Negociar un rescate 'blando' en un escenario de máxima tensión
España cerrará las condiciones en medio de las dudas sobre la eficacia de las ayudas
El pulso mantenido entre Bruselas y Madrid para decidir cuándo se aceptaría oficialmente la necesidad de recurrir a un rescate europeo con el que sanear la banca, que concluyó el pasado sábado con resultado a favor de la UE, fue solo el primero. Desde entonces y hasta que la petición se haga oficial y por un monto concreto -que debería confirmarse la próxima semana, si bien se calcula ya que rondará los 60.000 millones de euros-, un nuevo pulso dirimirá cómo se aborda el rescate. O, más exactamente, por cuánto. Bajo los argumentos de que la intervención se circunscribe a la banca y de que las inminentes elecciones helenas han convertido la eurozona en un polvorín -con el bono español al filo del 7%-, España lucha por conseguir unas condiciones económicas que -salvando las distancias- igualen, o mejoren, las aplicadas en los rescates de Grecia, Irlanda y Portugal.
Grecia
Las contrapartidas que conlleva la concesión de un rescate comunitario han ido variando sustancialmente desde que Grecia abriera la veda a estas intervenciones el 23 de abril de 2010. El impacto de la crisis, el maquillaje de las cuentas públicas y una prima de riesgo en 585 puntos básicos (el bono a 10 años se pagaba al 8,92%) dejaron a Atenas al borde de la suspensión de pagos. Una situación inédita que llevó a la UE a aportar 80.000 millones y al Fondo Monetario Internacional a poner otros 30.000, con los que conceder un préstamo a desembolsar entre 2010 y 2012. De los 110.000 millones, 100.000 tenían por objeto refinanciar deuda y 10.000 (4,4% del PIB) apoyar a la banca. Aunque el crédito fue diseñado para ser devuelto en 2014, las obvias dificultades del país para hacer frente a este pago, con un interés cercano al 6%, obligaron a la UE a ampliar el periodo hasta 2017. La experiencia derivó en la creación de un fondo de rescate temporal (el FEEF) con una capacidad de financiación de unos 700.000 millones que, meses después, serviría para el segundo rescate que solicitó Grecia.
La carga para Atenas, Dublín y Lisboa se ha rebajado al empeorar la crisis soberana
Irlanda y Portugal
Para el 21 de noviembre de 2010, el estallido de la burbuja inmobiliaria irlandesa, profundamente ligada a su banca, llevó a Dublín a solicitar el rescate, con la prima de riesgo del país a 562 puntos básicos (el bono estaba al 8,32%). La UE y el FMI acordaron respaldar a Irlanda durante tres años con una ayuda de 85.000 millones, de los que el sistema financiero debía recibir 35.000 (el 22% del PIB). La factura no tardó en elevarse a 50.000 millones.
La siguiente ficha del dominó fue Portugal. El 6 de abril de 2011, con la prima de riesgo en 556 puntos (el bono al 8,96%) y unas necesidades de financiación de 130.000 millones para los próximos tres años, Lisboa solicitó la intervención europea. Esta se tradujo en un préstamo de 78.000 millones, de los que 12.000 se destinaron a recapitalizar las entidades financieras. Tanto en el caso luso como en el irlandés, explica Sara Baliña, de Analistas Financieros Internacionales (AFI), el FEEF ya estaba constituido y el interés lo marcaron sus emisiones en el mercado, algo por encima del 3% y a un plazo de devolución de entre 9 y 11 años.
Para el verano de 2011 se hizo patente la necesidad de un segundo rescate para Grecia (con la prima en 1.465 puntos y el bono al 17,41%). Un hito que evidenció el fracaso del anterior modelo de salvavidas comunitario. Así, el periodo para la devolución de la ayuda a Grecia se amplió de siete a 15 años (con un tope de 30), el tipo de interés se redujo al entorno del 3,5%, flexibilizándose también las obligaciones firmadas por Irlanda y Portugal. Solo en el caso griego se concedió también un periodo de carencia de 10 años. Los acreedores privados, a su vez, fueron involucrados con una quita del 53,5%. Bajo este nuevo marco, la UE lanzó otro plan de ayudas a Grecia, por 130.000 millones, de los que 48.800 (23% del PIB) irían a la banca.
España
España, por su tamaño, hace inviable un rescate-país, a pesar de que la presión del mercado sobre la deuda soberana conduce a ello de forma inquietante. Por eso, Bruselas ha puesto en marcha un nuevo modelo de intervención que, aunque circula a través del Estado (es gestionado por el FROB), se dirige al sector financiero. Frente a otros rescates, los recursos se concentrarán en la banca, no en ayudar al Estado con sus vencimientos de deuda, a lo que suma una diferencia más. Es el hecho de no conocerse aún quién concede el préstamo: si el FEEF, que financia los rescates de Grecia, Irlanda y Portugal, o el MEDE -con prioridad de cobro frente a los acreedores del Tesoro-, que debía entrar en vigor en julio y aún no cuenta con las ratificaciones exigidas.
El coste del rescate lo marcarán las condiciones en que se financie el instrumento en cuestión. La referencia más reciente es la emisión esta semana del FEEF de deuda a 25 años a un interés del 3,375%. Sumados los gastos de gestión, España afrontaría un coste cercano al 3,9% por el rescate, que dependería en todo caso del plazo, previsiblemente a 15 años.
Una de las batallas principales de la negociación será lograr un periodo de carencia, de 5 o 10 años, para diferir el impacto del crédito en el déficit en plena carrera por reducirlo. Otro frente será el de los plazos de cobro. Si los rescates normales conceden en inyecciones trimestrales diferidas en varios años -para ir comprobando el cumplimiento de las exigencias macroeconómicas o cerrar el grifo- este, que busca recapitalizar la banca, podría resolverse en menos tiempo para sanear el sector cuanto antes.
Las cifras
6% fue el tipo de interés aproximado al que se concedió el primer rescate para Grecia.3% es, aproximadamente, el coste al que se establecieron los créditos para Irlanda y Portugal.3,9% es la referencia más reciente para el interés del rescate a la banca española, el tipo de la última emisión del FEEF más los gastos de gestión.