TRIBUNA

Auditores y revisión del sector financiero

El Banco de España ha adjudicado a cuatro grandes firmas auditoras la supervisión de las dotaciones de los créditos del sector inmobiliario, que deben llevar a cabo las entidades financieras como consecuencia de las recientes reformas del sector financiero. A este respecto, me gustaría realizar algunos comentarios. En primer lugar, mostrar mi perplejidad con la concurrencia de agentes y órganos implicados de una parte, el Banco de España, los propios auditores estatutarios, el Banco Central Europeo, asesores internacionales y ahora también otros auditores, para llevar a cabo controles específicos sobre las dotaciones.

Desde inicios de la crisis, todos los profesionales hemos sido testigos de las estrategias y artimañas utilizadas por la banca para camuflar o disimular las insolvencias de los créditos del sector promotor, prácticas que, según parece, han pasado desapercibidas por los órganos reguladores.

Con tan prolífica relación de actores, ¿quién asumirá la responsabilidad? ¿Seguiremos como hasta la fecha, sin que nadie asuma responsabilidades? Si en el pasado han fallado los mecanismos de control, no creo que sea la solución duplicarlos o incrementarlos, más bien debería procurarse su reformulación para mejorar su eficacia, pero no incrementarlos y duplicarlos.

En segundo lugar, ¿qué pasará cuando alguna de las firmas de auditoría seleccionadas tenga que evaluar la cobrabilidad y solvencia de préstamos otorgados a empresas promotoras y constructoras, que muy probablemente ellos mismos auditen, si tenemos en cuenta la cuota de mercado de auditoría que ostentan? Es más que probable, ¿será esta una incompatibilidad para realizar su actuación?

Me pregunto además cómo puede determinarse la cobrabilidad de los créditos al sector inmobiliario en un entorno tan sumamente deprimido, sin apenas operaciones y con restricciones tan fuertes en la concesión de créditos a los potenciales compradores. En muchas ocasiones, las pocas operaciones que consiguen acordar los promotores se frustran por la competencia de las propias entidades financieras, que les ponen todas las facilidades para concederles préstamos hipotecarios si compran viviendas de su propiedad, y por el contrario, todos los inconvenientes para concederles el préstamo si adquieren el inmueble directamente del promotor.

En este sentido, la concentración del stock de viviendas en un banco malo, como parece por las últimas noticias que va a imponer la Comisión Europea, podría ser un paso para dar iguales oportunidades a todos los agentes del mercado inmobiliario y solucionar la problemática comentada.

En otro orden de cosas, cada vez es más frecuente la inclusión por parte de las entidades financieras, en contratos de préstamo, de cláusulas restrictivas de la competencia, en las que se limita la elección del auditor por parte de la empresa a las referidas cuatro grandes firmas auditoras. Se da por sentado que estar auditado por una de las cuatro grandes es sinónimo de mayor calidad e independencia, atributos que no quedan acreditados por los hechos recientes.

Esta práctica también se observa en algunos concursos públicos convocados por organismos e instituciones públicos, tanto de la Administración central como autonómica, cuyas cláusulas para acreditar la solvencia de las firmas licitadoras solo pueden cumplir las grandes firmas, sin que en muchas ocasiones la magnitud del encargo lo justifique. Curiosamente, no hemos observado que apliquen dicha restricción grandes bancos internacionales.

En el contexto de la actual crisis, parece que se haya instalado una corriente que piensa que todo se resuelve con el tamaño de las empresas, cuando casos recientes, como el de Bankia o el de Banco de Valencia, nos demuestran que lo único que se consigue es elevar el riesgo sistémico de las empresas o entidades.

En este mismo sentido observamos en nuestra práctica diaria las dificultades de acceso al crédito que sufren las pymes y, consecuentemente, la destrucción de tejido industrial que ha llevado años en crearse. Si tenemos en cuenta que son esta tipología de empresas las que de forma más ágil y rápida pueden generar empleo, creo que debería ser un objetivo prioritario procurar que los recursos del rescate bancario hagan fluir la financiación a las pymes, pues son las que más drásticamente han visto reducida su capacidad para acceder al crédito, no ya para afrontar nuevos proyectos de inversión, sino para poder atender las necesidades de circulante que genera la actividad.

Josep Suades. Miembro de Grup20. Socio de Pleta Auditores