Bruselas plantea que la ayuda al sector no pase por el contribuyente
Propone la creación de un fondo con aportaciones de las entidades financieras para hacer frente a posibles quiebras.
Bruselas presentó ayer la propuesta para crear fondos de resolución nacionales para hacer frente a eventuales quiebras de bancos con las contribuciones de las propias entidades.
El objetivo es, según señaló el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, "evitar en el futuro situaciones similares" a las acontecidas durante esta crisis, en referencia a las quiebras de Lehman Brothers y Bear Stearns en EE UU; Northern Rock en Reino Unido; el francobelga Dexia o el reciente rescate de Bankia.
El coste de los rescates o reestructuraciones ha supuesto ya una factura de dinero público para los gobiernos europeos entre 2008 y 2011 de 4,5 billones de euros, una cifra equivalente al 37% del PIB comunitario.
De momento, no se ha podido constituir un fondo europeo, pero se ha planteado el embrión para ello.
Los fondos nacionales funcionarán a partir de 2015 y podrán prestarse mutuamente, sobre todo en crisis transfronterizas.
Se financiarán mediante las aportaciones de los bancos para reunir el equivalente a un 1% de los depósitos bancarios cubiertos durante 10 diez años. Según la propuesta, los fondos se emplearán exclusivamente para apoyar la reorganización y resolución ordenada de los bancos y nunca para un rescate.
Los sistemas de garantías de depósitos aportarán recursos para proteger los ahorros y los países podrán decidir si los fusionan con los fondos de resolución nacionales.
Para que sean los accionistas y acreedores quienes paguen la factura, existirá la reestructuración o el rescate interno, denominada bail-in, que prevé una recapitalización mediante la cancelación o la dilución de las participaciones y quitas de la deuda en mano de acreedores o la conversión de la deuda en acciones.
Las entidades financieras tendrán que destinar un porcentaje mínimo de su pasivo y se procederá a las quitas sobre los pasivos con una "jerarquía" preestablecida, empezando por las acciones, luego la deuda subordinada y por último sobre deuda sénior.
Esta medida no afectará a los depósitos protegidos ni los activos de los clientes y no entrará en vigor hasta 2018.
