¿Quién ha tenido más culpa en la crisis de las participaciones preferentes?

Los problemas de las preferentes estallaron el año pasado pero las secuelas persisten en 2012 y lo harán previsiblemente en el futuro inmediato. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado que cambiará la normativa y atribuye parte de las responsabilidades a los supervisores y también al Gobierno de Rodríguez Zapatero.

¿Hay un gran culpable de la crisis de las participaciones preferentes? De entrada, parece que no: la responsabilidad está compartida, aunque, como casi siempre, hay diferentes grados. Los casos son demasiado complejos para sacar una conclusión general. ¿Fueron los bancos? ¿El Gobierno que no legisló convenientemente? ¿Los supervisores? ¿O fueron los compradores, que se dejaron tentar por rentabilidades fuera de mercado?

En sus comparecencias en el Congreso de esta semana, el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, los expresidentes de entidades financieras (Rodrigo Rato o Julio Fernández Gayoso) e incluso la exministra de Economía Elena Salgado han hablado de muchos temas, entre ellos de las preferentes. Todavía hay en circulación participaciones vendidas a particulares de CatalunyaCaixa (480 millones de euros), Novagalicia (903) y Bankia (3.056 millones) que no han recibido ofertas de canje y que han dejado de pagar intereses.

Estallan los problemas

El asunto estalló cuando las participaciones comenzaron a valorarse a precios de mercado. Hasta el año pasado, la práctica habitual de las entidades era revender a terceros las preferentes que los compradores originales deseaban convertir en liquidez: era un mercado interno del que solo tenían conocimiento los comerciales de las oficinas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) exigió poner fin a esta práctica -perjudicial para el comprador- en junio de 2010 y reiteró la advertencia a finales del año pasado. Los inversores se asustaron al ver reflejadas en el papel las, en muchos casos, importantes minusvalías latentes que registraban sus inversiones.

El saldo en circulación de preferentes ha disminuido considerablemente desde mayo de 2011, principalmente por dos razones. Primera, porque este instrumento no computa a efectos de capital de máxima calidad para la Autoridad Bancaria Europea (ABE). Y, segunda, por cuestiones comerciales. Las entidades conseguían dos objetivos a mismo tiempo: dar liquidez a sus clientes y reforzar capital. Así, comenzaron a realizar canjes de preferentes por bonos necesariamente convertibles (Bankinter, BBVA, La Caixa, Popular y Banca Cívica) o por acciones (Sabadell, Santander y BFA-Bankia). También se ejecutaron conversiones por deuda sénior (Banesto) y por depósitos (Mare Nostrum, Cajasur y Caja España Duero).

De hecho, ahora el problema real es relativamente pequeño, quedan unos 5.800 millones de euros en circulación, un 80% menos que en mayo de 2011. Pero hay atrapados muchos pequeños inversores, que protestan por una supuesta mala comercialización por parte de las entidades. En su cruzada, los apoyan asociaciones de usuarios de banca, como Adicae, y es indudable que ha habido numerosos casos de personas a las que se vendió deuda eterna, con grandes riesgos, como si fueran depósitos. Los actuales directivos de Novagalicia han llegado a pedir perdón.

Comercialización

En las últimas semanas, el actual ministro de Economía, Luis de Guindos, ha venido a reconocer que la venta de estas participaciones fue inadecuada, y ha anunciado medidas para evitar que surjan problemas con este tipo de productos. Entre ellas, que impondrá un importe mínimo de suscripción elevado (Caja Madrid solicitaba solo 100 euros para comprar en la colocación que efectuó en 2009) o que exigirá obligatoriamente un tramo destinado a inversores cualificados en las emisiones.

Guindos aseguró pasado 18 de julio en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento que "la colocación de preferentes entre minoristas se produjo a partir de 2009 cuando dejaron de comprar las instituciones y este ministro no tenía ninguna responsabilidad al respecto; por lo tanto, lo que vamos a hacer es modificar la legislación para que esto no se vuelva a producir como ocurrió en 2009 y 2010", según declaraciones recogidas por Europa Press.

Los legisladores

Es cierto que la avalancha de colocaciones de preferentes entre los pequeños ahorradores se produjo en 2009, cuando se vendieron 11.353 millones de euros, según los datos recopilados por la CNMV. Pero la venta en oficinas de este producto lleva produciéndose desde hace 14 años: el primer folleto de este tipo de deuda ultrasubordinada recibió la luz verde del supervisor en 1998. En noviembre de ese año, BBV fue el primero en dar el paso, al vender preferentes en España (ya lo había hecho antes en Estados Unidos) por 700 millones de euros.

El actual BBVA, entonces presidido por Emilio Ybarra, fue el pionero, marcando el camino a todos sus rivales, que siguieron sus pasos. Y no solo ellos, también empresas, como Fenosa (hoy Gas Natural), Telefónica, Repsol, Sos Cuétara (Deoleo), Endesa o Meliá obtuvieron liquidez y reforzaron capital utilizando este instrumento. El volumen que se vendió entre institucionales y particulares no es desdeñable.

Entre 1998 y marzo de 2004, empresas no financieras, bancos y cajas de ahorros vendieron cerca de 15.500 millones de euros en preferentes entre institucionales y también entre minoristas. En esos años, gobernaba el Partido Popular y, precisamente, Luis de Guindos fue secretario de Estado de Economía desde 2002 hasta marzo de 2004.

De hecho, la CNMV asegura que el 60% del saldo vivo en mayo de 2011 pertenecía a emisiones anteriores a 2005, que pagaban rentabilidades muy inferiores a las de 2009 (del euríbor a tres meses más 50 puntos básicos, en los mejores casos), frente a los diferenciales de hasta 855 puntos básicos de las emisiones de 2009.

El dinero colocado en este instrumento desde la llegada al poder de Rodríguez Zapatero se establece en unos 15.000 millones. Por lo tanto, el importe de preferentes vendido en función del partido que gobernaba España apenas difiere. Ni los Gobiernos del PP ni los del PSOE -los legisladores en cada uno de los momentos- cambiaron las condiciones de comercialización.

Lo cierto es que las preferentes hasta hace muy poco tiempo no habían causado ningún problema. Sus dueños cobraban puntualmente las remuneraciones y se consideraba un producto de riesgo relativamente bajo. Su colocación estaba regulada -y continúa estándolo hasta que el Gobierno cambie la normativa- por la Ley del Mercado de Valores, que no exige explícitamente un tramo para inversores institucionales.

El supervisor

Sin embargo, la CNMV envió en 2005 una carta a las asociaciones de entidades financieras en la que les recomendaba destinar al menos el 10% de las emisiones a inversores cualificados. A finales de 2007, entró en vigor la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (Mifid) y las preferentes pasaron a calificarse como productos complejos. En 2009, las entidades financieras, acuciadas por las necesidades de capital de la primera ronda de la crisis, utilizaron su poderosa red comercial para colocar en masa estos productos, que ofrecían alta rentabilidad pero también un riesgo muy elevado, como publicó Cinco Días.

La CNMV, pese a contar con una capacidad regulatoria mínima -con la Ley del Mercado de Valores en la mano, carece de la potestad de echar para atrás un folleto si cumple con los requisitos formales y tampoco puede exigir obligatoriamente un tramo minorista- tomó cartas en el asunto y solicitó dos informes de valoración independientes en los folletos si las emisiones carecían de tramo para inversores cualificados. Llegó a incluir advertencias explícitas en caso de que la valoración ofrecida por el emisor difiriera de la de los informes: avisó en las emisiones de BBVA, Santander, Banesto y también en la de Banca Cívica de 2011.

Sobre la comercialización, la CNMV reconoce que pueden "existir casos puntuales de clientes a los que las entidades no han informado de acuerdo a sus procedimientos, o incluso, que habiendo entregado la documentación prevista, la información verbal pueda haber sido inexacta". Eso sí, puntualiza que "la comercialización se ajustó con carácter general a la normativa vigente". El supervisor revela además que se han detectado "situaciones de incumplimiento en lo relativo a la valoración de la conveniencia/idoneidad, en cuyo caso se han iniciado medidas disciplinarias contras las correspondientes entidades".

Reclamaciones

Las reclamaciones a la CNMV por las preferentes han ido creciendo en los últimos años desde las 19 de 2007 hasta las 209 del año pasado. De las 485 acumuladas en esos cinco años, las favorables al reclamante fueron 215 y además un buen número de las recibidas en 2011 aún no han sido resueltas. La primera causa de actuación incorrecta detectada por el supervisor es "la comercialización del producto sin haberse recabado información sobre los inversores para poder valorar que el producto respondía a su experiencia o perfil inversor". La segunda es que no se ha acreditado la entrega al reclamante de la documentación con las características y los riesgos del producto.

El problema de las reclamaciones está en las pruebas. Las explicaciones verbales, en la mayoría de los casos, no serán válidas. El cliente o inversor deberá aferrarse a los documentos para conseguir que su reclamación sea efectiva. Desde la entrada en vigor de la Mifid, los filtros que han de pasar los ahorradores antes de contratar determinados productos financieros, entre ellos las preferentes, son muy numerosos. El hecho de que haya alguna irregularidad en uno de ellos abre la puerta a que la CNMV dé la razón al inversor.

Los compradores

La CNMV reconoce que ha habido casos de venta inapropiada, pero ¿fueron la mayoría? "Una parte de esas preferentes, está claro, se vendió de manera totalmente inadecuada, y los clientes tienen y deben reclamar porque tienen razón. Pero otra parte no solo no fue engañada, sino que exigía la mayor rentabilidad posible", afirma Luis Benguerel, de Interbrokers. "Algunas entidades llegaron a plantearse lanzar las preferentes, sin necesitarlas para reforzar sus balances, por el mero hecho de retener a la clientela", afirman fuentes financieras.

El memorándum de entendimiento (MoU) -el pliego de condiciones que España firmó el pasado 20 de julio para poder recibir los hasta 100.000 millones de euros con los que tapar los agujeros del sector financiero- especifica que el Banco de España, la Comisión Europea y la Autoridad Bancaria Europea (ABE) "monitorizarán cualquier conversión de híbridos o deuda subordinada en deuda sénior o capital". Y advierte que los inversores en preferentes tendrán que contribuir al saneamiento de la entidad.

Es más, BFA-Bankia centra ahora sus esfuerzos en negociar con la Comisión Europea el canje de sus preferentes por deuda sénior, pero no es descartable que Bruselas las obligue a transformarlas en un instrumento que compute como capital: acciones o bonos necesariamente convertibles. El MoU especifica que España deberá concretar a finales de agosto la normativa que obligue a los dueños de preferentes de entidades con respaldo público a asumir pérdidas.