñas y medianas.

Si esta norma se aprueba con sus propuestas actuales se estima que alrededor de 7.000 pequeñas y medianas empresas en España verían reducidos sus requerimientos de información y dejarían de auditarse. Un mínimo análisis coste-beneficio, hay estudios académicos al respecto, pondría de manifiesto que los potenciales ahorros que estas medidas representan quedarán eliminados por el sobrecoste financiero que impondrá un mercado financiero escaso de liquidez. Es más, estamos convencidos que estas medidas, en el largo plazo, no hacen a las pymes más sino menos competitivas.

La limitación de los requerimientos de información financiera y auditoría no es solo perjudicial por el impacto negativo muy significativo en los despachos de auditoría de menor tamaño, que tan buenos servicios prestan al interés público, sino también inoportuna en un contexto marcado por la inaccesibilidad al crédito especialmente acusado en el caso de las pymes. Los auditores, como defensores de la calidad y seguridad de la información financiera y de su control, tenemos el deber de alertar sobre unas medidas que perjudicarán a la iniciativa empresarial y menoscaban la base del sistema económico: la transparencia.

Antonio Fornieles Melero. Presidente de la Agrupación Territorial 1ª del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España