El sector financiero, recuperando la confianza
Los bancos mantienen una histórica función: actuar de intermediarios financieros entre ofertantes y demandantes de fondos. Por un lado, tienen la capacidad de recibir y estimular el ahorro de una sociedad y, por otro, distribuirlo entre los agentes económicos: ciudadanos, empresas y Estado, que lo necesitan para llevar a cabo sus actividades de consumo e inversión.
Los bancos, como intermediadores financieros, adquieren altas responsabilidades, pues son los encargados de realizar la asignación y distribución de la manera más eficiente del crédito en todas sus modalidades, así como proteger los depósitos de los ahorradores también en todas sus modalidades. En este proceso de intermediación, financian a los agentes económicos y generalmente se apoyan en un apalancamiento financiero que en ocasiones resulta ser excesivo y contraproducente, como bien se está demostrando durante la crisis actual. La naturaleza de esta operación crediticia, para nada se encuentra exenta de riesgos, sino todo lo contrario, pues implica transformar los ahorros en activos, de tal manera que enfrentan diferentes riesgos simultáneamente.
Afrontan lo que se conoce como riesgo crediticio (que no se recupere parcial o totalmente el crédito concedido en sus diferentes modalidades), riesgo de liquidez (vinculado a las diferencias de vencimientos entre los pasivos y los activos), riesgo de tasas de interés (como consecuencia de las políticas monetarias) y otros que surgen del mercado (relacionados con la fluctuación de precios fundamentales como el tipo de cambio). La combinación de todos estos riesgos, imprime una fragilidad inherente a la actividad bancaria, que se ve exacerbada como sucede actualmente por desequilibrios macroeconómicos globales.
Si la buena salud de los bancos se resiente, la función que realizan como intermediarios financieros igualmente lo hace y por tanto, se resiente todo el funcionamiento de la economía. Esto es precisamente lo que nos acontece desde el estallido de la crisis financiera de la subprime en EE UU, que además, ha provocado una preocupante y amplísima pérdida de confianza en el sector bancario, la cual es imprescindible restablecerla lo más aceleradamente posible, pues sin ella, su función como intermediarios financieros se encuentra notablemente afectada y por tanto, la propia economía productiva o real se ve simétricamente perjudicada, tal como se esta comprobando y de manera singular en las pequeñas y medianas empresas, por su alta dependencia del crédito bancario. La banca española, que se encuentra intensa e íntimamente relacionada con el sector productivo, estaba considerada una de las más seguras del mundo: de acero, dada la salud de sus balances. Sin embargo, desde el inicio de la crisis, aunque no todas las entidades, se ha vuelto extremadamente vulnerable: de plástico. ¿Por qué? Fundamentalmente por la asignación ineficiente de créditos sobredimensionados al sector inmobiliario. A finales de 2007 en el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el crédito al promotor y constructor llego a equivaler el 43,4% del PIB y el crédito a comprador se situaba en el 60%. A partir de este momento, comienza la restricción crediticia y con ella la espiral de la morosidad en todo el sector inmobiliario, que se ha situado en 100.000 millones de euros lo que supone un 9% del PIB (31-12-2011).
Esta crítica situación que deben soportar los balances bancarios y que exigen un saneamiento radical, hacen que las provisiones que les son exigidas tras las sucesivas reformas del sistema financiero español por los reales decretos-leyes de febrero, 2/2012, y mayo, 18/2012, les resten capacidad de intermediación financiera hacia la economía real, lo cual provoca el decaimiento a niveles no conocidos del sistema productivo, que al no contar con el crédito necesario para su normal funcionamiento decae en su actividad y se hunde hasta niveles no conocidos y con ello, alimenta la imparable destrucción de empleo que se sitúa en el 24% y una economía doméstica que tampoco detiene su deterioro desde el inicio de la crisis que llega hasta el 16%, más otro 7% estimado entre 2012 y 2013, lo que supone según el FMI una contracción del PIB del 4,1 % en 2012 y del 1,6 % para 2013.
De esta manera, nos encontramos en un escenario peculiar, complejo y destructivo, que insistimos, pasa por devolver la buena salud al sistema bancario como condición esencial para restablecer su función de intermediación financiera hacia los agentes económicos: ciudadanos (familias), empresas (pymes en particular) y Estado, de tal manera que el ciclo del crecimiento económico se restablezca.
Por consiguiente, se preguntaba la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, en su discurso ante el Diálogo Anual de Líderes (Nueva York, 8-6-2012): ¿cuál es nuestro objetivo final en cuanto al sistema financiero y bancario? Es crear un sistema que esté al servicio del crecimiento, pero no un sistema descontrolado. Un sistema que reúna a prestatarios y prestamistas de una manera segura, no peligrosa y que a la vez sea eficiente y transparente. Un sistema en el que -desde luego- haya rentabilidad, pero no a expensas de la estabilidad. Tras cinco años de crisis, ¿cuánto nos hemos acercado a nuestro objetivo? Lo lamento, pero he de ser franca: aún estamos muy lejos, Así que, con el rescate aprobado por el Eurogrupo o el préstamo en condiciones muy ventajosas -en palabras del ministro Luis de Guindos- de 100.000 millones de euros, los objetivos de saneamiento de los bancos españoles afectados por la crisis, definitivamente entren en vías de solución y con ello la economía real y sus empresas. Que por cierto, también habrán aprendido y sacado ya sus propias conclusiones, de lo que implica su dependencia financiera de las entidades, determinantes para su viabilidad.
Ramón Casilda Béjar. Economista y experto en banca